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Un modelo petrolero invasivo

Como lo muestra el mapa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), casi la totalidad el territorio de Arauca, Casanare y Meta se encuentran concesionados para la explotación o exploración de hidrocarburos.
 

Visto en detalle, y según cifras de la ANH, en un municipio como Yopal, capital del Casanare y que concentra más de la mitad de la población del departamento, existen a la fecha 17 áreas asignadas, 8 de las cuales se encuentran en estado de producción y 9 en estado de exploración de hidrocarburos, cada una con un promedio de 37.812 hectáreas, que pueden abarcar otros municipios.
 

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Así, según la Cámara de Comercio de Casanare, en 2016 el 70 % de la actividad económica del departamento estaba representada en actividades de minas e hidrocarburos, y además las importaciones eran 93 veces superiores a las exportaciones.

La alta dependencia que tiene la región de la economía petrolera pone de relieve el conflicto por el uso del agua y los problemas ambientales asociados con la explotación de hidrocarburos, teniendo en cuenta que el 76,3 % del uso del agua por parte del sector de hidrocarburos en el país se concentraba en la región del Orinoco, según reportes del Estudio Nacional del Agua del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de 2015.
 

Así, dados los usos que la actividad petrolera hace del agua en sus fases de exploración, producción, transporte y refinamiento, esta podría catalogarse “como una economía con usos intensivos del agua” [1], la cual ejerce una presión sobre las diferentes formas de abastecimiento que los grupos y personas de las veredas han construido o gestionado.
 

Además, las protestas ambientales y demás movilizaciones en torno a las compañías petroleras que se han presentado en las tres últimas décadas, no han estado aisladas de otro tipo de reivindicaciones por parte de las organizaciones y personas movilizadas.
 

En un primer momento, otras demandas estaban relacionadas con inversión social, arreglo de vías y fortalecimiento de la economía campesina; con el paso del tiempo se han ido sumando reivindicaciones laborales propias de las condiciones de trabajo en la industria petrolera. Esto sugiere, aparte de la delegación de funciones propias del Estado en las compañías petroleras, la ausencia estructural de inversión por parte del Estado en bienes y reformas necesarias para la población campesina, que en un primer momento presenta los salarios y oportunidades que ofrecen las compañías como una posibilidad para las familias campesinas que habitaban la zona en la época de la exploración.
 

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Poco a poco, son las compañías las que han ido sustituyendo o suplantando el papel del Estado, brindando formas de regulación ante los conflictos laborales, inversión social ante las juntas de acción comunal, y recientemente procesos de restauración ambiental que se disputan en algunos casos con dichas juntas.
 

Este tipo de injerencia plantea al menos dos problemas de gran calado frente al cambio ambiental global y escenarios de sequía que se pueden profundizar.


Por una parte, las compañías insertaron en el territorio otras escalas y procesos de lectura territorial asociados con sus capacidades tecnológicas para la explotación del subsuelo en amplios terrenos y a grandes profundidades, escalas muy disímiles y asimétricas si se piensan en relación con las posibilidades de manejo del agua de las personas de las veredas y sus formas de organización como las juntas de acción comunal.


[1] Castro, J. E. (2016). Agua e Democracia na América Latina. Campina Grande: Editora da Universidade Estadual da Paraíba.

Además, las juntas más próximas a las áreas de influencia encuentran financiación en las compañías y en sus procesos de inversión social y compensación ambiental. Es decir, el proceso frente a una crisis ambiental aguda en zonas petroleras contará necesariamente con las decisiones de grupos privados como las compañías petroleras, las cuales cuentan con servidumbres y propiedades en las regiones, lo que puede dar lugar a procesos de especulación sobre precios y restricciones concretas sobre el uso del agua dada su intermediación.
 

Por otra parte, como lo registra el último informe de derechos humanos sobre judicialización a líderes sociales, con la creación en 2001 del modelo de cooperación para la justicia a través de las estructuras de apoyo (EDA) de la Fiscalía General de la Nación, desde 2012 hasta 2018 las compañías de hidrocarburos han participado en 194 de los 365 convenios de cooperación creados para apoyar a la Fiscalía y la fuerza pública en la judicialización a personas por actividades que afecten las labores de la industria, tipificando acciones como la obstrucción de vías públicas y otras relacionadas con la protesta social.
 

Esto, a pesar de ir en contra de las garantías para la protesta, ha llevado a que entre 2017 y 2019 se acuse y judicialice a 22 personas vinculadas con reivindicaciones ante compañías petroleras en Arauca, Casanare y Meta, justamente los mayores productores de petróleo del país [2].
 

Bibliografía

  • González, A., Moore Torres, C., & Hernández, Z. (2019). Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. Bogotá D.C.: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Organización Mundial contra la Tortura; Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria.
  • Hernández, L. (2018). Coaliciones promotoras y cambios en la política petrolera colombiana: 1905-2005. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
     

[2] González, A., Moore Torres, C. y Hernández, Z. (2019). Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. Bogotá D.C.: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Organización Mundial contra la Tortura; Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria.

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