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El cambio climático y la desigualdad que representa

Las muertes por inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales son eventos cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

 

En agosto de 2021 se publicó un informe intergubernamental de expertos sobre dicho fenómeno, el cual analiza más de 14.000 artículos científicos relacionados que señalan que el cambio climático es generalizado; que va rápido; que se está intensificando la temperatura, la cual puede aumentar más de lo previsto (más de 1,5 °C); que el nivel del mar continuará aumentando; y que el metano es cada vez más protagonista en el calentamiento global y su impacto por regiones.

 

En charla con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el especialista en Derecho Ambiental Mauricio Madrigal –director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes– habló sobre la Cop26, la versión más reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la migración climática, la justicia climática y el Acuerdo de Escazú.

 

Uno de los temas en que hizo mayor énfasis fue la migración climática, pues una población tuvo que salir de sus hogares y dejar su territorio por el impacto que ha tenido el cambio climático en sus vidas. Estos migrantes no tienen derecho a la protección internacional, y según el Banco Mundial se prevé que a 2050 se generen 143 millones de migrantes climáticos en América Latina, África y en el Sudeste Asiático.

 

Pese a que el tema no tiene relevancia integral ni desde los derechos humanos, el profesor considera que “es clave partir del hecho de que el cambio climático es un tema de derechos humanos y de justicia”.

 

Explica además que “solo en Colombia no tenemos leyes que los cubren, no tenemos los derechos humanos, no se reconocen ni se mencionan pues en nuestro país no existe ese enfoque integrado en la gestión del cambio climático”.

 

“A los migrantes climáticos no se les valora ni se les atiende desde la gestión del riesgo y como damnificados, lo cual desfigura los esquemas de protección pues la responsabilidad del Estado para atender a estas personas se diluye: son damnificados y no víctimas”.

 

“Por ejemplo, en el caso del huracán Iota se deben tener en cuenta las relaciones bioculturales que existen en este territorio, cómo se fija un esquema de rendición de cuentas que permita una veeduría integral, cómo se arma todo un sistema de promoción de los derechos de estas personas según sus costumbres y creencias. Por eso este asunto va más allá del reconocimiento no como damnificados sino como víctimas de un fenómeno natural que se ha acelerado por nuestras acciones”.

 

“El Estado debe priorizar a las personas a su dignidad humana y a su mínimo vital para que puedan superar esta situación de manera digna, según sus costumbres, y que las instituciones puedan verificar y controlar esas inversiones. Todo está en el hilo de los derechos humanos”, concluye el especialista Madrigal.

 

Compromisos en la Cop26 y el Acuerdo de Escazú

 

Respecto a los compromisos que se hacen en la Cop26, el especialista señala que “el 99 % de estos son discursivos y políticos, no jurídicos vinculantes, ya que nada se ha reglamentado”.

 

“En la COP 2014 se prometió que a 2020 se bajaría el 40 o 30 % la deforestación y no pasó nada, antes aumentó. Entonces esos compromisos no tienen fuerza vinculante. Por eso estos compromisos se deben traer directamente al país, ponerlos en una ley que les permita a las instituciones hacerles monitoreo”.

 

Respecto al Acuerdo de Escazú –que espera la firma presidencial desde 2019–, el docente destaca que “aunque el acuerdo aportaría mucho, no valorarlo en el marco del país con más asesinatos, más muertes e intimidaciones a las personas defensoras del ambiente es una violencia estatal. No reconocer jurídicamente los derechos de estas personas y negarse a hacerlo es un tipo de violencia porque se está negando la relatividad e invisibiliza lo que está sucediendo”.

 

“Este Acuerdo sería una de las herramientas más importantes que tendríamos como sociedad colombiana y latinoamericana para monitorear y dar seguimiento a toda la gestión del cambio climático”, concluye el docente Madrigal.

 

Mira la entrevista completa aquí:

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