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Universalizar la seguridad social, el reto de América Latina

Nos encontramos en una situación de incertidumbre de alcance sistémico, derivado de la expansión, duración y expectativas que genera la pandemia del COVID-19. El impacto más significativo se encuentra en el intento por reorganizar la vida y la cotidianidad en un contexto tanto de paro forzado de la economía como de profundas desigualdades sociales, el cual muestra que, para reajustarlas, primero hay que mantener la vida, y para ello se requiere ingreso.


En las últimas décadas se hizo mayor énfasis en favorecer las relaciones de mercado, casi por encima del Estado y la sociedad. Así, la incesante búsqueda por generar riqueza –particularmente financiera– descuidó el curso de la vida misma, agudizando situaciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad en medio de la ausencia de una base de protección social de alcance universal para todas las personas.


Superar esta situación y construir una seguridad social que conduzca a la protección humana, y que tal vez se pudiera combinar con un ingreso mínimo vital como derecho social y universal, constituye el primer gran desafío identificado por el Grupo de Trabajo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el cual requerirá de amplia participación ciudadana.


Los países de la región tienen grandes coincidencias en los orígenes de sus sistemas de seguridad social, con orientación laborista –enfocada solo en el aseguramiento de los asalariados subordinados–, fragmentada en diversos sistemas y desigual en el acceso y disfrute, lo que ha segmentado y polarizado aún más a la sociedad y ha llevado a una serie de reformas, unas más radicales que otras.


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Seguridad social: pública e incluyente


A partir de los años ochenta se han venido implementando diversos modelos de financiamiento y de orientación a la seguridad social que han convertido los sistemas de pensiones o previsionales en sistemas de ahorro, individualizados y privatizados, todos con muy pobres resultados. En 1991 Chile fue el primer país de la región en inscribirse a los modelos completamente privatizados; después lo hizo México en 1995, Bolivia y Venezuela en 1997, El Salvador en 1998 y República Dominicana en 2013. Entre los que adoptaron sistemas mixtos, público y privado, se encuentran: Perú en 1993, Colombia y Argentina en 1994, Uruguay en 1996, Costa Rica en 2000 y Panamá en 2008. Vale la pena anotar que en algunos países los sistemas mixtos son complementarios, mientras en otros compiten entre ellos. De otra parte, Venezuela regresa al sistema público en 2002, Argentina en 2008, y en Ecuador está suspendido desde 2001.


Los Estados latinoamericanos han diseñado diversas reformas, modificando cotización y edad –como Cuba y Brasil–, pero manteniendo su sistema público de reparto. Se han creado pensiones asistenciales y de costo fiscal para los que no cotizan o no lograrán obtener una pensión, con magros resultados que agudizan la desigualdad. Así, superar la ausencia de seguridad social pública, sólida, universal, incluyente, suficiente y sostenida fiscalmente, destaca como segundo gran reto.


El predominio de la perspectiva centrada en lo laboral, relacionada casi exclusivamente con el trabajo asalariado subordinado, no permite cobertura universal en un mercado con alto índice de ocupación informal y precariedad (según la Organización Internacional del Trabajo es cercano al 53 %).


Hoy, un promedio del 46 % de los trabajadores latinoamericanos están cotizando a una pensión contributiva. La complejidad se expresa cuando vemos países como Uruguay con un alcance del 75 % de la población ocupada, frente a Brasil, Argentina o Costa Rica con 50 %, o como México, Colombia y el resto de los países centroamericanos con menos del 37 %, como lo muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe Panorama Social de América Latina 2019.


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La situación ha obligado a establecer pensiones no contributivas y otras de corte asistencial focalizadas en los que no cotizan, o reconociendo los tiempos de cuidado y de trabajo no remunerado de las mujeres.


La cobertura ha crecido pero las desigualdades se manifiestan. El 65 % de los que pertenecen al quintil de más altos ingresos se encuentra protegido por la seguridad social pública, frente al 19 % del quintil de menor ingreso.


En el mismo informe, la Cepal indica que de los mayores de 65 años, el estrato de más altos ingresos reporta una pensión promedio de 1.427 dólares mensuales, mientras que el grupo de población en extrema pobreza reporta 81 dólares. Incorporar todo tipo de trabajo a la seguridad social (autónomo, agrícola, comerciantes, entre otros) permitiría transitar a una real formalización por situación laboral y mejorar las condiciones de las actividades generadas por la unidad económica de los hogares, tercer gran reto identificado.
 

Salud, en el centro de las decisiones sociales


En algunos países de la región la previsión social de la atención en salud se separa por instituciones específicas; en otros, como México, se mantienen conjuntamente en instituciones de Seguro Social.


Lo que importa destacar es el estado en que la pandemia sorprendió a la salud pública: desfinanciada, mercantilizada en muchos tramos de atención, desorganizada para enfrentar retos pandémicos y con falta de personal, por haber priorizado la subrogación o subcontratación de servicios.


De igual manera, encontró a la población latinoamericana con deficiente salud pública, altos índices de diabetes, obesidad e hipertensión, y otras morbilidades propias de la deficiente nutrición y vigilancia en salud, lo que se debe revertir de manera urgente.


Si se quiere cambiar el futuro, la salud debe estar en el centro de las decisiones sociales, políticas y económicas; para ello es esencial fortalecer una salud pública universal, no segmentada, no mercantilizada.


Impulsar los programas preventivos integrales y transversales vinculados con buena nutrición, ejercicio físico y salud mental requiere del fortalecimiento de los servicios, bienes y espacios públicos; la integración con los movimientos sociales que han perseguido mejores condiciones de salud como derecho social y universal, y la promoción de la participación comunitaria en la vigilancia del estado de salud y de cuidados. Y aunque este cuarto gran reto ha quedado para el final del presente análisis, se trata de uno de los aspectos más relevantes a cambiar y fortalecer, si realmente se quieren afrontar los riesgos sanitarios y sociales derivados de pandemias –la del COVID-19 y las que vendrán– y del ciclo vital.

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