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Crisis en Perú, más allá del vacío de poder

El nuevo presidente tiene mucho respaldo popular y del Congreso, por lo que es posible que en el tiempo que le queda de mandato su principal objetivo sea garantizar las elecciones democráticas, tratar de restablecer el Estado de derecho, constitucional y democrático, y tratar de ofrecerle al país alguna estabilidad sanitaria en medio de la pandemia por COVID-19.


Con este respaldo es posible que la historia de sus predecesores no se repita. Durante 2019 el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones, pues aunque ellos debían responder más a los intereses de la opinión pública y de la población en general, se centraron más en los intereses partidistas e individualistas. A esto se sumó el continuo enfrentamiento político entre los partidos que llegaron a controlarlo, y eventualmente destituir al presidente.


Las razones aludidas para la destitución de Vizcarra fueron presuntas acusaciones de corrupción y de inmoralidad política. Sin embargo, efectuar acusaciones no significa probar, y si se rige por la norma, habría que comenzar por el Congreso donde hay al menos 80 congresistas acusados de corrupción y que son objeto de investigación, y algunos incluso ya han sido sentenciados.


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El Congreso –perfilándose como un actor principal de la política nacional– decidió destituirlo a pesar de que al menos un 90 % de la población nacional en el Perú estaba en contra de esta decisión. Cuando esto sucedió, la misma población se manifestó en ciudades como Lima, Arequipa, Cuzco y Trujillo, entre otras.


Un apoyo parecido ocurrió en 2019 cuando se propuso el cierre del Congreso: la población peruana salió a las calles a pedir este cierre porque veían que no los representaba. Este es un problema bastante común en el Perú: que se elige a una persona o un grupo como el Congreso por acción popular, y estos actúan por su propia cuenta en busca de proteger sus propios intereses, individuales y de sus grupos políticos. Por tanto, la población considera que no los representa.


Muestra de ello es la destitución de Vizcarra: a pesar de que la población no estaba de acuerdo, el Congreso prosiguió con la acusación y su posterior destitución como presidente de Perú. El ente aseguró que el procedimiento había sido legal porque todo se ajustaba a la Constitución del Perú de 1993.
 

Cuestión de incapacidad moral


La falta que aludió el Congreso fue el proceso de vacancia o incapacidad moral, la cual, aunque no está definida en la Constitución, se ha usado varias veces en el país. Una en 1914, cuando se dio un golpe de Estado dirigido a impedir que el gobierno de Guillermo Billinghurst disolviera el Congreso peruano, que le era opositor; otra reciente fue en 2000 contra el presidente Alberto Fujimori por su gobierno dictatorial y de corrupción al lado de Vlademiro Montesinos. Ahí la figura sí era bienvenida y hubo unanimidad para aplicarla.
 

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En este caso se alude a la incapacidad moral por acusaciones recibidas para ser investigado por corrupción –que no se han demostrado sino que están en proceso– como lo está al menos dos terceras partes del Congreso. Esta incapacidad moral no existe en la jurisprudencia del tribunal constitucional, lo cual es un problema porque si no se define que es un delito entonces se puede actuar arbitrariamente, es decir, de una forma ilegítima. Tras la semana de los tres presidentes en el Perú, el Tribunal Constitucional tiene la tarea de definirla para que en el futuro no se pueda volver a usar de forma arbitraria.

A pesar de que el término “incapacidad moral” no se encuentra en la Constitución Política, es claro que por este se puede destituir a un presidente.


En 2016 se iba a aplicar el mismo concepto al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero él se adelantó y renunció antes de que esto sucediera. Por lo tanto nunca fue destituido por vacancia o incapacidad moral, pero sí estaba claro que el Congreso de su momento –que era de mayoría fujimorista y se oponía a su gobierno– quería adelantar una votación para provocar su vacancia.


Desde 2016 y hasta hoy ocurría una situación muy parecida, pues ha habido un presidente sin mayoría en el Congreso, pues esta forma parte del partido opositor y parece que quieren proteger sus intereses partidistas por encima de lo que deberían hacer.


Los retos de Sagasti


Primero fue Vizcarra y luego Merino, quien fue elegido según las normas de la Constitución pero no tenía respaldo popular y duró una semana. En su caso, como no tenía respaldo de los peruanos, estos salieron a las calles a protestar y celebraron su destitución. El Congreso debería terminar su periodo con el actual presidente Sagasti del partido Morado, el cual tiene una línea democrática en el país.


Cada cinco años, por elección popular se elige tanto presidente como el nuevo Congreso. En abril de 2021 sucederán las nuevas elecciones en el Perú, pero antes de eso Sagasti tiene como reto mantenerse en su cargo para garantizar dicho proceso electoral.


Para esto, nombró un nuevo gabinete constituido por ocho mujeres, quienes ocupan las carteras más importantes como Defensa, Salud y Exteriores.


Al tomar juramento, resaltó que asume la Presidencia cumpliendo con el criterio de pluralidad ideológica que abarca tanto abogados de la prudencia fiscal y el control del gasto público como defensores del medioambiente, técnicos especialistas, intelectuales e investigadores. Del gabinete anterior rescató a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien lidera las riendas del país en su lucha contra el COVID-19.


A futuro, para que no se repita lo sucedido con Vizcarra y con Merino, el Congreso debería dejar de proteger sus propios intereses e instalar a sus favoritos en el poder, y conectarse más con la población, que finalmente fue la que los eligieron para que los representara.

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