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El uso de la fuerza en medio del estado de emergencia

En Colombia, el estado de excepción fue asumido en el decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que culminó el 15 de abril y, según la evolución de la situación se evaluará la posibilidad de alargarlo1.
 

Una de las medidas asumidas por el Gobierno en medio de la emergencia ha sido el confinamiento de carácter obligatorio, vigilado y controlado por miembros de la Policía y del Ejército Nacional; un escenario que ha propiciado diversas emociones incluidas el temor y la angustia de ciudadanos que, sin contar con la capacidad para sobrellevar la cuarentena de forma digna han decidido salir a protestar para exigir mejores condiciones, quienes en ocasiones han sido violentados de diversas maneras por la fuerza pública.
 

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Ante el impacto y el riesgo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió el 17 de abril un comunicado frente al uso excesivo de la fuerza en las medidas de seguridad ante el COVID-19.
 

En dicho comunicado, los expertos en derechos humanos de la ONU consideraron que las personas vulnerables que se ven afectadas de manera desproporcionada por el virus no deberían ser victimizadas de nuevo a causa del estado de emergencia, recordando y reconociendo que incluso en estas situaciones excepcionales el uso de la fuerza debe mantener los criterios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y precaución.
 

También hicieron un llamado a no usar la fuerza, y a evitar los daños que puedan acarrear la muerte de alguna persona, y más de aquellos vulnerables por sus situaciones de pobreza. Llama la atención que se refieren a personas vulnerables, pero no se aluda a la desigualdad: la primera sitúa el riesgo que puede tener una persona, pero no enuncia la causa estructural de dicho riesgo que se basa en una estructura desigual. Dicho modelo reproduce y hace perdurable la acumulación a unos pocos y el empobrecimiento que se evidencia en la concentración de la riqueza en manos de un pequeño porcentaje de personas.
 

Excesos de control


Las políticas de los Estados dan un respaldo a la idea que este debe fortalecerse durante el tiempo de pandemia; por esto, la excepcionalidad puede verse como una herramienta para fortalecer el aparato estatal. Si bien esto es necesario, no es igual a fomentar el uso de la fuerza y el control, o basar el robustecimiento del Estado en el endurecimiento de la intervención policiva.
 

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El filósofo surcoreano Byung-Chul Han considera que las medidas locales de soberanía en la excepcionalidad no son suficientes para dar respuesta a la situación. Agrega que, la manera más efectiva para aplacar el virus se da por el control de la vida de los sujetos a partir de algoritmos computables como se ha hecho en China y Japón, lo que implicaría una ruptura del mundo privado y un repliegue del ciudadano al orden estatal como forma de subsistencia.
 

A su vez, el filósofo francés Alain Badiou destaca que, a pesar de la globalidad del fenómeno, son los Estados Nacionales quienes asumen las decisiones para frenar el virus y que en casos excepcionales los Estados toman medidas restrictivas para controlar al enemigo que en este caso es el Covid-19. Incluso sugiere que el mundo está en guerra (contra la pandemia) y que en medio de este estado guerrerista las políticas más autoritarias parecen necesarias. Sin embargo, para Badiou el imperativo “quedarse en casa” debería acompañarse de propuestas para quienes no tienen casa o no pueden quedarse en ella.
 

Lo que expresan estos y otros autores, es la preocupación a los excesos de control en medio de la excepcionalidad generada por el coronavirus. Este escenario se torna propicio para el abuso del poder y de la fuerza tanto como para violaciones a los derechos humanos.
 

Ejemplos de esto se han visto a lo largo del país: la ONG Temblores por medio de su plataforma grita ha registrado 22 casos de violencia policial durante la cuarentena, incluidos tres casos de violencia de género, además de al menos un caso de violencia sexual contra una mujer.
 

El pasado 15 de abril en la localidad bogotana Ciudad Bolívar, según relata la Fundación Paz y Reconciliación, se presentaron protestas por la falta de alimentos que terminaron en represión con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que afectó a ancianos y niños entre otras personas. Ante esto, la Alcaldía Mayor de Bogotá comunicó que esto se hizo para impedir un robo, el uso desmedido de la fuerza afectó a personas de la comunidad y a poblaciones que no tenían que ver con esto.
 

Lo complejo del control violento a las protestas es que se remonta a una mirada criminalizante, enraizada en las clases políticas dirigentes de diversos países, incluidos aquellos en Latinoamérica que vivieron una oleada de protestas durante parte del 2019 como Chile y Colombia. Con esta perspectiva, se estigmatiza a quienes protestan como delincuentes, validando el abuso de la fuerza que dejó como resultado cientos de heridos e incluso muertos en el marco de las movilizaciones sociales recientes. 
 

Por otro lado, las zonas rurales han sufrido con una complejidad particular la escalada de la violencia policial en sus territorios. En medio de la cuarentena, el Gobierno intensificó la erradicación forzada de cultivos desde el 25 de marzo en Putumayo, Caquetá, Córdoba, Nariño, Chocó y en el Catatumbo en Norte de Santander. Esta incursión de grupos de más 100 personas, además de poner en riesgo la salud de las comunidades ante posibles contagios, retira las formas de sustento de manera arbitraria y pone en peligro la seguridad alimentaria de las comunidades.
 

En medio de protestas de la comunidad fue asesinado Alejandro Carvajal en el Catatumbo, Marco Rivadeneira en Putumayo,  y en el Caquetá, miembros del ejército dispararon en contra de campesinos, mientras que en el Chocó se hizo la fumigación por medio de helicópteros.
 

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Sin embargo, la preocupación no es solo por Colombia sino por los abusos que se han dado a lo largo del continente y del mundo. En El Salvador, se han denunciado más de 300 casos de abusos policiales y en Venezuela más de 50; otros países donde se presentaron denuncias fueron Argentina, Chile y Perú.
 

Violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena


Es contradictorio que la ONU haga un llamado a respetar la vida y dignidad de los seres humanos y no violentarlos, sin cuestionar el sistema generador de las desigualdades que aumentan la vulnerabilidad. Abogar por la dignidad sin impulsar un cambio lleva a soluciones temporales y superficiales que no dan respuesta a la problemática de fondo.

Este mismo sistema señala y criminaliza a quienes protestan y no tienen la capacidad para sobrellevar la crisis, imponiéndoles una serie de medidas restrictivas a sus derechos sin garantizar condiciones dignas para todos y todas en medio del estado de excepción. Sumado a esto, en algunos casos, los estados garantes de derechos son quienes agravan la situación al estigmatizar, perseguir y violentar a aquellos que pueden encontrarse en las calles por necesidad o por obligación.
 

Obligar a una persona o a una familia a permanecer en su casa así no cuente con los medios para sobrellevar la cuarentena, sin garantizar mínimos vitales es atroz, como también lo es romper la proporcionalidad de la fuerza enviando ejércitos y policías a violentar personas con hambre. En otras palabras, dar prelación al orden y control antes que al bienestar y vida digna de las personas muestra el gran vuelco ético que ha tenido nuestra sociedad.
 

En la historia, los estados de excepción -por guerras, crisis económicas, alteraciones al orden interno, entre otros- han permitido que se replanteen las formas en que la sociedad se organiza. La emergencia por el COVID-19 seguramente servirá de referencia para apreciar más a quienes tenemos cerca, para valorar los recursos naturales que nos dan sustento, a ser más empáticos y solidarios, entre otras cosas, ya que las crisis pueden ser oportunidades para que se gesten cambios.
 

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El fin primero de todo Estado debe ser garantizar la vida digna para cualquier persona que se encuentre en su territorio; esto debería motivar a velar por una autoridad firme, pero con límites e incluso, con dicho foco se puede pensar por qué se ha naturalizado la desigualdad y estigmatizado a aquellos que la denuncian, para a partir de allí, provocar un cambio en las formas de Gobierno hacia el bienestar humano pleno.
 

No se puede olvidar que los derechos humanos son principios éticos inamovibles que deberían dirigir el curso de las acciones, incluso en momentos extraordinarios y excepcionales como el que vivimos ahora. La vida y la dignidad tienen que ser la finalidad de cualquier intervención y por lo mismo, el uso de la fuerza debe limitarse y sobre todo guardar la proporcionalidad.

 


1 Según la Constitución Política Nacional de 1991, en el Título 6 del Capítulo VII enuncia las condiciones de los estados de excepción: en el artículo 215 se faculta al presidente para decretar el estado de emergencia por un margen de 30 días que pueden llegar a ser 90 durante un año.

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