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Una propuesta para solucionar déficit financiero de las universidades públicas

La educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo económico, social y político de un país. Esto está documentado y todos lo repiten a diario. El punto crítico es cómo alcanzar la financiación de proyectos educativos amplios, universales y gratuitos.

Es necesario comenzar por decir que la educación es un derecho de todo ciudadano y que el Estado está en la obligación de proveerla; por eso se debe invertir en ella. Sobre el tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) señala que los resultados de los sistemas educativos están asociados con el nivel de gasto que se destina para ello.

Si el Gobierno nacional está realmente interesado en subsanar la crisis financiera por la que atraviesan las universidades públicas y así garantizar una educación de calidad, es necesario aumentar y garantizar los recursos requeridos para ello, pues los actuales niveles de gastos del Estado colombiano en educación están muy por debajo de los países de la OCDE, el club al que está por ingresar el país.

Para cerrar la brecha financiera de las universidades públicas se necesitan recursos que ascienden a los 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones de pesos en inversión. Y, contrario a lo que se afirma en muchas partes, sí existen fuentes de financiamiento para cumplirles a los ciudadanos con la promesa tanto de garantizarles una educación de calidad y universal en preescolar, primaria y secundaria, como de ampliar los niveles de cobertura en la educación terciaria.

Tributación y consentimiento

Al hablar sobre la tributación existe un elemento crucial, que es el consentimiento de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales “impuestas”.

Los estudiosos de la materia consideran que entre los elementos que hacen que los ciudadanos cumplan sus obligaciones fiscales existe un componente de voluntariedad por parte de quien paga impuestos (Quasi-voluntary). Este elemento resulta de la interacción entre el poder de la autoridad fiscal y la confianza en el Estado en general.

A todo gobernante le gustaría contar con el máximo de recursos posibles para poner en marcha sus políticas. Sin embargo siempre encuentra restricciones, entre las que se pueden contar: capacidad de negociación, costos de transacción, y percepción sobre la gobernanza. Además todas esas limitaciones están determinadas por la estructura económica, la distribución de los medios de producción, el contexto internacional y la forma que tienen el Gobierno y el Estado en particular.

Un Estado como el colombiano se caracteriza por fuertes macroestructuras de corrupción que se reproducen a sí mismas (un sistema autopoiético del que hablaron en su momento Maturana y Varela) al reportar ganancias políticas y económicas permanentes a los integrantes de la red, que lo retroalimenta.

En sus investigaciones sobre redes sociales, el profesor Luis Jorge Garay ha mostrado que en la macroestructura de la criminalidad aparecen “nodos” de diversa índole: agentes privados (empresas lícitas y de fachada), “funcionarios públicos”, criminales (narcotraficantes, blanqueadores de dinero, entre otros) y agentes que, sin calificarse como tales, realizan acciones criminales, entre las que se cuentan instituciones financieras y empresas offshore.

La interacción de doble vía entre estos agentes ha dado pie a lo que Garay y sus colegas han llamado “reconfiguración cooptada del Estado”. Esta se puede explicar así:

la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, de doble vía, modifican, desde dentro del Estado y del sector privado, el régimen político y económico de manera sistémica. De ese modo, influyen en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, así como legitimados socialmente en el largo plazo, aunque no obedezcan al interés rector del bienestar social.[1]

La reconfiguración cooptada del Estado, en últimas, menoscaba la capacidad de negociación de los gobernantes con los ciudadanos, eleva los costos de transacción de los ciudadanos para monitorear la intervención pública y daña el consentimiento para cumplir con las obligaciones fiscales existentes o para aceptar la creación de nuevos tributos.

Aun con esta situación, la propuesta que aquí se presenta se centra en no dejar de marchitar el impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio, de manera que los recursos recaudados por esta vía se destinen a cuatro asuntos prioritarios para el desarrollo del país: el financiamiento de las universidades públicas, la puesta en marcha de la jornada única, la universalización de la educación preescolar y el desarrollo rural.

¿Por qué mantener el impuesto a la riqueza o al patrimonio?

“Cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época”, afirma Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI. Algo parecido sucede cuando se propone gravar la riqueza de manera progresiva de tal manera que quienes más tienen más paguen.

Dados los niveles de desigualdad que hay en Colombia (coeficiente de Gini[2] de 0,535, mayor al promedio de América Latina que es 0,491), el Estado debe estar en la obligación de regular y redistribuir la riqueza.

Esto ya se reconoce en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual, que plantea lo siguiente: “Colombia es todavía altamente inequitativa. Aún existe un amplio espacio para reducir la desigualdad”.[3]

Según las declaraciones de renta que publica la DIAN en su sitio web, en 2017 las personas jurídicas (empresas) declararon un patrimonio bruto de 2.839 billones de pesos (306 % del PIB) y uno líquido de 1.301 billones de pesos (140 % del PIB). Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad declararon 117 billones de pesos (13 % del PIB) de patrimonio bruto y 83 billones de pesos (9 % del PIB) de patrimonio líquido. Por su parte, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad declararon patrimonio bruto de 495 billones de pesos (53 % del PIB) y líquido de 409 billones de pesos (44 % del PIB), respectivamente.

Para entender la alta concentración de la riqueza en Colombia basta ver los siguientes datos:

  • El coeficiente de Gini del patrimonio líquido declarado por las personas naturales y jurídicas en Colombia es de 0,79745 (cuanto más se aproxima a uno indica mayor desigualdad).
  • En el caso de las personas jurídicas (empresas), el 78 % del patrimonio líquido se concentra en el 10 % de las empresas “más ricas”, mientras que el 30 % de las empresas “más pobres” aglutina el 15 %. El patrimonio líquido promedio de las empresas “más ricas” (calculado con base en 45.000 declaraciones de renta) fue del orden de los 25.000 millones de pesos. Finalmente, el 25 % del patrimonio total de las empresas (personas jurídicas) corresponde a 20 declaraciones individuales de renta.
  • En el caso de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad (cerca de 150.000 contribuyentes), el 25 % del patrimonio lo concentra el 10 % “más rico”, mientras que el 10 % “más pobre” reúne el 6 %.
  • El decil de contribuyentes “más ricos”, que corresponden a la categoría de personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, concentran el 50 % del patrimonio, mientras que al 10 % “más pobre” le corresponde el 1 %.

Frente a ese panorama, y teniendo en cuenta la situación social y fiscal del país, el Gobierno nacional creó el impuesto al patrimonio (Ley 1370 de 2009) y el impuesto a la riqueza (Ley 1739 de 2014) para el periodo 2011-2018.

Los cuadros 1 y 2 reportados por la DIAN, de los agregados para el impuesto al patrimonio de 2011, reafirman no solo la concentración de la riqueza sino su distribución sectorial y por tipo de contribuyente, además de la capacidad recaudatoria del impuesto.

En este caso en particular, el impuesto se creó para 2011 y el pago se distribuyó en ocho cuotas durante 2011, 2012, 2013 y 2014. Las tarifas marginales propuestas en el impuesto a la riqueza para 2015 (Ley 1739 de 2014), aplicadas a los patrimonios líquidos declarados por las personas jurídicas y naturales con patrimonios mayores a 1.000 millones de pesos, permitieron un recaudo cercano a los 4 billones de pesos por año. El impuesto así liquidado representó, en el caso extremo, el 1,1 % del patrimonio líquido con una tarifa media de 0,92 %.

Una medida que refleje la voluntad política

La propuesta que se presenta acá consiste en “crear” un impuesto para patrimonios líquidos superiores a los 2.000 millones de pesos con tarifas marginales inferiores a las de la Ley 1739 de 2014 (columna 4 del cuadro 3) por un periodo de 10 años.

La tarifa media resultante es de 0,38 % y el peso del impuesto en el caso más extremo es del 0,5 % del patrimonio líquido. Con todo, entonces, el recaudo puede ser de 2 billones de pesos por año.

La aprobación de una propuesta de esta naturaleza sería una verdadera muestra de la voluntad política del Gobierno nacional para resolver el problema financiero de las universidades públicas en Colombia. Además permitiría que se dejara de lado la sustracción de los recursos a las entidades territoriales del Sistema General de Regalías.

Comparando los coeficientes de Gini y de concentración del patrimonio, se tiene que esta iniciativa es más progresiva (pone el énfasis de la carga impositiva en las personas más ricas) que la medida que adoptó el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010 y la Ley 1739 de 2014. (Cuadro 4).

En suma, la propuesta, además de recaudar recursos frescos para financiar el déficit financiero de las universidades públicas, es progresiva (el índice de Kakwani es positivo) y contribuye a disminuir la desigualdad, ya que el índice de Reynolds-Smolensky (R-S) es mayor que cero.

El Gobierno nacional debe de pensar en un impuesto sobre el patrimonio más progresivo, complementario al impuesto al valor agregado, no solo para mejorar la baja tasa impositiva que existe sino para hacer más equitativo el sistema tributario en Colombia.

Contrario a lo que plantean los que se oponen a ellas, con este tipo de medidas la productividad de la economía no se altera, más bien se impulsa, pues fortalece el capital humano que la impacta de manera positiva. Invertir en educación siempre tiene un retorno positivo. Es el más alto, según los estudios del Banco Mundial.

 


[1] Salcedo-Albarán, E. Luis Jorge Garay Salamanca. 2016. Macro-criminalidad: Complejidad y resiliencia de las redes criminales. iUniverse, 2016, Bloomington, pp. 9. En https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/01/Macro-criminalidad.pdf

[2] Uno de los métodos para medir la desigualdad de ingresos o patrimonios es el coeficiente Gini. Esta herramienta analítica suele emplearse para medir la concentración del ingreso o de la riqueza entre los habitantes de una región, en un periodo determinado. El indicador varía entre cero (0) y uno (1), siendo cero (0) la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y uno (1) la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano).

[3]https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP-traza-lineamientos-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-del-Gobierno-Duque.aspx

 

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28,1702,1010,44,1769,1770,950,1543,850,1461,33,1544

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