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Tres puntos para un pacto nacional por la vida de los líderes sociales

El asesinato de los líderes sociales configura un magnicidio

Los informes sociales e institucionales respecto a las agresiones contra el liderazgo social y político sorprenden a la opinión pública porque hablan de cientos de líderes sociales –hombres y mujeres–asesinados después del Acuerdo de Paz. Además de amenazas de muerte generalizadas en todo el país, cientos de casos de desplazamiento forzado masivo que golpean a pueblos y comunidades enteras en los territorios, y de otras agresiones como confinamientos, desapariciones y torturas, entre otras.

Esas informaciones también hablan del asesinato de decenas de líderes políticos y de más de 130 colombianos que firmaron el Acuerdo de Paz, asesinados entre 2016 y 2019.

Infortunadamente el asesinato y la violencia contra el liderazgo social no es nada nuevo en Colombia. El genocidio de integrantes de la Unión Patriótica, el asesinato de varios candidatos presidenciales en el siglo XX, las cifras absolutamente desproporcionadas de la violencia de los años cincuenta y el actual universo de víctimas que supera los 10 millones de personas afectadas por hechos de violencia, son algunos indicadores de esta situación histórica que tiene como telón de fondo uno de los conflictos armados de más larga duración en el mundo, pero también otras violencias estructurales y funcionales a todo tipo de intereses que aprovechan el río revuelto de la guerra.

La persistencia de estas prácticas criminales plantea preguntas de fondo que deben ser examinadas públicamente, con la perspectiva de lograr acciones efectivas de protección de la vida y de los bienes públicos y colectivos que se amenazan cuando se asesina a quienes ejercen su vocería.

¿Estamos entonces ante un Estado que ha fracasado en su deber de proteger los derechos fundamentales, cuyos voceros hacen discursos mientras los dispensadores de la muerte responden a diario con más y más asesinatos? ¿Cómo explicar la impunidad generalizada pese a que el país cuenta con un sistema institucional robusto y destina sus principales recursos al financiamiento de las instituciones de seguridad? ¿Por qué las agresiones contra los pobladores rurales, campesinos, indígenas y afrodescendientes y sus territorios son desproporcionadas?

Todavía hay más preguntas: ¿cuáles son las consecuencias de una implementación marginal del Acuerdo de Paz en estas materias? ¿Cómo romper los niveles de indiferencia social que persisten y que naturalizan esta cultura de la muerte como si fuera parte de la normalidad? ¿Se puede consolidar la paz en este ambiente de asesinatos y amenazas continuadas y sistemáticas? ¿Cuál es el impacto de esta situación sobre la participación democrática en un país descentralizado y en pleno proceso de conformación de los nuevos gobiernos territoriales?

El liderazgo social y político es la esencia de una sociedad democrática

Todo asesinato causa daños graves e irreparables. Sin embargo en el caso de quienes ejercen funciones de liderazgo las consecuencias son más profundas y complejas porque afectan directamente el nivel de los intereses colectivos de los pueblos, los movimientos sociales, las organizaciones y las comunidades.

Esos daños colectivos se traducen en la precarización de los derechos; la destrucción de la democracia y del tejido social; la ruptura de los complejos procesos históricos de formación de los líderes, y en el cierre de las oportunidades de inclusión para las nuevas generaciones.

En este sentido, el liderazgo social y político se debe tratar como el bien más preciado de una sociedad que pretende ser democrática. Una sociedad es democrática si y solo si protege los ámbitos de la participación política y de la movilización social como escenarios legítimos en los que se construye la agenda pública y se libran las mediciones de fuerza, que determinan en última instancia los contenidos de las políticas públicas y las maneras de entender el desarrollo en los territorios.

Sin embargo el pacto democrático demanda la construcción de la paz, al menos en el nivel de la supresión de la violencia como arma de la política, y un fuerte consenso en torno tanto de la legitimidad de la participación social y política como del compromiso de atenerse a los resultados de estos procesos de participación.

El asesinato masivo y persistente de los líderes sociales muestra qué tan lejos estamos tanto de este acuerdo fundamental mínimo como del poder que ejercen los sectores que se benefician de un statu quo de violencia e inequidad y que, por ende, perciben todo intento de profundización de la democracia como un peligro para sus intereses.

La protección del liderazgo social debe ser la máxima prioridad del país

Revertir esta situación demanda una política y una cultura de cero tolerancia con el asesinato de líderes sociales, a partir de un cambio profundo en varias dimensiones, las cuales se describen a continuación.

El primer aspecto es la protección y la implementación del Acuerdo Final de Paz. A diferencia de pactos excluyentes como el Frente Nacional, el Acuerdo contempla una reforma política orientada a proteger el pluralismo y los derechos de la oposición. Promueve además un sistema de garantías para el ejercicio de la política democrática, en la perspectiva de proscribir el uso de formas de violencia dentro del juego político.

Además el Acuerdo define una perspectiva de reconocimiento de la movilización social civilista como atributo de la democracia y apuesta por una sociedad civil fuerte y organizada. Igualmente anticipa los riesgos de continuidad de la violencia y crea todo un conjunto de mecanismos para la protección del liderazgo social y de quienes hacen el tránsito de la guerra a la vida civil.

Infortunadamente muchos de esos asuntos aún no se han implementado, y, por el contrario, existe una tendencia muy marcada del actual gobierno a regresar al paradigma de la llamada “seguridad democrática”.

La segunda dimensión es la obligación del Estado de contar con una política de protección individual y colectiva y una capacidad de investigación y sanción efectiva de los crímenes contra los líderes sociales.

En vez de negar la sistematicidad, o más bien las diversas fuentes sistemáticas de agresión contra los líderes sociales, el Estado debe reconocer lo evidente: existe una incapacidad sistemática del Estado para proteger a los líderes sociales que debe ser revertida con la perspectiva de construir políticas apropiadas y concertación con las comunidades y los pueblos.

Luchar contra imaginarios discriminatorios

El tercer nivel tiene que ver con la transformación de los imaginarios discriminatorios que históricamente se han creado en contra de los líderes sociales y de su tarea, y con la construcción de una cultura que valore su aporte a la generación de una sociedad democrática.

La doctrina de la seguridad nacional considera la protesta social como un mal a combatir y no como una potencia democrática. La idea según la cual los asesinatos de los líderes sociales se producen en los circuitos del narcotráfico, desconoce la evidencia empírica de las causas defendidas por los líderes asesinados.

La tesis que niega la violencia estructural atribuyendo los asesinatos a conflicto pasionales forma parte de estrategias de negación de la gravedad del problema. La idea de que tiene más valor el liderazgo urbano que el de la sociedad rural profundiza formas de discriminación y segregación estructurales e históricas en Colombia.

En el contexto actual de la sociedad colombiana, avanzar en estas tres direcciones demanda construir las más amplias y diversas formas de expresión ciudadana en torno de una política y una cultura de protección y de cero tolerancia con los asesinatos y las agresiones al liderazgo social.

La reacción rutinaria del Estado, ante la sociedad, solo permitirá la reproducción de estas formas de violencia estructural. Por el contrario, la confluencia de todas las iniciativas, campañas y esfuerzos de protección, deben redundar en expresiones de carácter nacional.

Una de ellas, a título de ejemplo, podría ser la introducción de una papeleta en las próximas elecciones territoriales con un rechazo a la violencia y un mandato protección de la vida de los líderes sociales.

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