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Trabajo infantil: más frecuente en la informalidad rural que en la agroindustria

El trabajo infantil, entendido como aquel realizado por niños o adolescentes menores de 18 años, que les impide educarse y tener un desarrollo pleno, es una problemática social grave no solo en Colombia sino en todo el mundo.
 

Las investigaciones sobre este tema han identificado que el trabajo afecta de manera proporcional el desarrollo cognitivo, escolar y social de los menores, y coinciden en plantear que la pobreza, la exclusión social y otros factores de vulnerabilidad son hechos determinantes para la inserción temprana en el trabajo.


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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil afecta a más de 218 millones de niños de 5 a 17 años de todo el mundo. De estos, 72 millones (casi el 33 %) están en África, 62 millones en Asia y el Pacífico, 10,7 millones en las Américas, 1,1 millones en los Estados árabes y 5,5 millones en Europa y Asia Central.
 

En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el último trimestre de 2018 se registraron 645.000 menores de edad trabajadores, 305.000 en las zonas urbanas y 340.000 en las rurales; 68,9 % hombres y 31,1 % mujeres.
 

Motivada por esta problemática social, y considerando que la oit advirtió que el 71 % del trabajo infantil se concentra en la agricultura tanto de subsistencia como comercial –que incluye pesca, silvicultura, ganadería y acuicultura–, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (unal), a través de un convenio con el Ministerio del Trabajo, indagó acerca de cómo se presenta este fenómeno en la producción de arroz, café, algodón, caña de azúcar y caña panelera, importantes subsectores agrícolas del país.
 

Para el caso del arroz y el algodón se hicieron visitas de campo a Espinal (Tolima); para la caña de azúcar a Cali, Buga y Zarzal (Valle del Cauca), y para la panela de caña de azúcar a Utica, Villeta y Pensilvania (Cundinamarca).
 

En estos municipios se entrevistaron 32 personas, incluidos funcionarios, trabajadores, sindicalistas, expertos de agencias estatales en trabajo infantil, y a niños y adolescentes con sus familias, directamente involucrados en la actividad laboral.
 

Falta control y vigilancia


Mientras los sectores de arroz, algodón y caña de azúcar han estado en un proceso de rápida industrialización, los de café y caña panelera se mantienen en un contexto de agricultura familiar, lo cual configura contextos laborales y sociales distintos, que establecen un panorama del trabajo infantil diverso.


El trabajo de campo permitió evidenciar que en las áreas de producción industrial no existe trabajo infantil, tanto por el compromiso de los empresarios con este propósito como por la vigilancia que hacen los sindicatos de estas empresas para que este no se presente.
 

Según la OIT, el 71 % del trabajo infantil se concentra en la agricultura tanto de subsistencia como comercial, que incluye pesca, silvicultura, ganadería y acuicultura.


En relación con las acciones de vigilancia y control adelantadas por las oficinas de inspección laboral, las agencias de bienestar familiar, las secretarías de salud y los equipos móviles de protección integral para niños y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estas son escasas. Por ejemplo, durante la investigación se constató que en el Espinal solo hay un inspector de trabajo responsable de más de 1.350 empresas existentes, mientras que el equipo móvil del ICBF son solo dos personas encargadas de atender a más de 100.000 habitantes.


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Sin embargo, la industrialización en estos procesos agrícolas ha generado a su alrededor economías informales, invisibles y peligrosas. Acá están los casos de los “carretilleros” y los “recogedores”, actividades informales en las cuales familias muy pobres que viven en vehículos de tracción animal recogen siembra que no alcanzan a cosechar los industriales, o la hurtan, y viven de la reventa de ellas; en este escenario se presenta vulneración de derechos a niños y adolescentes.


En algunas fases del proceso productivo de los sectores cafetero y panelero participan menores, por ser actividades agrícolas especialmente familiares. En el caso del café, ellos laboran en la siembra de plantas –que reviste peligros importantes–, la selección del café y los inventarios.


Así mismo, en la elaboración de panela realizan labores en el trapiche, como alimentar el molino y ayudar a empacar, que son actividades riesgosas. De hecho, la falta de prácticas de salud y seguridad en el trabajo en este sector ha generado una alta tasa de accidentes laborales con graves consecuencias, como amputaciones.


La mayoría de los amputados entrevistados declararon que perdieron la extremidad siendo niños o adolescentes trabajadores. Esta situación empeora por la ausencia de centros de atención médica que brinden atención oportuna cuando ocurren los accidentes.
 

Aún lejos de la erradicación del trabajo infantil


El trabajo en la agricultura colombiana sigue siendo mayoritariamente informal, en un contexto de vulnerabilidad social que compromete a toda la familia, y en el que casi todos los niños y adolescentes se ven obligados a participar en actividades laborales, muchas de ellas de alto riesgo.
 

El subregistro que existe por esta informalidad y por la ausencia institucional no permite observar la dimensión total del problema.


Aunque la normatividad colombiana en trabajo infantil recoge parte de las orientaciones internacionales, esta se debe enriquecer con políticas públicas que permitan intervenir claramente los factores determinantes del trabajo infantil, para que este se pueda superar.


No es suficiente con que el país tenga una norma que enlista las actividades peligrosas para los menores y que impida que ellos laboren en estas; es necesario entender integralmente el fenómeno en los contextos urbanos y rurales para enfrentar sus causas estructurales.


La realidad concreta y disímil de los sectores económicos y de cada territorio implica que la erradicación del trabajo infantil y la prevención de su perpetuación, además de ser un tema de regulación normativa, sea un problema central de política pública, en el cual las instituciones –de forma mancomunada y en consulta con las comunidades– generen y ajusten una oferta de servicios que garantice la restitución de los derechos de los niños y adolescentes que trabajan, y la no vinculación de otros.

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