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Tras la búsqueda de las personas desaparecidas

La desaparición forzada es un drama que aún no se supera en Colombia y cuya magnitud todavía no se ha establecido debido al subregistro. Aunque se sabe que es superior a la registrada por los países del hemisferio y se siguen registrando casos diariamente, más allá de hallar a las víctimas, lo importante es poder identificarlas.
 

La investigación “¿Destinados a desaparecer? Aportes para la antropología forense en Colombia”1 expone las condiciones y el desarrollo de paisajes funerarios contemporáneos como depositarios de víctimas letales del conflicto armado interno, posibles víctimas de desaparición forzada, reiterando una queja sostenida durante más de tres décadas.
 

En esa época los familiares denunciaban la desaparición de hijos, hermanos o padres ante instituciones sordas que desestimaban o desacreditaban hechos delictivos en periodos en los que diferentes actores armados –fueran organizaciones ilegales o agentes estatales– recurrieron a la persecución, amenaza, captura, tortura, el homicidio y ocultamiento de la víctima para acallar el crimen, afectando el entorno social y familiar que se desarticula estructural y funcionalmente.
 

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En la investigación se identifica que estas situaciones sucedían tanto por las diferencias políticas y partidistas como por la captación de rentas producidas por economías ilegales, además de variados intereses económicos de sectores productivos o extractivos o por motivaciones personales.
 

En numerosos casos las víctimas llegaron a los cementerios pero las circunstancias de su deceso o las labores institucionales para establecer hechos jurídicos y forenses –actos respaldados en documentos formales– se desconocen porque no se consideró que estos fueran aspectos que debieran ponerse en circulación y conocimiento de los prestadores de servicios funerarios, quienes muchas veces desconocieron a quién le estaban brindando servicios póstumos. Así se albergó durante años a un “NN”, a alguien con un alias o mote, o una persona cuyos reclamantes no pudieron ser localizados, allegados por Medicina Legal, la Fiscalía o la Policía.
 

En zonas apartadas física, geográfica y administrativamente la situación no era mejor. La difícil operación del aparato institucional impidió que se adelantaran procedimientos como los levantamientos de cadáver o los exámenes necrológicos, o que estos se pudieran registrar debidamente en plataformas y bases de datos. Es posible que para otros casos esas omisiones fueran más una prioridad que un hecho aislado, asociado con el proceder connivente con acciones ilegales.
 

La investigación encontró que muchos cementerios han sido espacios aislados, vedados y desprotegidos, cuyos funcionarios lamentan constantemente los exiguos fondos con los que funcionan.

Desde el imaginario de las personas estos son puntos de referencia que se creen estáticos (aunque no lo son), cruces en un mapa, algunos han sido objeto de interés histórico, arquitectónico o patrimonial, pero la mayoría tiene moderada o poca importancia local. No es el caso para algunos moradores que ocupan lugares privilegiados cercanos a las capillas rememorando las indulgencias eclesiásticas, mientras otros se erigen como ilustres prohombres, magnánimos con la comunidad o aguerridos revolucionarios, marcando sectores políticos, estratificaciones sociales o diferencias poblacionales, entre otros.
 

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En los cementerios se encuentran desde los sectores de los dirigentes conservadores o liberales, corredores con mausoleos de familias prestantes, áreas y jardines destinados a bebés e infantes, escombros y basuras que genera la operación funeraria y residencial, hasta aquellas personas que por sus limitados o inexistentes recursos reciben servicios de solemnidad para los cuales las alcaldías deben proveer anualmente partidas. En esta categoría están las inhumaciones estatales, es decir, aquellos servicios sepulcrales que provee el Estado ante la ausencia de dolientes.
 

A esto se suma que los cementerios son espacios finitos rodeados muchas veces por predios residenciales que crecieron a su alrededor, que han ido desbordando su capacidad y para enfrentarlo recurren a la recirculación de los espacios. La última morada no necesariamente es la final, y pasados cinco años las administraciones de los cementerios exhuman y trasladan cuerpos, pero esto se ha hecho históricamente de manera irregular y ha incluido personas de interés humanitario, forense y judicial, por lo que ahora hay desaparecidos –nuevamente desaparecidos– al interior de los cementerios que los custodiaban. Este es el resultado de la falta de articulación interinstitucional y del desconocimiento normativo que conlleva errores.
 

Este panorama ya se conocía y era constatado tanto por investigadores forenses como por la academia, organizaciones de familias y personas del común que alertaban sobre la llegada de cadáveres a los cementerios en condición de “no identificado” –muchos, producto de combates entre fuerzas estatales, guerrillas y autodefensas, así como de otras formas de violencia que generaron desapariciones como la ignominiosa “limpieza social”– y en otros casos por desastres naturales. Los medios de comunicación hacían eco, pero el fenómeno de la desaparición parecía ser un producto más de la violencia desbordada desde 1980.
 

Como resultado, se propuso caracterizar las dinámicas de los paisajes funerarios como alternativa que permita acciones conjuntas de protección, visibilización e intercambio, mediante las cuales los sitios de enterramiento se identifiquen, reconozcan y valoren como puntos de encuentro entre víctimas, dolientes y sociedad.


Para esto se recurre tanto a los Planes de Manejo Arqueológico –modelos que permiten establecer y evaluar las potencialidades de los sitios de interés, involucrando instituciones y comunidad en acciones que puedan conducir a ejercicios sociales y políticos de resiliencia y reparación a los actos violentos que facilitaron la desaparición de personas– como a las medidas cautelares implementadas por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), además de otros ejercicios de seguimiento y divulgación emprendidos por particulares, algunos de ellos receptores de la esta investigación que ya se encaminan en este sentido.

 


1 https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/68843; http://bdigital.unal.edu.co/70113/1/797907472018.pdf

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