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Reformas

El 20 de julio inició un nuevo Congreso de la República, con una nueva correlación de fuerzas políticas, donde una coalición de izquierda y centro hacen mayoría. Pero este está conformado por congresistas difíciles de manejar, en especial aquellos que componen fuerzas políticas tradicionales, por su tendencia a sacarle provecho a las iniciativas legislativas.

En general, difícilmente hay partidos estructurados que tengan compromisos claros con una agenda legislativa. Aun los parlamentarios del Pacto Histórico tienen distintos orígenes y avales de pequeños partidos, por lo que entonces no será fácil alinear. 

 

Comienzo así este texto para entender que estando en un Estado social de derecho no es fácil implementar cambios con la rapidez que algunos quisieran, pero, tampoco no intentarlo y desde luego lograrlo, habiendo un mandato claro para ello.

 

Como son cuatro periodos legislativos (hasta julio de 2026) habrá que priorizar, porque algunos analistas señalan que lo que no salga en el primer periodo (julio de 2023) será muy difícil sacarlo más adelante. Por ello, tal vez, se ha señalado por parte de voceros del nuevo Gobierno que las reformas tributaria, agraria y política serían prioritarias. 

 

Además, hay dos grandes compromisos en la legislatura iniciada: el Plan Nacional de Desarrollo, que será la carta de navegación para los próximos cuatro años, y el Presupuesto General de la Nación para 2023, que plasma con más claridad la voluntad política.

 

Las otras reformas mencionadas por parte de ministros designados, como la de Salud, tendrán un tiempo de espera, entre otras cosas, para que haya un mayor margen de consenso alrededor de lo que se quiere hacer. Igualmente se ha mencionado la reforma a la Policía y otras.

 

Quiero referirme a algunas de ellas, en plan más bien de analista, tanto de posibles contenidos como de procedimientos y efectos.

 

La reforma tributaria ha sido anunciada con dos propósitos claros referidos a obtener mayores ingresos del Estado y a lograr mayores equidades impositivas, buscando efectos redistributivos. Dichas reformas en el país han privilegiado las exenciones a los más pudientes, dizque con el vano intento de la confianza inversionista. Todavía estamos muy abajo en términos de tributación de lo que ocurre con los países de la OCDE, de la cual somos miembros. 

 

El promedio de recaudación tributaria como porcentaje del PIB en 2020 fue de 18,7 %, y para los países de la OCDE de 33,5 %. Con respecto a América Latina también estamos por debajo, el promedio para estos países es de 21,9 % del PIB. Una reforma de este tipo implica mucho lobby de todo tipo y ya veremos si se impone una claridad de metas.

 

La reforma agraria, con base en algunas puntadas dadas por la ministra designada Cecilia López Montaño, parece dirigida a despejar lo que en siglo XIX se llamó “bienes de manos muertas”, la mayoría en manos de la Iglesia católica de la época, en el sentido de volver productivas millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva y crear gran cantidad de unidades productivas agrícolas entregadas a pequeños productores del campo, que fueron expropiados por paramilitares o por guerrillas, o perdedores de un trabajo ingrato y difícil como son las tareas agrícolas en Colombia, y así garantizar seguridad alimentaria, productividad y equidad en la propiedad y la producción. 

 

La reforma política, también derivada del Acuerdo Final de Paz, parece dirigida a crear una verdadera “corte electoral” que no se origine simplemente en cuota de partidos y tenga el verdadero carácter de magistrados. También busca garantizar la financiación estatal de los partidos y examinar la conveniencia de mantener las donaciones privadas distintas de las cuotas de militantes. 

 

De igual manera, examinaría la conveniencia de mantener el sistema de escrutinio mayoritario que favorece a unos en detrimento de otros, en una especie de “efecto Mateo” (al que más tiene más se le da) y regresar al cuociente electoral que es el sistema que garantiza la representatividad proporcional de los partidos en un escenario multipartidista. 

 

Así mismo, debe estimular la participación política y otros temas como la implementación de acciones afirmativas para obtener mayor participación de sectores sociales, tales como mujeres y jóvenes. Se tratará de recoger lo que la Misión Electoral Especial (MEE) entregó como recomendaciones en 2017.

 

Quedarán pendientes, pero espero que no huérfanas, la reforma de la Policía y la reforma a la salud. Con respecto a la primera, me parece que va más allá de resolver dos grandes cuestiones alrededor de esta institución: recobrar el sentido civilista que le definió la Constitución de 1991 y regionalizarla, es decir, hacerla una institución más al servicio basada en el arraigo a las regiones y comunidades del país.

 

Lo anterior significaría eliminar esa estructura militar de rangos (tenientes, capitanes, mayores, coroneles y generales) y la infranqueable barrera entre oficiales, suboficiales y patrulleros que impide un sistema de ascensos. De igual forma, estudiar la “asignación de retiro” y la conveniencia de lograr un consenso sobre la ubicación ministerial de la institución, o sería mejor crear un ministerio de la seguridad y la convivencia y ubicarse ahí.

Perfil

Víctor Reyes Morris.

Sociólogo y doctor en Sociología Jurídica. Autor del libro La anomia: Espacios, tiempos, y conflictos anómicos. Análisis de casos. Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia