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Venezuela: ¿hacia una transición?

El juramento con el que Nicolás Maduro pretendió asumir el poder ejecutivo de 2019 a 2025 fue un acto de hecho y no de derecho, ante todo por la ilegitimidad de origen.

Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 violaron el ordenamiento legal. Fueron convocadas y adelantadas seis meses por una Asamblea Constituyente (AC) montada de manera irregular con el fin de desplazar a la Asamblea Nacional (AN) en la que, en diciembre de 2015, la oposición había obtenido la mayoría.

El Consejo Electoral oficialista no garantizó un sufragio universal y libre, inhabilitó partidos, encarceló contrincantes e impidió la observación internacional. Además Maduro juró, no ante la AN como lo exige la Constitución chavista de 1999, sino ante un nervioso presidente de una sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entidad que el Gobierno había sustituido en forma irregular para controlar el poder judicial.

El pasado 10 de enero Maduro afirmó: “Los bolivarianos estamos aquí, victoriosos, con el poder político viendo al futuro”. Sin embargo, el ahora gobernante de facto no tiene despejado el camino, y quizás por ese motivo le pidió ayuda a Naciones Unidas para adelantar un nuevo diálogo con la oposición. El régimen que encabeza no es reconocido por la mayoría de los venezolanos (80% de la población lo rechaza según encuestas como la de Delphos), y apenas representantes de  17 países asistieron al juramento del cargo.

Pero no hay que subestimar la decisión de Maduro de aferrarse al poder. Puede resistirse aplicando más represión, pero si no logra aportar soluciones efectivas a la crisis económica, social e institucional y a la emergencia humanitaria y de inseguridad ciudadana, el caos puede volverse insostenible. Incluso el mandatario puede intentar alguna apertura y hacer concesiones para reducir la presión y evitar la implosión del país, aunque trataría de impedir que el diálogo se convierta en una negociación que lleve a elecciones y abra una transición.

Baja favorabilidad de militares

El régimen depende totalmente de la lealtad de las fuerzas armadas. Para eso las ha adoctrinado, les ha concedido la mitad de los altos cargos del Gobierno y el control del país, y las ha ligado a negocios económicos que proporcionan importantes márgenes de enriquecimiento en la extracción de recursos naturales y la distribución de alimentos.

En el pasado, los militares habían defendido su respaldo al presidente por la legitimidad de su origen; ahora cuestionados, el comandante en jefe y la cadena de mando, reciben llamados para aplicar el artículo 333 de Constitución y restaurar el Estado de derecho. Entre 2013 y 2018 fueron detenidos más de 150 militares acusados de rebelión.

La opinión favorable a la Fuerza Armada Bolivariana ahora es muy baja, y aunque no hay señales de debilitamiento de su respaldo a Maduro, se dijo que el ministro de Defensa le habría pedido no posesionarse. Habrá que ver si los militares continúan prefiriendo sus prebendas e intereses o si presionan una negociación política que permita una transición democrática.

Maduro insiste en que Estados Unidos y sus aliados –en especial sus vecinos– amenazan la soberanía de Venezuela, y trata de mover los dos temas más sensibles para los militares: los litigios territoriales con Colombia –al que Maduro señala como su mayor enemigo– y con Guyana, aprovechando el punto 9 de la declaración del Grupo de Lima que menciona ese asunto bilateral.

Habrá que ver si los militares continúan prefiriendo sus prebendas e intereses o si presionan una negociación política que permita una transición democrática.

El régimen ha tratado de sacar provecho interno de las tensiones internacionales. Rusia reconoció la posesión de Maduro y acusó a Estados Unidos de conspirar para derrocarlo. Como advertencia a Trump, ya antes había enviado bombarderos nucleares a Venezuela. China también reconoció su gobierno y le ha prestado 70.000 millones de dólares, por los que cada día recibe petróleo. Pero si los dos países –que también son proveedores de armas a Venezuela– ven amenazados sus intereses, más que defender a ultranza a Maduro, podrían garantizar que un gobierno de transición no repudie la deuda y los compromisos contraídos por el mandatario, ilegítimos ambos por no haber sido previamente aprobados por la AN como lo ordena la Constitución.

Urge un proyecto conjunto

La mayoría de los países ha reconocido la AN como la única institución realmente legítima. Con todo, la confianza de los venezolanos en su capacidad ha venido cayendo. La oposición se muestra dividida: muchos de sus miembros han huido al exilio y la Asamblea no ha podido poner en marcha decisiones ya tomadas como la de declarar abandono del cargo presidencial o nombrar poderes públicos alternativos. El 5 de enero, al asumir la Presidencia de la AN, Juan Guaidó llamó a los venezolanos a salir a las calles, invitó a la unidad de la oposición, instó a las fuerzas armadas a respaldar una salida democrática, pidió apoyo internacional para la aplicación efectiva de la Constitución y convocó cabildos abiertos para consultar al pueblo.

Al día siguiente del juramento de Maduro se realizó en Caracas el primer cabildo en el que intervinieron líderes del movimiento estudiantil, representantes de la sociedad civil, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, disidentes chavistas y diputados. Allí se produjeron llamados a sacar a Maduro del poder y a convocar un gabinete de conducción política que dirija la transición, y además se hicieron pedidos de apoyo a los militares y a la sociedad en general. Para algunos, el cabildo debía asimilarse al que, en 1810, cuestionó la autoridad del capitán general, lo hizo salir y abrió el proceso independentista. Muchos esperaban que en esta ocasión se invistiera como presidente de Venezuela a quien preside la AN.

Guaidó se mostró dispuesto a asumir “las competencias de la encargaduría de la Presidencia de la República y la representación internacional de Venezuela”. Asimismo se preguntó si ante la usurpación del poder era suficiente apegarse a la Constitución para asumir el mandato, responsabilidad “que no vamos a escurrir”, añadió. A la espera de que se proclamara jefe del Estado, algunos asistentes, impacientes, no cesaban de gritarle: “¡Asume! ¡Asume!”.

Guaidó reiteró que para ejercer el poder faltaría un apoyo popular efectivo, el respaldo de la Fuerza Armada (prometió que la AN les daría amnistía a los militares detenidos por desobedecer al régimen de Maduro) y el soporte de la comunidad internacional.

Ante la polémica sobre lo que Guaidó habría querido decir, él mismo tuiteó que asumía las competencias “para la conformación efectiva de un Gobierno de transición”. Su partido, Voluntad Popular, aseguró en nota de prensa reproducida por la AN, que él había asumido “las competencias de la Presidencia de la República”. Luego, ambos precisaron que lo asumido era “la encargaduría de la Presidencia”.

Los diversos partidos y agrupaciones opositoras, incluso las que no asistieron al cabildo, le piden a Guaidó que se declare “presidente interino”. Así lo reconocieron ya magistrados del TSJ en el exilio, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y Gobiernos como el de Brasil.

Obviamente, la situación actual no estaba prevista en la Constitución de 1999. Por lo tanto, no es claro a qué título podría Guaidó asumir la Presidencia. La oposición ha apelado a diversos artículos de la Constitución, que son objeto de distintas interpretaciones.

El constitucionalista Juan Manuel Raffalli considera que Guaidó no asumió como presidente de la República ante la AN y que no podía hacerlo en un cabildo, el cual, según el artículo 70, es un mecanismo de consulta popular no vinculante a escala legislativa.

La ley orgánica del poder municipal dice que la iniciativa para la convocatoria de un cabildo corresponde al Concejo Municipal, a las juntas parroquiales, al alcalde y a los ciudadanos, y que sus decisiones serían válidas siempre y cuando versen sobre asuntos de su ámbito territorial.

No es claro a qué título podría Guaidó asumir la Presidencia. La oposición ha apelado a diversos artículos de la Constitución, que son objeto de distintas interpretaciones.

El artículo 350 le pide al pueblo desconocer cualquier régimen “que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. El 233 establece que, ante la falta absoluta del Presidente de la República, el presidente de la AN debe asumir el cargo y convocar a elecciones en los 30 días siguientes. Pero en Prodavinci, José Ignacio Hernández muestra que ese artículo no es aplicable a la crisis actual pues enumera y regula las faltas absolutas de un presidente electo, pero el evento del 20 de mayo no fue reconocido como una elección libre, ninguna norma de la Constitución prevé qué hacer cuando no hay presidente electo y no hay tiempo para realizar elecciones el 10 de febrero de 2019. Agrega que, para que la solución a la crisis política del 10 de enero sea efectiva, la AN debe diseñar una estrategia basada en el artículo 333, que establece el deber de los venezolanos de restaurar el orden constitucional.

La AN discute una Ley de Transición que prevé la convocatoria de un consejo consultivo que la ayude a tomar decisiones de gobierno para atender, en principio y de manera prioritaria, la crisis humanitaria del país y lograr que los venezolanos y la comunidad internacional no dejen sola a la AN, único poder legítimo y constituido.

Muchas movilizaciones, pero dispersas

Maduro aprovechó la confusión para afirmar que todo fue “un show de un grupo de muchachitos que ahora ha tomado el control de la oposición y quieren jugar a la desestabilización”. Varios de sus colaboradores llamaban a encarcelar a Guaidó. En consecuencia, el 13 de enero el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) procedió a retenerlo. Enseguida, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, aseguró que se había tratado de un control “irregular” y que los agentes del Sebin habían actuado “de manera unilateral”, “se prestaron para que se instalara este show”, por lo que los destituyeron y sometieron a procedimientos.

La AN y Guaidó convocaron a una “gran movilización” para el 23 de enero, fecha del aniversario 61 de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es de esperar que se articulen opositores políticos y sociales y que las expectativas de avanzar en esta difícil coyuntura no lleven a otra decepción.

Es indispensable el acercamiento entre las diferentes tendencias de la oposición dentro de la AN y por fuera de ella, en Venezuela y en el exilio.

Aunque se multiplican las movilizaciones y protestas por salarios, medicinas, salud, agua, transporte y contra la inseguridad, se trata de acciones puntuales y dispersas. El 70 % de la población no ha participado en las últimas elecciones, la confianza en la acción política se ha reducido drásticamente, el tiempo y las fuerzas se les van a los ciudadanos en buscar comida o ingresos para compensar la brutal pérdida de capacidad adquisitiva del bolívar, carcomida por una descomunal hiperinflación.

Es indispensable el acercamiento entre las diferentes tendencias de la oposición dentro de la AN y por fuera de ella, en Venezuela y en el exilio. Se requiere una efectiva y duradera articulación social y política para abrirle paso a una transición. Solo así, con un acuerdo consensuado, la oposición podría convencer a las bases sociales y al chavismo de que la salida a la crisis no llevará al revanchismo y a la anulación de derechos, o a relegar a los sectores marginados. Sacar a Venezuela de la destrucción institucional, económica y social, del desgobierno, la corrupción y el éxodo forzado, no será, pues, asunto de unos meses: exige un esfuerzo concertado de largo aliento.

La presión internacional es decisiva. La corrupción es escandalosa. Sirviéndose del control del cambio de bolívares por dólares impuesto por el régimen, exfuncionarios y empresarios tejieron un entramado de corrupción y se enriquecieron con la importación y distribución de cajas de comida. Algunos de esos bienes ocultos y sus cuentas en paraísos fiscales han sido intervenidas por Estados Unidos. Pero las sanciones a funcionarios y empresarios corruptos no son suficientes para impulsar una transición.

Ojalá la comunidad internacional también ayude a generar un acercamiento entre la oposición y las disidencias chavistas, que les permita construir propuestas consensuadas para una negociación efectiva.

A otro nivel, ya cerca de 50 Gobiernos han desconocido el régimen de Maduro porque este no fue elegido mediante sufragio universal. En ese grupo está la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos, todos los de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Ojalá la comunidad internacional también ayude a generar un acercamiento entre la oposición y las disidencias chavistas, que les permita construir propuestas consensuadas para una negociación efectiva. Así mismo, la presión internacional debe rechazar toda intervención militar, sea de Estados Unidos y sus aliados, o los amigos del régimen, lo que agravaría todas las crisis.

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