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Crisis petrolera en Venezuela: ¿oportunidad para Colombia?

Desde hace seis años la producción diaria de petróleo en Venezuela viene sufriendo una caída estrepitosa, al pasar de 2,4 millones de barriles en 2012 a 1 millón en 2018, lo que significa una disminución de la producción cercana al 58 %. Esta caída es importante si se tiene en cuenta que el año pasado el petróleo representó alrededor del 95 % de los ingresos de exportación del Gobierno y el 92 % de las exportaciones totales.

Este desplome generó a su vez que el PIB del país se redujera en casi un 50 % desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia, al pasar de un producto de 438.000 millones de dólares en 2013 a cerca de 268.000 millones de dólares para 2018. Esta baja en la productividad y en el crecimiento encuentra causas internas y externas que han llevado a la crisis política, económica y humanitaria que hoy afronta el vecino país.

Entre otros problemas internos, la mano de obra capacitada es escasa, los campos y redes de oleoducto se han deteriorado por falta de uso, la prestación del servicio de energía eléctrica es inestable y se han dado múltiples cambios en el liderazgo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la empresa estatal que impulsa la producción petrolera venezolana.

Con respecto a este último aspecto cabe resaltar que en los últimos dos años la compañía ha sido dirigida por tres presidentes diferentes y que el Gobierno ha aumentado la influencia militar en su operación, lo que ha generado una fuga de cerebros en el sector que, sumado a la falta de gastos de capital y suministros para el mantenimiento y el monitoreo de pozos, ha disminuido notablemente la producción.

A nivel externo encontramos las ya anunciadas sanciones por parte de Estados Unidos tanto a los países que compren crudo venezolano como a las empresas extranjeras que vendan los diluyentes necesarios para mejorar su calidad y hagan posible el transporte y la comercialización nacional e internacional. Estas restricciones incluyen el congelamiento de todos los activos de la PDVSA en Estados Unidos, además de la prohibición a compañías americanas de realizar transacciones comerciales con esta empresa.

Según la consultora Torino Economics, el efecto combinado de la reducción de la producción petrolera, más la pérdida de mercado debido a las sanciones, reducirá las exportaciones del país de 33.000 millones de dólares en 2018 a 14.000 millones de dólares en 2019, lo que representa una reducción del 60 %.

Esta consultora también estima que, para marzo-abril del presente año, algunos operadores en Venezuela se quedarían sin diluyentes para transportar el crudo pesado, ya que la mayoría de este se produce en Estados Unidos, lo que impediría la exportación de los cerca de 200.000 barriles diarios de crudo pesado que produce

Con todo lo anterior en mente, se llega a la pregunta de qué tan sostenible será esta situación en el tiempo teniendo en cuenta que, a pesar de que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, no cuenta con la demanda internacional suficiente para reactivar la infraestructura productiva y hacer crecer su economía.

Reflejo de ello es que, según Baker Hughes (proveedor de servicios, productos, tecnología y sistemas para campos petroleros de la industria mundial de crudo y gas natural), hace tres años en Venezuela había 67 plataformas petroleras trabajando mientras que hoy solo trabajan 27. Esta situación se complica aún más teniendo en cuenta que actualmente hay más de 8 millones de barriles de petróleo, avalados en más de 500 millones de dólares, detenidos en las costas venezolanas debido al cierre del acceso al mercado mundial.

¿Colombia puede aprovechar esta oportunidad?

Las restricciones impuestas a la compra de crudo venezolano crean una nueva demanda por parte de las refinerías norteamericanas que se ven en la necesidad de reemplazarlo con petróleo de la región. Sumado a ello, el aumento en el precio internacional del petróleo derivado de los recortes productivos acordados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestra una aparente gran oportunidad para países como Colombia, donde más del 25 % de sus exportaciones son por la producción de crudo.

De hecho, los beneficios en el corto plazo no se han hecho esperar: el mes pasado hubo un incremento en cerca de 10.000 barriles en la exportación de petróleo a EE. UU., incluso aumentando su diferencial de venta en casi 3 dólares por barril.

Asalta la duda de si Colombia tiene la capacidad productiva y de almacenamiento para cubrir la gran demanda internacional y los altos costos de transporte. Algunos cálculos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y Rystad Energy estiman que Colombia podría alcanzar una producción promedio de 870.000 barriles de petróleo por día en 2019, superando por primera vez en su historia a Venezuela, cuya producción se estimaría por debajo de los 800.000 barriles en este año.

Sin embargo, lo más posible es que países con mejor infraestructura de conectividad con EE. UU., como Canadá, se lleven los mayores beneficios de esta nueva demanda internacional, teniendo en cuenta que tienen costos de transporte más bajos.

Por ello, en el corto plazo esta situación solo representará un cambio en la distribución de las exportaciones del país, y un mejor precio para el crudo colombiano, mas no un aumento en la producción de petróleo, pues esta solo se daría si los precios altos del petróleo colombiano se sostienen en el tiempo y promueven una mayor inversión en el sector.

El verdadero beneficio será entonces en el largo plazo si se sostienen los precios y aumenta la producción, o en las posibles alianzas público-privadas, o entre Estados, que se hagan para reactivar la economía venezolana en un futuro proceso de transición.

 

*Esta columna se elaboró conjuntamente con Nicolás Cabra Ruiz, estudiante de Economía de la UN.

 

Perfil

Raúl Ávila Forero

Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UN). Magíster en Ciencias Económicas de la UN; en Economía de las Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); en Economía y Regulación de los Servicios Públicos, y en Regulación y Competencia, ambos grados de la Universidad de Barcelona.