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Universidades públicas: alcanzado el acuerdo financiero, siguen pendientes los cambios de fondo

La novedad del movimiento estudiantil fue bien expresada el 15 de diciembre en la revista Semana por Julián de Zubiría, pedagogo de la Universidad Nacional de Colombia (UN): “el 10 de octubre la nación se vio sorprendida por gigantescas movilizaciones en las principales ciudades, las cuales para asombro de todos estaban encabezadas por los propios rectores. Durante este tiempo la educación se convirtió en el más importante tema de discusión a nivel nacional”.

Durante la firma del acuerdo en la Casa de Nariño el pasado viernes 14 de diciembre, el mandatario afirmó: “he reconocido siempre que hay una deuda histórica con la educación y el talante de nuestro gobierno es el de escuchar y buscar soluciones”.

De esta manera reconocía la legitimidad del movimiento, del cual forman parte la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), la Federación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Fenares) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES).

Entre los detonantes de las movilizaciones se encontraban aspectos como que las universidades cuadruplicaban el número de estudiantes, los recursos se mantenían congelados en términos constantes, cada año se transfería menos dinero por estudiante a las universidades oficiales y más al Icetex y a universidades privadas; además, mientras se caían las universidades oficiales, el Estado transfirió 4 billones de pesos a las principales universidades privadas mediante el programa Ser Pilo Paga”.

Seguimiento a lo pactado

Sumando los montos acordados se llegará a 4,5 billones de pesos adicionales que se destinarán a la educación superior y a la ciencia. Salen fortalecidos los institutos tecnológicos que recibirán los dineros que se descuentan por participación electoral. Los profesores recuperan beneficios que habían sido eliminados en la reforma de 2016 sobre gastos de representación y se aumentan los recursos para planta física.

Así, se podrá disminuir el atraso tecnológico y en infraestructura, pero quedan por resolver la reforma del Icetex y los contratos laborales con docentes ocasionales, y para ello es importante mantener la mesa técnica de alto nivel.

Los futuros desembolsos totales en el cuatrienio, que impactarán directa e indirectamente el funcionamiento, serán de 2.112 billones, que para el caso de las universidades estatales representan un aumento de 5,21 % por encima del IPC para todos los años, lo cual es muy significativo si se considera que el Sistema Universitario Estatal evalúa su aumento de costos de funcionamiento en 4,65 % por encima del IPC para los últimos años.

El profesor Álvaro Zerda, de la Facultad de Ciencias Económicas, quien acompañó los diálogos entre estamentos de la Universidad, advirtió que “ahora viene la pugna por la distribución entre universidades e instituciones técnicas y tecnológicas (ITTU), y es clave que el movimiento siga, para hacer seguimiento a lo pactado, y para la reforma de todo el sistema educativo”.

Además, el profesor Leopoldo Múnera, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, dijo que la conclusión es clara: “el promedio anual del aumento en la base para funcionamiento es del 4,16 % por encima del IPC, más los recursos que no van a la base, el promedio anual es de 6,31 %. El movimiento sigue”.

La profesora Beatriz Martínez, representante en el Consejo Superior de la UN, destacó que “se trataba ante todo de recuperar los recursos que le habían sigo asignados a la educación superior pública en los artículos 102, 142 y 184 de la Ley 1819 de 2016 pero que habían sido desviados ilegalmente al programa Ser Pilo Paga y al Icetex”.

Así mismo, advierte que “aunque hay logros para sanear pasivos, para ciencia y tecnología, para inversión y funcionamiento, faltan recursos para vinculación formal de docentes, y sobre todo está pendiente la derogatoria de la Ley 1911 de 2018 sobre financiación contingente al ingreso”.

El profesor Orlando Acosta, exrepresentante al Consejo Superior de la UN, advierte que, no obstante, lo acordado dista mucho de los requerimientos de financiación de la educación superior pública del momento. Según el docente, el acuerdo logra incrementos adicionales al IPC para la base presupuestal de las universidades públicas que, vistos en promedio para los cuatro años siguientes, corresponden a 0,4 puntos porcentuales adicionales a los 3,75 puntos logrados por los rectores, lo que representa un total de 1.296.599 millones de pesos.

También destaca que “se obtienen desembolsos adicionales para funcionamiento por 319.066 millones de pesos proyectados para el mismo periodo y para pagos de pasivos de años anteriores por 500.000 millones. Con respecto a la inversión se obtuvieron recursos adicionales importantes de varias fuentes y con varios destinos que, sumados a los logros en funcionamiento, totalizan 5.854.397 millones de pesos adicionales”.

Sin embargo el profesor Acosta advierte que “el acuerdo es una negociación coyuntural del Gobierno y no es el resultado de una política de Estado”.

Reformas a la educación superior, el debate continúa

 

Con respecto al futuro, el profesor Mario Hernández, quien participó en algunas sesiones de la mesa, afirma que quedó la conformación de la mesa por resolución del Ministerio de Educación Nacional y eso es importante para el mediano plazo, pero implica un gran trabajo de organización y colectivo para sostener los debates y hacer propuestas fuertes que consigan afectar la política pública hacia el financiamiento de la demanda (crédito y pago por cupo de personas pobres). “Allí está la gran intransigencia del Gobierno. Hay una profunda convicción de que es mas fácil y barato pagar por cupo con recursos públicos con IES públicas y privadas en competencia, que aumentar presupuesto para la oferta”.

 

Por su parte Jennifer Pedraza, estudiante de Economía y representante al Consejo Superior de la UN, dijo al concluir la negociación: “la gran conclusión de este acuerdo es que luchar sí sirve. Hemos conseguido 5,85 billones de pesos para las instituciones públicas de educación superior, lo cual es un avance fundamental e histórico. Además logramos crear un consenso a mediano plazo para reformar estructuralmente el sistema de educación superior colombiano. Sin embargo, para esto son necesarias las movilizaciones”.

 

A su vez, Alex Flórez, miembro de Fenares, señaló que pese a que falta más dinero para sanear el hueco de los últimos 25 años, lo alcanzado es un primer acuerdo importante, y aunque es insuficiente, es un pacto histórico que no se había logrado antes”.

Según la profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la UN, “hacía mucho tiempo que la educación superior no ocupaba la primera fila en los intereses y preocupaciones de la opinión pública; por tanto, queda demostrado que este es un movimiento justo, los acuerdos nos fortalecen y merecen felicitaciones todos los que participaron en la mesa, pues demostraron valor y disciplina. Ahora sigue volverlo ley y política pública”.

 

* Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.

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