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Datos sí, opiniones y teorías no: a propósito de las protestas

Lo primero es preguntarse si estas protestas que han generado violencia –sin que la mayoría de los manifestantes lo quisiera– son un fenómeno colombiano o si se trata de una situación mundial generalizada. La respuesta es que ninguna de las dos cosas es cierta. En definitiva, no es solo un tema colombiano derivado de nuestro singular y difícil pasado de problemas institucionales y violencia política, porque, como se sabe, situaciones similares se están dando en otras democracias del mundo de diferentes formas, como en los casos de Chile, Ecuador, Bolivia e incluso Francia y España (por no incluir las protestas en países no democráticos, que creo merecen una reflexión separada).

 

La mayoría de dichas democracias tienen factores comunes, siendo el principal de ellos la insuficiencia institucional para resolver desacuerdos, en medio de un desconocimiento de anteriores pactos diseñados para esas situaciones como los referendos y las propias elecciones. Pero también hay cuestiones que afectan a solo un grupo de ellas, como las latinoamericanas, que en general se debaten (incluyendo Argentina) en torno a las dificultades de darle forma a un Estado del bienestar tan largamente esperado, en un contexto de crisis del precio del petróleo y de los coletazos de la crisis de 2008.

 

Pero tampoco es una situación generalizada, ya que estamos hablando de solo unos cuantos ejemplos en dos continentes que suman decenas de democracias, y no de un claro efecto dominó como se ha dicho. Es evidente que, sin que se haya llegado a situaciones de protesta prolongada, en muchos otros países de esa enorme masa de naciones democráticas existen problemas serios, y que la explosión social enérgica puede surgir en otras partes en cualquier momento a ambos lados del Atlántico.

 

Lo segundo, si las necesidades que piden satisfacer los manifestantes son excesivas o imposibles de lograr, y a veces contradictorias, o si por el contrario reflejan una verdadera situación de injusticia en las democracias contemporáneas. En este caso ambos planteamientos son ciertos. La historia de la civilización ha sido siempre la crónica de la injusticia y la desigualdad, por más de que estemos orgullosos de lo que hemos construido en muchos aspectos culturalmente. Y ello es válido incluso sabiendo que los sistemas democráticos (y algunos no democráticos) han reducido en la actualidad ese antiguo drama de la humanidad a un porcentaje históricamente pequeño e impensable hasta para los más optimistas, lo que parecía matemáticamente inviable en un planeta de más de 7.000 millones de personas.

 

Sin embargo, es un hecho que la vida de muchísimos seres humanos, especialmente en América Latina, es de una cotidianidad insoportable por la escasez, que resulta absurda existiendo las condiciones tecnológicas para evitar esos padecimientos. En ese sentido las protestas, por lo menos en nuestros países, se basan en carencias reales, tanto económicas (laborales, pensionales y educativas), como institucionales (corrupción y falta de credibilidad en los elegidos).

 

También es cierto que en algunos aspectos esas reivindicaciones son excesivas porque lo que se pide a veces es, desde una óptica fiscal realista, imposible de lograr o institucionalmente no viable. Y lo son además por la incapacidad que tienen los Gobiernos de hoy en día de influir con sus políticas públicas en una realidad que, en el grado alto de globalización en el que estamos, obedece a las leyes del mercado y no a las del Estado. Agravada esta situación además por la corrupción que las democracias no han podido resolver en la mayoría de los países, se puede decir que el presidencialismo latinoamericano se ha convertido en una fórmula garantizada de fracaso, salvo en periodos de bonanzas, como la petrolera de hace unos años.

 

Aunque hoy suene impolíticamente correcto, también hay que decir que algunas de esas reivindicaciones a veces son contradictorias, especialmente aquellas que suponen al mismo tiempo exigencias medioambientales y el aumento de la capacidad de consumo de los ciudadanos, aunque no es un dilema de los que protestan sino de la humanidad en su conjunto.

 

Los manifestantes tienen razón en decirles a los Gobiernos que no les exijan complejidades mentales en torno a las políticas públicas, y que ellos solo quieren expresar su desacuerdo con la situación actual de las cosas. Pero también es cierto que cuando hay exigencias concretas en torno a unos temas, como es nuestro caso, va a ser imprescindible que unos expertos (más allá de los negociadores) digan si objetivamente esas aspiraciones son viables y no contradictorias, y sobre todo posibles en la brevedad de tiempo que usualmente las masas esperan que sean solucionadas sus grandes preocupaciones.

 

Desde este punto de vista, la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo revertir esa evidente incapacidad de los Gobiernos para resolver problemas cuando ya no existen modelos económico-políticos alternativos como hace 30 años, y cuando es evidente que los mercados financieros gobiernan más que los propios Gobiernos?

 

Se podría ser optimista diciendo que las marchas son la antesala de una nueva forma de democracia participativa. Pero objetivamente no se ve quién representa realmente a los marchantes en ninguno de los países mencionados. Todavía no está claro además de qué modo unas mesas de trabajo, con líderes elegidos por movimientos sociales y organizaciones sindicales, puedan convertir en leyes o normas constitucionales algo que de alguna manera requiere de largos procesos de debate en el Congreso y en las Cortes.

 

El tercer asunto es uno de los interrogantes más difíciles: ¿cómo hacer para llegar a acuerdos serios que eviten colapsos institucionales y para intentar abordar los más graves de esos problemas de la mejor manera posible, cuando las instituciones tan difícilmente diseñadas para lograr consensos, o sea los partidos y las elecciones, están en una de sus peores crisis de credibilidad y eficacia?

 

Lo que la gente me pregunta en verdad es quiénes creo que son realmente confiables: ¿los que proponen los cambios desde los partidos de oposición y desde los movimientos sociales? ¿los que ganaron las elecciones y prometen hacer hasta donde puedan desde las posiciones de poder? El hecho innegable aquí es que estos dos son los actores colectivos primordiales y que en esta compleja situación no se pueden de ninguna manera excluir, aunque en ambos grupos también existan personas y grupúsculos oportunistas y terribles, en sus propósitos, métodos y alianzas.

 

Pero lo más importante es señalar que por razones obvias el resto de los colombianos tampoco pueden ser invitados de piedra si no están en ninguno de esos dos grupos, como si estuvieran en una especie de nuevo Frente Nacional que cambiará sus vidas sin que puedan opinar nada.

 

La invitación por lo tanto en cierta forma deberá en todos los casos incluir a expertos que no han defendido al Gobierno y que tampoco forman parte de los que firmaron exigencias. Ellos además pueden llegar a ser los mediadores necesarios en unas contiendas verbales que a veces parecen no tener fin. Pero también tiene ese derecho el ciudadano del común, por lo que su opinión debe ser consultada de alguna manera, además de que, sea lo que sea que se acuerde, deberá existir algún tipo de refrendación de lo decidido, por lo menos por parte de las mismas mayorías que tienen derecho al voto.

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