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Acreditación y seguridad para las víctimas, retos de la JEP

Harvey Suárez, subsecretario de la JEP, afirmó en el programa La paz en Foco, de Televisión UNAL, que “aunque los dos primeros años de existencia de la JEP fueron muy activos en cuanto a la acreditación de las víctimas, entre 2020 y 2021 el reto ha sido fortalecer el acercamiento a través de la virtualidad en tiempos de pandemia”.
 

“Aún así, el hecho de que haya alrededor de 350.000 víctimas acreditadas –muchas de las cuales se relacionan con sujetos colectivos de derecho– es un hito en el ámbito judicial del país alcanzado en muy poco tiempo”.
 

Así mismo señaló que “el acercamiento de las víctimas como sujetos procesales ha permitido afinar el trabajo de representación judicial a través de la acreditación, lo cual nos ha permitido desarrollar un acercamiento multidisciplinario; aunque el tema jurídico es central, el enfoque va mucho más allá y se relaciona con áreas psicosociales, psicojurídicas y sociológicas, en las que además se consideren las características de los territorios”.
 

“Otro reto tiene que ver con la seguridad y protección que implica la participación de las víctimas en escenarios profundamente polarizados en las regiones. Esto se ha expresado en atentados, agresiones y asesinatos e implica una respuesta que desborda la propia capacidad de la JEP”.
 

Con respecto al universo estimado de víctimas, el subsecretario Suárez recordó que uno de los impactos más lesivos de estos 50 años de conflicto armado en el país ha sido la dimensión cuantitativa y cualitativa de las víctimas.
 

“El registro administrativo que lleva el Estado desde hace dos décadas indica que hay más de 9 millones de víctimas, lo que equivale al 19 % de la población colombiana”.
 

“Ese universo global de víctimas requiere una aproximación que permita, en un volumen de casos de información y de material probatorio, agruparlo y que sea posible llegar a un punto adecuado entre las expectativas de las víctimas y las posibilidades reales de investigación, juzgamiento y sanción por parte de la JEP”.
 

En relación con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), dependencia encargada de garantizar la participación de las víctimas y que equivale en la justicia transicional a lo que en la justicia ordinaria ofrece la Defensoría del Pueblo, Claudia Erazo, del SAAD, explicó que desde 2018 y hasta el 30 de noviembre del presente año se ha brindado asesoría jurídica a 6.855 víctimas –individuales y colectivas– y ha representado a 4.675 víctimas individuales y 315 sujetos colectivos, en su mayoría población étnica.
 

Las víctimas son el centro del modelo transicional colombiano. Este es quizá uno de los grandes avances del modelo transicional que surgió del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
 

A 17 de diciembre del presente año, de las 13.311 personas sometidas a la JEP y que suscribieron acta de compromiso, 9.819 son de las FARC, 3.329 de la Fuerza Pública y 151 son agentes del Estado.

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