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El Salvador: estado de excepción deja desprotegidos a sus ciudadanos

Los numerosos homicidios –alrededor de 80 desde el pasado viernes– registrados a manos de pandillas fueron el detonante del régimen de excepción que comenzará a regir después de que el presidente Nayib Bukele firme el decreto aprobado en el Congreso y se publique en el Diario Oficial.

 

Dicho mecanismo fue aprobado con 67 de 84 votos de diputados, durante una sesión extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa.

 

Según el decreto, el régimen de excepción implica suspender los derechos tanto de libertad de asociación como de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia, en el sentido intervenir las telecomunicaciones.

 

El abogado Eduardo Escobar Castillo, director ejecutivo de Acción Ciudadana El Salvador, afirmó hoy en la franja internacional de Análisis UNAL, programa de Radio UNAL (98.5 FM), que “elEjecutivo no agotó las alternativas para el combate a la criminalidad antes de ejecutar un régimen de excepción, el cual es una medida que afecta los derechos de la ciudadanía”.

 

“Por ejemplo, una persona detenida puede pasar hasta 15 días sin saber cuál es la imputación, sin conocer cuáles son sus derechos, no puede recibir asistencia legal, porque todo eso se suspende”.

Para el abogado, “la adopción de la medida se podría prestar para abusos por parte de las autoridades, como por ejemplo las detenciones que se hicieron durante la emergencia del COVID-19 en 2020”.

 

Recordó además que la crisis que hoy afronta el país es una herencia de la guerra civil ocurrida entre 1980 y 1992 y que produjo un Acuerdo de Paz. Este creó el marco para una sociedad más abierta y democrática. También redefinió el mandato de las fuerzas armadas, que habían dominado el ámbito político durante décadas, limitando su función a la defensa nacional y negándoles su función en la política o la seguridad interna. 

 

Desde entonces, grupos criminales –como la Mara Salvatrucha– llevan resistiendo los planes de seguridad del país desde su surgimiento, y no es la primera vez que un Gobierno intenta combatirlas con detenciones masivas. 


Según el abogado Escobar, la adopción del régimen de excepción deja al descubierto que el Plan Control Territorial no está funcionando.

Con respecto a los asesinatos, el experto señaló que “no hubo un patrón en el asesinato de las personas este fin de semana, fueron ciudadanos de a pie, pequeños comerciantes, venganzas entre bandas delincuenciales”.

El abogado mencionó además que el recrudecimiento de la violencia es un de los principales factores por los que los salvadoreños deciden migrar, lo cual afecta el desarrollo del país, y no solo desde lo económico.

 

“No se puede seguir aceptando el discurso oficial que señala que El Salvador es un país que ofrece las condiciones necesarias para vivir, porque no es cierto: hay desempleo, inseguridad ciudadana y una profunda regresión democrática, por lo que el panorama es desalentador”, afirmó.

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