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Del embrujo minero-energético y el optimismo de la paz, al estallido social

En el primer periodo, las cifras de mejora en pobreza vía política social focalizada y programas de transferencias condicionadas –financiadas en gran parte con recursos del auge– se mostraban como el gran logro de comienzos de siglo. El 2014 sería el punto cumbre de este periodo en el que incluso la Selección de Fútbol de Colombia disfrutó de las mieles del boom petrolero con unos generosos patrocinios del otrora gigante del sector en el país, la multinacional Pacific Rubiales.
 

El ministro de Hacienda en este periodo, Mauricio Cárdenas, se ufanaba de que la ola amarilla que copó los estadios brasileños en el Mundial de 2014 era fruto de una clase media que se iba consolidando en el país. Colombia llegó a ser nombrado entre un grupo de nuevos tigres económicos o mercados emergentes denominados los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), en lo que para muchos serían el bloque que se sumaba al éxito de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).
 

Sin embargo, en medio de esta ola de optimismo los problemas profundos del país en materia de empleo, empleo juvenil y distribución pasaron a un segundo plano y el énfasis de los diferentes sectores sociales en la consolidación de la paz pusieron en pausa urgentes temas socioeconómicos pendientes en la agenda del país.
 

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El segundo periodo de esta década se caracteriza por la caída de los precios de las materias primas desde 2014, junto con un proceso de paz accidentado con una buena parte de los acuerdos incumplidos en el marco de un Gobierno que se eligió con una bandera abiertamente contraria a la firma de dichos acuerdos.
 

A diferencia del primer lustro de la década –2010-2015–, el segundo se caracterizó por un crecimiento económico más lento, que termina con la profunda crisis del COVID-19 en 2020 y un gran estallido social en noviembre de 2019 que quedó aplazado por la pandemia hasta este año en el que se vio el paro nacional más grande que jamás haya visto el país.
 

Con este contexto en mente, y teniendo presente los dos periodos propuestos en los anteriores párrafos, es clara la existencia de un embrujo macroeconómico de un modelo jalonado por la exportación de materias primas en el primer lustro, seguido por un segundo periodo marcado por el fin de la ilusión de la robusta macroeconomía colombiana, en el que la deuda externa del país aumentó a una cifra superior al 50 % del PIB en 2020. En ese año la moneda se deprecia a niveles históricos y también aumenta la pobreza y el desempleo a causa de la pandemia en un ambiente económico de cambio estructural regresivo en el siglo XXI.
 

Curiosamente en este escenario, en el que muchas de las variables básicas de la economía en su conjunto se encuentran en niveles angustiantes, muchos economistas en la tradición de la macroeconomía trasnochada sacan pecho de la estabilidad macroeconómica del país, en el que un obsesivo control de la inflación y la constante confianza de los inversionistas financieros son los principales logros para mostrar.
 

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Estos mismos economistas son aquellos que, en medio de la peor crisis económica en muchos años, insisten en las recetas de austeridad, privatización y ajuste que han mostrado el fracaso para más del 90 % de la población en las últimas décadas.


Sin lugar a dudas una de las principales causas de los estallidos sociales en América Latina, incluido el caso colombiano, está en una política macroeconómica que ha favorecido a unos pocos conglomerados económicos. En términos de política monetaria, la política de inflación objetivo ha sido muy favorable para los grupos financieros y los inversionistas, pero no tanto para el resto de la población. Aun así hoy para muchos la preocupación sigue siendo la inflación cuando la mayor preocupación hoy tiene que ser el desempleo.
 

Hoy muchos de los “macroeconomistas de la séptima”, desde sus cómodas posiciones defienden el statu quo y critican cualquier programa de empleo público que se proponga o cualquier política monetaria no tradicional que no pase por los canales de los oligopolios financieros. La macroeconomía tradicional parece venir recargada para Colombia y la posibilidad de un nuevo ciclo tipo “Consenso de Washington 2.0” es una latente realidad que incluso un futuro gobierno alternativo tendrá que negociar ante las presiones de los acreedores internos y externos.
 

Así entonces, no es improbable que se entre en un círculo vicioso de estallidos-reforma-estallidos hasta que las deudas macroeconómicas no sean resueltas con un giro significativo, o al menos con la voluntad de cambiar progresivamente algunos elementos de la macro dominante salgan a flote.
 

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