Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
Periódico UNAL

Resultados de Búsqueda:

Periódico UNAL
Reforma al sistema carcelario, hacia la dignificación de la cárcel y la restauración del tejido social

El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro: “Colombia potencia mundial de la vida”, menciona la privación de la libertad como “una oportunidad para la construcción de proyectos de vida”. Al respecto, y después de la tragedia ocurrida en la cárcel de Tuluá, el Presidente reiteró su interés en presentar una reforma al sistema carcelario.

Dentro de los puntos más relevantes de la reforma están: la dignificación al preso y su reintegración social; la humanización de la cárcel; y la implementación de justicia restaurativa y su fortalecimiento en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, junto con su reforma. También ofrecer servicios de justicia restaurativa en diversos espacios que fortalezca el acceso a la justicia, con la ayuda de mediadores penales restaurativos y la aplicación del enfoque de género. Lo anterior como una mirada distinta a la que ha tenido el Estado de concebir la cárcel como un espacio de venganza.

 

Ante las propuestas que están sobre la mesa, el gobierno del presidente Gustavo Petro se enfrenta a los retos que se describen en los siguientes apartados.

 

Hacinamiento y grave crisis humanitaria

 

Desde hace varios años el sistema penitenciario de Colombia presenta una grave crisis humanitaria. Como lo confirman cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para este año Colombia tiene un hacinamiento del 20,05 % con una sobrepoblación de 16.273 reclusos. De los 97.448 presos del país, 22.898 se encuentran sindicados y 74.000 condenados, lo que evidencia un enorme reto para el sistema y sobrecarga en los centros de detención transitoria.

 

Como lo indica la Defensoría del Pueblo, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de la Policía tienen un hacinamiento del 194 %. La cifra llega a 20.951 personas detenidas para este año, lo que contrasta con la capacidad de 7.131 cupos con los que cuentan estos espacios, lo que incrementa las graves vulneraciones a los derechos de las personas recluidas y baja las expectativas de una posible resocialización.

 

Una de las prioridades del nuevo gobierno recae en reequilibrar el sistema carcelario, ya que se están deteniendo en centros intramurales más personas de las que se pueden tener en condiciones dignas. Es necesaria una política criminal que tenga un carácter preventivo y un nuevo balance de la vulneración a los bienes jurídicos protegidos, enfocado en la decisión clara sobre cuáles merecen la privación de la libertad y cuáles penas alternativas con enfoque restaurador. Además de mitigar el aumento de penas y la creación de delitos, y establecer la no subordinación del derecho penal a la política de seguridad, para mitigar la respuesta de la cárcel como única solución a la problemática.

 

Superación del estado de cosas inconstitucional

 

Cabe recordar que en Sentencia T-388/13 la Corte declara que existe un nuevo estado de cosas inconstitucional en el sistema. La Corte afirma que el sistema carcelario tiene problemas de hacinamiento, inseguridad y criminalidad, asociados con la escasez de los bienes y servicios más básicos dentro de los lugares de reclusión, donde se propicia el mercado ilegal, la corrupción y la carencia de resocialización, a lo que se suman los tratos crueles, inhumanos e indignos a la población recluida, lo que aumenta la deshumanización del preso. Esto evidencia una violación grave y sistemática al derecho a la salud, por las condiciones insalubres y sin higiene en las que viven los reclusos, y las afectaciones a su integridad física y mental, además de la institucionalización de prácticas inconstitucionales.

 

El Gobierno debe mitigar la vulneración de los DD. HH. de las personas privadas de la libertad, garantizar sus derechos por medio  del acceso a la salud e higiene personal, educación, alimentación, recreación, trabajo, justicia, debido proceso, etc., junto con el fortalecimiento de los lugares de reclusión respecto a su infraestructura y capacidad humana para un servicio integral, además de priorizar la formación y educación en derechos humanos al personal encargado del cuidado y la custodia de los retenidos.

 

Implementación de la Justicia restaurativa 

 

Aunque el sistema ordinario carece de una plena implementación, la justicia transicional nos deja lecciones aprendidas. Actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene como eje la restauración del daño de las víctimas, aunque hasta ahora se evidencia en las audiencias de versiones voluntarias y los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (TOAR) adelantadas por los comparecientes, aún es un gran reto para la jurisdicción. 

 

Y lo será aún más en una jurisdicción que no está diseñada para su aplicación y que carece de espacios y formación humana para su implementación. Se necesita una mayor participación de las víctimas desde el principio del proceso, contar con un proceso dialógico (lección de la JEP) para que las víctimas y los procesados puedan expresar sus peticiones, entender el impacto del daño y acordar su restauración junto con la resocialización por medio de penas alternativas, al menos para los delitos menos graves. Importante tener presente la voluntariedad de las partes y la horizontalidad en la participación, la inclusión de las comunidades que se vean afectadas, y el seguimiento al cumplimiento de los procesos acordados.

 

Educación como medio de resocialización

 

Una de las grandes propuestas del presidente Petro es la asignación del SENA como administrador del sistema educativo y formativo en las cárceles. Frente a esto se tiene un gran reto y una falencia significativa en los centros intramurales. 

 

El INPEC muestra que para este año solo el 1,0 % de los internos cuenta con formación profesional, el 0,5 % tecnológica y el 1,9 % técnica. La mayoría de los reclusos se encuentran dentro de alguno de los grados de bachillerato y primaria básica, y un 4,5 % son iletrados. A esto se suma la precariedad de los centros de reclusión para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a una educación de calidad y a una alimentación balanceada y digna.

 

Implementación del enfoque de género en la política criminal del Estado 

 

Según cifras del INPEC, para este año el país cuenta con una población de 6.971 mujeres recluidas en todo el país, para un cupo de 6.332, lo que evidencia una sobrepoblación de 459 mujeres, es decir del 7,25 %. Entre los delitos que más cometen las mujeres se encuentran el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes, con 1.851 mujeres condenadas y 785 sindicadas; y el concierto para delinquir, con 1.465 mujeres condenadas y 982 sindicadas. 

 

Las mujeres se ven afectadas de manera discriminada, ya que se han aumentado las penas a los delitos relacionados con el negocio ilegal de drogas, llegando a ser similares a los más graves como el homicidio. Como lo señala Dejusticia, este aumento de penas potencia las desigualdades estructurales de las mujeres, y repercutió en que la población de mujeres creciera más rápido que la de los hombres entre 1991 y 2015, cuando se multiplicó 5,5 veces en comparación con el 2,9 de los hombres.

 

En el país las madres cabeza de familia están sometidas a cargas estructurales y diversos tipos de violencia, entre ellas la económica. Se debe priorizar el papel de la mujer en los hogares colombianos y darle alternativas de educación y acceso a oportunidades laborales para mejorar su capacidad adquisitiva y evitar su papel como “eslabones reemplazables” en las organizaciones criminales. Unido a una política de drogas que tenga en cuenta el papel diferenciado de la mujer, sus afectaciones y posibles soluciones.

 

A esto se debe sumar la implementación de un enfoque de género en la política pública criminal, que entienda las particularidades y los contextos de las mujeres en Colombia,  de sus necesidades económicas, su papel en los hogares, sus cargas de cuidado, sus necesidades básicas en los centros de reclusión, como el acceso a servicios ginecológicos, higiene menstrual, dietas y cuidados en mujeres en gestación; además de la oportunidad de acceder a formación y educación sin que medien la discriminación y los roles de género.

Perfil

Nixa Wguerddy Triana Balaguera

Abogada y especialista en justicia, víctimas y construcción de paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), investigadora júnior e integrante del Observatorio del SIVJRNR del Centro de Pensamiento Penal “Luis Carlos Pérez” – POLCRYMED.