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Eliminar los intereses sobre las cesantías no reduciría el desempleo

El propósito del auxilio de cesantía –reconocido en Colombia desde 1945– es que el trabajador cuente con unos recursos económicos cuando cese su relación laboral, y así tenga un ahorro para cubrir las necesidades generadas por la situación de desempleo; sin embargo la ley permite que se utilicen, bajo ciertas condiciones, para gastos de educación y vivienda. Su valor corresponde a un mes de salario por cada año trabajado y proporcional por fracción, según lo indica el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, para el sector privado, y la Ley 6 de 1945 para el sector público.
 

La Ley 50 de 1990 incorporó la figura de las administradoras de fondos de cesantías (AFC) privadas, las cuales reciben anualmente los recursos provistos por los empleadores para tal propósito, y son elegidas por los trabajadores. Antes solo existía el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), de orden estatal y creado en 1968 para gestionar dichos recursos.
 

Puedes leer: Nueva declaración de renta, duro golpe a los trabajadores.


Así, el empleador le paga al trabajador los intereses de cesantías, correspondientes al 12 % anual o proporcionales por fracción, sobre el saldo acumulado de cesantías a las siguientes fechas, según corresponda: a 31 de diciembre de cada año, o cuando se termina el contrato de trabajo. Estos intereses se deben cancelar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a aquel de su causación, para el primer caso, y durante el mes siguiente a la liquidación de las cesantías, en la segunda situación.

Estos intereses son diferentes a los rendimientos financieros sobre las cesantías depositadas en la cuenta administrada por la AFC, pues dependen de variables relativas a la gestión de la AFC –por la cual cobra una comisión– y las particularidades del mercado de capitales, por lo que su monto es variable y anexo a la estabilidad (o inestabilidad) económica. El FNA no cobra comisión por administración y retiro de las cesantías.
 

Un ataque a los empleados


La cesantía está concebida como una prestación social que tiene una relación directa con principios y derechos protegidos constitucionalmente. En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha resaltado su orientación social, pues contribuye a enfrentar las cargas económicas de los asalariados ante el cese de su actividad laboral y, en el caso del pago parcial de cesantías, a satisfacer necesidades de capacitación y vivienda del trabajador y su familia. Según la Sentencia T-661 de 1997 esta es una obligación con vocación solidaria.
 

Además: Tres días sin IVA, una medida excluyente.


En la Sentencia C-486 de 2016, la Corte indica que las cesantías son un ahorro forzado para alivianar las consecuencias de los periodos de inestabilidad o de imposibilidad de acceso a un puesto de trabajo y, al formar parte del contenido prestacional del derecho al trabajo, opera respecto a ella la exigencia de progresividad y la prohibición de retroceso.
 

Los intereses de cesantía responden al hecho de que “[...] el auxilio de cesantía ha sido concebido como un patrimonio que se forja día a día por el asalariado y que permanece en poder de los empleadores mientras subsiste el contrato de trabajo [...] Esta figura [los intereses] tiene como finalidad compensar la pérdida de valor del dinero por el tiempo transcurrido entre la causación de la prestación y su cancelación al trabajador y se pagan directamente al mismo” (Sentencia SU 448 de 1996). Eso quiere decir que las cesantías evitan que se comprometan recursos requeridos para el mínimo vital del trabajador.

Cabe recordar que, según información de la Superintendencia Financiera [1], a noviembre de 2019 los fondos de cesantías manejados por las administradoras privadas lograron un valor superior a los 12 billones de pesos en portafolios de largo plazo y de 380.000 millones de pesos en portafolios de corto plazo. En 2019 los afiliados a las agencias privadas sumaron 8.036.936 [2]. Por su parte, en 2018 el Fondo Nacional del Ahorro contaba con 1.644.111 afiliados en cesantías [3].
 

Puedes ver:Inestabilidad y alta rotación, los problemas del empleo en Colombia


A mediados de enero, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) propuso eliminar los intereses a las cesantías como medida para reducir el desempleo, propuesta que fue rechazada por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), por considerarla inviable en Colombia, y requirió la participación de los trabajadores en este tipo de decisiones.


[1] www.superfinanciera.gov.co/jsp/9124

[2] www.rankia.co/blog/pensiones-iss-cesantias/3484188-cual-mejor-fondo-cesantias-para-2020

[3] www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/56-porciento-de-afiliados-por-cesantias-del-fna-las-usan-para-vivienda

También refutaron la iniciativa organismos como la Asociación Bancaria (Asobancaria), cuyo presidente, Santiago Castro, señaló que la mejor forma de combatir el desempleo es dinamizar los sectores productivos con alto uso de mano de obra y mejorar el crecimiento económico, mientras el Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo) –a través de su director Luis Fernando Mejía– indicó en los medios que dichos intereses forman parte del salario de los empleados formales y no son un costo sustancial frente al resto de costos no salariales.
 

El sector financiero maneja inmensos recursos vinculados a las cesantías de los trabajadores formalizados a través de contratos de trabajo o como servidores públicos y, como se ha ilustrado, las cesantías y sus intereses cumplen una importante función relacionada con valores constitucionales como la justicia y la armonía en las relaciones laborales, y también con principios del mismo rango normativo como la remuneración justa, móvil y vital.
 

Esta propuesta contradiría además principios como la progresividad y prohibición de regresividad en el alcance protector de los derechos sociales, contemplados en la normatividad internacional de derechos humanos y sociales, por cuanto no es posible para los Estados reducir la protección ya acordada, sino según parámetros muy exigentes de justificación constitucional.

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