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¿Tienen las instituciones educativas alguna responsabilidad en la extensión de la corrupción?

Hace más o menos un mes, el periodista Juan Pablo Calvás hizo la siguiente observación: “En Colombia, aunque le achacamos todos los problemas a la falta de educación, son muchas veces los más educados quienes se aprovechan de su posición social para sacarle el cuerpo a la ley”. Lo que le motivó a escribir esto fue el accidente de vehículos de alta gama en la vía que conduce de Bogotá a Tunja. El accidente fue causado por conductores que ignoraron la prohibición de exceder el límite de velocidad establecido en la ley. Luego del accidente, la DIAN inició una investigación por posible fraude fiscal pues los vehículos involucrados habrían sido reportados ante esa entidad por un valor bastante inferior al de su valor comercial. Los responsables del accidente y del posible fraude fiscal son profesionales que estudiaron en colegios y universidades con mucho prestigio social.

Los casos se pueden multiplicar. Sin lugar a equivocaciones, se podría decir que los responsables de los grandes desfalcos en el país, así como de los medianos y de los pequeños, son en su gran mayoría profesionales, esto es, personas que tuvieron la oportunidad de formarse en una institución de educación superior. La falla del sistema educativo está a la vista. El tema es identificarla.

Es posible que esa falla tenga que ver con la organización interna de los establecimientos educativos. En tal caso, se tendría que volcar la mirada sobre los principios de funcionamiento y la cultura organizacional de esos establecimientos. Muchas instituciones educativas se caracterizan por la falta de transparencia y la baja capacidad de sus miembros para demandar rendición de cuentas y, de parte de las autoridades académicas, para rendirlas. En ausencia de transparencia y rendición de cuentas, los patrones de acción que se aprenden serán el abuso de poder y la corrupción.

En los establecimientos educativos se reciben varias clases de lecciones. Unas conciernen al desarrollo de ciertas habilidades cognitivas; otras, a habilidades sociales. En el país ha habido más discusión acerca de las primeras, en particular, después de que se aceptara la comparación con otros países y nos diéramos cuenta de que las competencias de los estudiantes de bachillerato en matemáticas, ciencias naturales y uso de la lengua son muchísimo más bajas de lo que tendrían que ser. Esto se refiere a los pobres resultados de Colombia en las pruebas PISA.

Poco se ha discutido sobre el pobre desarrollo de las habilidades sociales de los educandos. Las pruebas PISA comenzaron a medir la capacidad de cooperación de los estudiantes y, cómo en el ámbito de las habilidades cognitivas, los resultados de Colombia están entre los peores.

En ausencia de mediciones sobre la cultura organizacional de escuelas, colegios y universidades, uno puede echar mano de un indicador: la situación laboral de los profesores en sus cargos en los colegios y universidades privados. Como lo destacó Pablo Correa recientemente, la gran mayoría de esos profesores son contratados a término fijo; muchas veces, sólo por 10 u 11 meses. Por lo tanto, realizan su labor con la zozobra de que, cada año, están expuestos a perder su empleo. En los colegios y universidades públicas esta situación también existe. Bastaría pedirle su testimonio a los profesores ocasionales.

Poco se ha discutido sobre el pobre desarrollo de las habilidades sociales de los educandos. Las pruebas PISA comenzaron a medir la capacidad de cooperación de los estudiantes y, cómo en el ámbito de las habilidades cognitivas, los resultados de Colombia están entre los peores.

Profesores en esa situación de vulnerabilidad carecen de la capacidad para poner en discusión las políticas de las directivas de la institución donde trabajan. Adolecen también de la capacidad para demandar transparencia y exigir una rendición de cuentas a esas directivas. En un entorno semejante, el principio organizacional es el absolutismo. Donde hay directivas ilustradas, el absolutismo será ilustrado, pero esa ilustración no hará que la institución educativa sea menos autoritaria.

Los contenidos de la educación pueden ser todos bastante cívicos y democráticos, pero si la práctica educativa es autoritaria, la mentalidad de los educandos será autoritaria. Gente que se forma sólo para obedecer, que se educa en entornos opacos en los cuales no está permitido exigirle responsabilidad a los profesores y muchísimo menos a los directivos, carece de las habilidades sociales para frenar la corrupción.

Gente dispuesta a violar la ley para su propio beneficio hay en todas partes. Pero no en todas partes hay individuos apocados, tímidos, sin el coraje suficiente para enfrentar a los corruptos. Ese coraje no es un producto espontáneo. Es una cualidad que se aprende y se cultiva. Es parte de la cultura que florece donde las instituciones permiten que surja ese coraje civil y democrático. Desafortunadamente, en Colombia, nuestras instituciones educativas no favorecen una cultura cívica y democrática que dote a la ciudadanía de las habilidades sociales para enfrentar la corrupción.

El artículo 41 de la Constitución ordena que en todos los establecimientos de enseñanza se estudie la Constitución y que haya instrucción cívica. Ese artículo establece, además, que tendrán que fomentarse “prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.” Las implicaciones de este artículo son numerosas. De partida, tendríamos que rechazar como inconstitucionales procedimientos de selección de las directivas en donde se consulta a la comunidad, pero se puede hacer caso omiso de la voluntad de esa comunidad. Pero no es sólo un asunto de consultas y elecciones. Es fundamentalmente un tema de distribución de poder dentro del conjunto de la comunidad educativa, que haga realidad el principio democrático de la transparencia y la rendición de cuentas.

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