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Corrupción en la justicia: la criminalidad de los decentes

Para hablar de la corrupción en el sistema de justicia penal colombiano es necesario identificar dos escenarios. De una parte, y en sentido general, se trata de la corrupción como fenómeno del ejercicio desviado del poder y su judicialización, en el que se observan conductas de servidores públicos que tienen poder de decisión y lo ejercen en beneficio propio o de un tercero, en detrimento del mandato especial por el que fueron investidos; también del agente que soborna al funcionario para obtener provecho para sí, para un tercero o para acelerar una gestión.
 

En este escenario, la percepción ciudadana sobre la impunidad de la corrupción es alta, pues ven un sistema ineficaz y lento para la criminalidad de los poderosos, como se observa en el Índice Global de Impunidad 2020, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (México), en el que Colombia se ubica en el puesto 49 entre 69 países analizados.


El segundo escenario hace referencia a la corrupción de los actores del sistema judicial, desde los usuarios, testigos, auxiliares y abogados, hasta aquellos a quienes se les ha conferido el poder de administrar justicia, investigar o gestionar la función judicial. Se trata de los actos que traicionan la confianza pública y el mantenimiento de la recta administración de justicia como una especie de corrupción pública.


Sin embargo, la corrupción judicial merece un análisis específico por el daño que implican los actos corruptos en la credibilidad de la función judicial y su íntima relación con los demás poderes públicos y la definición de intereses en los procesos judiciales. En el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe de 2019, elaborado por Transparencia Internacional, la percepción ciudadana de una justicia corrupta en Colombia se ha incrementado en los últimos tres años. Así, en relación con el soborno, esta pasó del 11 al 12 % entre 2017 y 2019, y con respecto a quienes la administran pasó del 37 al 47 % en el mismo periodo.


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No es para menos, ya que cada vez son más frecuentes los actos de desviación de poder relacionados con la influencia de la política y los partidos políticos en la esfera judicial, en especial en la función nominadora que tienen los magistrados de las Altas Cortes o de sus propios nombramientos.


Al parecer, en ellos prevalecen los criterios políticos de conveniencia corporativa o los intereses particulares, pero no el mérito y las calidades profesionales y técnicas de los candidatos, como sucede en la selección del fiscal General de la Nación. Tal situación ha minado la independencia judicial, su imparcialidad y probidad.


Problemas estructurales profundizan la crisis de la justicia


Pero no solo ha sido la influencia de la política la que ha generado un escenario propicio para la desviación de poder de los jueces y magistrados. También se han observado actos de corrupción, estructural o interna, que se relacionan con la función propia de la administración de justicia, tanto en la rama judicial como en la Fiscalía. Por ejemplo, los magistrados, abogados y funcionarios relacionados con la obtención o exigencia económica para la manipulación de las decisiones (conocido como “cartel de la toga”), para retardar u omitir órdenes de captura, variar la tipificación de delitos o para incluir o no a actores armados en los procesos de justicia especializada o transicional.


De igual manera, se conocen casos a menor escala y de práctica cotidiana relacionados con dádivas para acelerar trámites o decisiones, ocultar o retardar causas criminales, manipular notificaciones, alterar documentos para favorecer a terceros, embargos irregulares o tráfico de influencias, lo cual muestra cómo la función judicial no es ajena a un amplio catálogo de prácticas corruptas que atentan contra su credibilidad, independencia e integridad.


La función judicial en Colombia no es ajena a los problemas estructurales que caracterizan la justicia en la región, en especial su ineficiencia, la poca preparación de los funcionarios, los mecanismos disciplinarios poco rigurosos o la lentitud en los procesos de investigación.


A esto se añade el aumento irracional de normas y de delitos que incrementa la carga laboral, lo que hace que la justicia penal sea un escenario propicio para buscar alternativas ilegítimas que llenen el vacío de la institucionalidad, todo ello ante la tolerancia resignada de la ciudadanía.
 

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Quizá el aspecto más problemático que se viene presentando es la denominada Reconfiguración Cooptada del Estado (RCDE), que consiste en las acciones de diversas organizaciones (políticas, productivas o criminales) para modificar el régimen político de manera sistémica, de tal suerte que inciden en la composición del Congreso para obtener legislación favorable a sus intereses, en las autoridades administrativas para cooptar las políticas públicas, y en la rama judicial para asegurar la impunidad.


No obstante, lo cierto es que son miles los funcionarios judiciales y los usuarios que actúan de manera transparente y comprometida con las pocas herramientas con que cuentan, pero que vienen afrontando un aumento de la violencia estructural por la reacomodación de actores armados, la conformación y reorganización de redes criminales organizadas, y la contracción de la economía por cuenta de la pandemia, que además ha elevado la comisión de delitos.
 

Urge profesionalización y mayor sensibilización


Como se observa, la administración de justicia penal sufre una serie de transformaciones que forman parte de las crisis consustanciales a los sistemas penales. Sin embargo, para transformar este desalentador escenario actual, es necesario implementar políticas de prevención. Por ejemplo, reformar el gobierno judicial, fortalecer la carrera judicial por méritos, mejorar la formación constante y periódica de los funcionarios, consolidar órganos de control internos en la rama judicial y externos en la comunidad y las universidades, por lo que es imperativa la conformación de un tribunal de ética judicial sin influencia de los partidos políticos.


Con respecto a los abogados, es necesario profesionalizar el litigio, de manera que quienes opten por esta vía de desarrollo profesional, además de colegiarse, reciban formación específica para ello. Urge una política de sensibilización de todos los involucrados, con el fin de crear modelos de conducta, por lo menos éticamente aceptables, en los cuales se generen sentimientos de identificación común y de preponderancia del interés social, con responsabilidad y vocación de servicio.


Lo anterior debe venir desde las facultades de Derecho. En un mundo donde cada vez se fomenta más la búsqueda de un éxito económico rápido, sin esfuerzo y a cualquier precio, donde se buscan sistemas retributivos con incentivos a corto plazo, donde para los estudiantes en formación es más valioso trabajar duro que ser justo, solidario o amable, tenemos la obligación de formar abogados que más que exitosos tengan valores, sean responsables, ayuden a reconstruir el tejido social en nuestro país y a recuperar la majestad de la justicia.
 

Consulta aquí el especial: Corrupción en Colombia: un mal que nace, crece, se reproduce y nunca muere.

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