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Una mirada a los 150 días de gobierno de Claudia López

Aunque 150 días es un periodo corto para evaluar un gobierno de cuatro años, las primeras actuaciones perfilan el desenvolvimiento de lo que será en su totalidad.
 

Este análisis recoge, de un lado, las manifestaciones de voluntad más importantes tanto de la candidata en época de campaña (2019) como de la gobernante en propiedad a partir del 1 de enero de 2020, y de otro lado, algunas de sus actuaciones, reflejadas en diversos actos administrativos relacionados con estos temas clave.
 

Cabe resaltar que durante este periodo ocurrieron dos hechos clave para el análisis1: 1) la formulación del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se consigna la concepción de sociedad y ciudad que tiene la alcaldesa, inspirada a su vez por el sistema de ideas sociales, económicas y políticas que orientan su quehacer como profesional y política en ejercicio; y 2) la irrupción, en diciembre de 2019, de una epidemia que en las siguientes semanas fue declarada oficialmente como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS): la COVID-19.2


Puedes escuchar: La realidad de los habitantes de calle durante la crisis.
 

La confluencia de estas dos dinámicas impacta la adopción no solo de decisiones coyunturales, sino frente al modelo mismo de desarrollo de las entidades territoriales en el país, ante lo cual Bogotá, como capital, actúa como referente de otros municipios.          
 

La contrastación entre “discursos” y “prácticas” de los primeros 150 días ha permitido identificar diversas situaciones de contexto en los que se ha desenvuelto la Administración Distrital con respecto a los temas identificados como de mayor visibilidad o controversia en el presente análisis.


Mientras en algunos casos la correspondencia es evidente, en otros se ha creado un discurso nuevo que reemplaza al anterior y que justifica la actuación administrativa, con lemas como “construir sobre lo construido”, “era inevitable hacerlo de tal manera”, o “esa era una decisión adoptada que no se podía modificar”.


La alcaldesa forma parte de un debate mundial sobre la necesidad de revisar las condiciones en que se desenvuelve el contrato social. En tal debate, se partió por incorporar el “mercado” como un actor equivalente a la sociedad y al Estado, en la propuesta de un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá, que empieza a ser contrastado frente a la realidad sobreviniente por la situación de la pandemia por el COVID-19, con argumentos retomados de diversas afirmaciones de teóricos convocados al debate y por parte de la misma ciudadanía.


La situación presentada en torno a la pandemia parece haber suscitado una reflexión en tal sentido, pues, como se dijo, en la versión que aprobó el Concejo Distrital desapareció nominalmente el mercado. Por otro lado, tampoco se presenta un enfoque claro respecto al contrato ambiental en relación con la protección de la Estructura Ecológica Principal y el objetivo de “Reverdecer a Bogotá”, lo cual significa que cualquier acción verde se podría traducir en un resultado.
 

Puedes ver: ¿Qué es el impuesto predial y cómo se puede usar para contrarrestar una pandemia?.
 

En relación con la pandemia, los discursos enunciados y las prácticas adoptadas en las primeras semanas de gobierno no correspondían con las decisiones políticas que se debieron asumir en su momento. También es evidente que a partir de la tercera semana de marzo se atendió la situación sobreviniente con un enfoque diferente al inicialmente planteado, lo que permitió que la contención de la propagación fuera más efectiva al cierre del presente análisis.
 

El distanciamiento de enfoque que se aprecia entre la Administración Distrital y el Gobierno nacional empieza a mostrar diferencias tanto en los discursos como en las prácticas frente a la pandemia que, aunque nadie estaba preparado para tal eventualidad, aparecen diferencias sustanciales en el conjunto de ideas que prevalecen en una y otra visión, por lo menos en este tema en particular.
 

La realidad social de la pandemia ha demostrado que las restricciones no se han cumplido, especialmente en el sector informal, que continúa en las calles sin las medidas necesarias de cuidado y justificando que tienen el derecho a trabajar o de lo contrario no podrán suplir sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que a muchos no les llegaron las ayudas del gobierno, y otras fueron de forma temporal. En varias ocasiones se recurrió a la fuerza policial para mantener el orden.
 

El abuso policial no corresponde con el discurso planteado por la Administración, pero sigue siendo constante en la solución institucional ofrecida a las diversas problemáticas ciudadanas que se presentan en la ciudad. Ofrecer disculpas no lo soluciona todo: es evidente que el Protocolo para la atención de la protesta social no funciona: la fuerza pública actúa en contravía a las nociones de la “Bogotá cuidadora” o la “Bogotá sin miedo”.

Los procesos disciplinarios adelantados no muestran resultados; todo sigue como si nada hubiera pasado. La evidente falta de formación en derechos humanos y los procesos de selección de los uniformados se reflejan en la fuerza desmedida que ejercen contra la población sin considerar si son niños, jóvenes, estudiantes, mujeres, adultos mayores, poblaciones indígenas o población LGBTIQ+, por mencionar algunos sectores.
 

La movilidad es un eje importante en el desarrollo de este gobierno y una prioridad en sus procesos; se destaca la apuesta por nuevas y diversas modalidades de transporte que logran conectar los territorios urbano-regionales y también acortar la distancia desde las zonas periféricas hacia las centrales, entre las que resaltan los denominados Regiotrams y cables. No es claro el hecho de que TransMilenio todavía se muestre como el eje central de la movilidad y el Metro, se siga proponiendo dentro de las dinámicas de alimentación del sistema BRT (autobús de tránsito rápido), todo esto sin generar otras rutas de intercambio, conexión o desplazamiento. La propuesta de metro cubre las mismas rutas, siendo estas en su mayor porcentaje por encima de las líneas de TransMilenio existentes.
 

Con respecto a la seguridad, las medidas en la ciudad han sido insuficientes para asegurar la reducción de delitos de alto impacto y delitos menores, y surgen varios interrogantes respecto al papel de la Policía Nacional y cuáles son las medidas que realmente aportan al mejoramiento de la seguridad en Bogotá y los enfoques que estas deberían adoptar.
 

También es preocupante la estrategia de participación que viene impulsando la Administración, la cual afectará la dinámica de las distintas personas que no cuentan con la mínima accesibilidad a medios digitales y conectividad, lo cual va a generar una norma de ordenamiento territorial en el que posiblemente no confluyen todos los intereses de la comunidad, en cuya estrategia siguen ausentes los estudios y mecanismos que permitan determinar verdaderas necesidades de las comunidades.
 

Las preocupaciones ambientales para Bogotá se relacionan con cuatro temas estratégicos que han generado muchas discusiones: la Reserva Thomas van der Hammen, la crisis climática, la calidad del aire y el tratamiento a los humedales.

Las acciones de la alcaldesa aún se quedan cortas en proteger “decididamente” los ecosistemas, pues delega sus decisiones a actos de la Administración anterior que ya estaban firmados, o a conceptos técnicos de entidades del Gobierno nacional, omitiendo el papel y la responsabilidad de la presente alcaldía. A su vez, muchas acciones que se proyectaban por medio de pactos ciudadanos se dieron a través de políticas impuestas, o simplemente se limitaron a visitas técnicas, como en el caso de los humedales, donde no ha habido una medida cautelar para detener las obras de infraestructura que se adelantan en sus proximidades.
 

Por último, en cuanto a la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), es importante resaltar que en un modelo de ordenamiento territorial no solo se derivan los aspectos biofísicos sino también las relaciones que sobre él se construyen, con entendimiento de distintas particularidades, para formular instrumentos de ordenamiento territorial que consideren esta nueva realidad orientada hacia a un proceso de redensificación en un territorio funcional compacto y una dinámica de la región con la ciudad.

 


1 El objetivo central de este análisis fue identificar la correspondencia entre los discursos (propuestas, promesas, anuncios, reflexiones, aseveraciones, comunicados, entrevistas y participación en foros, paneles, conferencias de prensa) expresados por la candidata y actual mandataria, y sus acciones concretas mediante diversos actos administrativos (decretos, resoluciones, circulares, contratos, otrosí a contratos existentes, convocatorias oficiales, apertura de licitaciones, entre otros).

2 https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

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