La profesora Carmenza Castiblanco, de la línea de investigación en Economía y Ambiente del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), destaca que “con el extractivismo se remueven grandes volúmenes de recursos a gran escala y con alta intensidad, de los cuales el 50 % o más está destinado a la exportación como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”.
Este sector extractivo –en especial el petrolero y minero– tiene grandes beneficios tributarios, a costa de desfinanciar sectores vitales para el país como la industria y la agricultura.
Uno de los beneficios que obtiene el Estado por el extractivismo es la renta minera, concepto que el profesor Álvaro Pardo, economista de la UNAL, define como “todos aquellos ingresos que le corresponden al Estado por concepto de la explotación de los recursos naturales no renovables como el petróleo y los hidrocarburos en general. Es la suma de los impuestos que pagan las empresas, más las regalías y los dividendos”.
Por un concepto de 2005 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las compañías mineras y petroleras deducen las regalías de los impuestos. Para el profesor especialista en Derecho Minero y Energético, y en Derecho Constitucional, esta es una apuesta errada: “es absolutamente grave, pues lo que se paga por un lado lo recuperan por otro, de manera que lo que recibe la nación por la explotación de sus recursos es prácticamente nada”.
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