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Violencia y desplazamiento de indígenas, resultado de proyecto capitalista en la Amazonia

El 24 de septiembre, durante su discurso en la Cumbre 2019 Acción Climática en Naciones Unidas, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro cuestionó la veracidad de la información sobre la deforestación en la Amazonia. Según el mandatario, lo que existe es una guerra de información al servicio de los intereses extranjeros en la región, que busca socavar la soberanía nacional.
 

En su intervención, el presidente leyó una carta firmada por el Grupo de Agricultores Indígenas de Brasil, que apoya el uso de tierras indígenas para agronegocios, minería y ganadería, el cual está conformado por 60 pueblos indígenas de siete estados brasileños, incluyendo Mato Grosso –que en portugués significa “selva espesa”–, el mayor productor de soya del país.


Precisamente en la región de Chapada dos Parecis existen registros de plantaciones de 18.000 hectáreas de soya, maíz y arroz por parte de las comunidades Pareci, Nambikwara y Manoki.

 

Video: ¿Cómo se almacena carbono en bosques como la Amazonia?.

 

Al darle poder político a este grupo, Bolsonaro evidencia su intención de aprobar nuevas regulaciones para liberar tierras indígenas susceptibles de explotación para todo tipo de megaproyectos. Sin embargo, la mayoría de organizaciones indígenas no solo no reconocen al presidente como su portavoz, sino que desde hace décadas luchan por el derecho a tener alternativas de desarrollo social no articuladas a la mercantilización de los recursos naturales amazónicos.

En términos de preservación del bioma amazónico –o el conjunto de ecosistemas característicos de esta zona biogeográfica–, el 28,6 % del territorio está conformado por Unidades de Conservación Ambiental (espacios territoriales para fines de preservación), lo que lo convierte en uno de los más protegidos del país. Por ejemplo El Cerrado (amplia ecorregión de sabana tropical brasileña), territorio de agronegocios, tiene solo el 8,7 % de las Unidades. Según el Informe Planeta Vivo 2018 - Brasil publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), desde 1970 el 20 % de la selva amazónica y el 50 % de El Cerrado han sido deforestados.
 

Las estadísticas confirman que la deforestación de la Amazonia es un problema incuestionable y el avance de los agronegocios, la minería, la ganadería y las obras de infraestructura amenaza con radicalizar la destrucción de esta área. En 29 años –1988-2017– el área destruida fue de 428.398 km2, casi el tamaño del territorio de Suecia (447.435 km2), según datos del “Programa de monitoreo de la deforestación de la selva amazónica brasileña por satélite” (Prodes). En ese sentido, la consolidación del modelo de exportación primaria de esta región no debería alterar el proceso de deforestación regional ni el impacto en las poblaciones tradicionales.

 

“Sabanización”, minería e infraestructura: las amenazas

 

Existen tres amenazas para las tierras indígenas de la Amazonia. La primera es la “sabanización”, es decir, la transformación del bosque en sabanas debido a la deforestación y la sequía, consecuencia de los cambios en los patrones de lluvia. En 60 años la temperatura ha aumentado 1 oC, pero si el incremento alcanza los 4 0C, es muy probable que este escenario se presente en el sur y el este de la Amazonia.

Además: Agronegocios, minería y extracción de maderas: las otras amenazas de la Amazonia Brasileña


La segunda amenaza es la minería. Según datos del Instituto Socioambiental, 28 millones de hectáreas de tierras indígenas (24,5 % del bioma) y 18 millones de hectáreas de áreas de la Unidad de Conservación están amenazadas por proyectos mineros. En lo que va corrido de 2019, la Agencia Nacional de Minería ha reportado 4.332.000 procesos de exploración minera en 214 de las 735 áreas indígenas registradas, y en áreas de Protección Integral como parques nacionales o reservas ecológicas.

 

Así mismo, en marzo pasado, mientras los brasileños disfrutaban con las celebraciones del carnaval, el almirante Bento Albuquerque, ministro de Minas y Energía, anunció la apertura de tierras indígenas y zonas fronterizas a la explotación minera por parte de empresas extranjeras.

 

La tercera amenaza son las obras de infraestructura –carreteras e hidroeléctricas–. Durante las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, las inversiones en energía y apertura de carreteras tuvieron impactos en comunidades quilombolas (de afrodescendientes) y ribereñas, de agricultores familiares y en tierras indígenas.

En 2012, la investigación realizada por el antropólogo social Ricardo Verdum, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, titulada “Obras de infraestructura del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) y los pueblos indígenas en la Amazonia brasileña”, encontró que de las 82 obras viales y fluviales prevista para ese momento, 43 afectaron uno o más territorios indígenas.


El estudio también advirtió que el 90 % de estos espacios cercanos a los proyectos hidroeléctricos estaba en riesgo por la tala, la minería y el reasentamiento de las comunidades afectadas.

 

Desplazamiento y pobreza

 

La modernización de la Amazonia y la injusticia espacial –o desigualdad territorial– son procesos interrelacionados, pero esta última marca los conflictos entre las poblaciones tradicionales y las fuerzas capitalistas en la región. Existen registros de que entre 1986 y 2016 ocurrieron 171.749 asesinatos en áreas rurales de Brasil, especialmente en el norte del país, donde se hallan los megaproyectos agrícolas y mineros; los principales actores responsables de esta violencia fueron agricultores, empresarios e invasores de tierra.

 

El desolador panorama no cambió mucho durante el gobierno de Michel Temer, ya que la violencia y el desplazamiento no solo no terminó, sino que además ha continuado tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro. En 2017, el Atlas de conflictos en el Amazonas registró 980 conflictos en 2017 que involucraban a casi 100.000 familias, y en los que se presentaron 144 asesinatos.


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La violencia se registra en la población pobre privada del derecho a la ciudadanía, y por la
desigualdad extrema en la distribución del ingreso per cápita, el cual se estima en 5,5 dólares, es decir unos 165.000 pesos mensuales.

 

Un estudio realizado a partir de las bases de datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), de ONG como la Comisión Pastoral de la Tierra –órganos de la Comisión Nacional de Obispos de Brasil– y del Banco de Datos de la Lucha por la Tierra (Proyecto Dataluta), reveló que la política de reconocimiento y demarcación de las tierras indígenas y su reproducción física y socioecológica puede actuar como una estrategia sostenible para mantener el bioma amazónico.

 

Dichos territorios corresponden a 173 grupos étnicos centrados en la conservación de la biodiversidad y el control de la deforestación; además, junto con las Unidades de Conservación, los territorios de quilombola y otras poblaciones tradicionales amazónicas, realizan una gestión ancestral de los recursos naturales.


Las comunidades indígenas protegen el 27 % de los bosques, ayudan a almacenar carbono e interfieren con la circulación atmosférica de las masas de aire, la temperatura del planeta y la conservación tanto de los recursos hídricos como de la fauna y la flora. La invasión de sus territorios constituye una de las mayores amenazas para la reproducción de los grupos étnicos y la conservación de la Amazonia.

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