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Suprimir el Inpec no sería suficiente

El escape de la excongresista y prófuga de la justicia Aída Merlano el 1 de octubre de este año, y la serie de sucesos que pusieron en evidencia la implicación de varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), han motivado de nuevo el anuncio de una propuesta de reforma al sistema carcelario, que incluya la eliminación de este organismo.

 

A las medidas contempladas por el Gobierno, como la desaparición de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) –encargada del manejo de los recursos para que el sistema penitenciario y carcelario colombiano opere– o que la custodia de los 134 penales del Inpec quede a cargo del Ministerio de Defensa, se suma el anuncio de algunos congresistas, que han afirmado que están preparando un proyecto para suprimir el Inpec, el cual será presentado próximamente en el Congreso de la República.

 

Puedes leer: El fracaso de la política criminal y la crisis penitenciaria.

 

Es obvio que el Inpec tiene abundantes señalamientos por corrupción y violación de derechos humanos (evidenciados muy especialmente en las sentencias de la Corte Constitucional referidas al estado de cosas inconstitucional en las prisiones), por lo que el anuncio de su eventual supresión ha tenido gran aceptación en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sin embargo, tal situación motiva plantear varios elementos para la reflexión.

 

Si en Colombia se respetaran las normas y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, bastaría con citar los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, norma aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en su 131 periodo ordinario de sesiones, realizado en marzo de 2008, a instancia de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Específicamente, sería suficiente con revisar el Principio xx:

[…] Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares.

 

No obstante, como se sabe que la existencia de dicha norma seguramente no será suficiente para que la propuesta desaparezca, es útil hacer un brevísimo recuento de la penitenciaría nacional.

En 1915 se creó la primera Dirección General de Prisiones, adscrita al entonces Ministerio de Gobierno; sin embargo, por las denuncias de corrupción surgió la idea de desaparecer esta institución y en su reemplazo crear la División General de Prisiones, creada en 1940 con los mismos funcionarios y diferente logo en sus uniformes.

 

Ante las nuevas acusaciones por corrupción surgió la novedosa idea de desaparecer dicha institución y de crear en 1964 la Dirección General de Prisiones, adscrita al Ministerio de Justicia, con los mismos funcionarios y diferente logo en sus uniformes. Sin embargo, fruto de las denuncias de corrupción, en su reemplazo se crea el Inpec en 1992, de nuevo, con los mismos funcionarios y diferente el logo en sus uniformes.

 

Puedes escuchar: “El Inpec es una mafia y nadie se atreve a liquidarlo”.

 

Y ahora, como resultado de las denuncias de corrupción y la huida de Aída Merlano, surge la propuesta de suprimir el Inpec y crear la Dirección Penitenciaria y Carcelaria (Dipec), adscrita a la Policía Nacional y por tanto al Ministerio de Defensa, con los mismos funcionarios, a los que esta vez se les cambiará el color de sus uniformes. Esta afirmación surge del hecho de que resultaría muy costoso pensar en indemnizar a los 14.628 empleados actuales para iniciar con un cuerpo absolutamente nuevo y sin conocimiento de la realidad penitenciaria.

 

Teniendo en cuenta tal argumento, no resultaría útil hacer un esfuerzo tan grande solo para hacer cambios de uniformes mientras las personas que los porten sigan  siendo las mismas, a menos que la finalidad sea otra, como por ejemplo desaparecer los sindicatos.

 

Deficiencias no implican solo a los funcionarios

 

El único efecto que se hace visible ante el cierre del Inpec es la desaparición de sus 82 sindicatos, lo que constituye una minimización de la democracia. Si bien es cierto que se pueden atribuir abusos en el desempeño de sus actividades, no hay que perder de vista que algunas de las garantías a los derechos de las personas privadas de la libertad –en especial las derivadas al evitar el incremento de la sobrepoblación y el hacinamiento penitenciario, en grandes establecimientos como La Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín– han sido un logro de algunas de estas organizaciones.

 

Es pertinente plantear que el Inpec presenta fallas referidas al personal (por ejemplo corrupción para el ingreso de elementos prohibidos, omisión de control frente al poder de los “caciques”, cobro de dineros a los privados de la libertad para ser clasificados en las fases de tratamiento, o para asignar una actividad de redención de pena, etc.), que tienen profundas implicaciones en el mal funcionamiento del sistema; aunque se traten de situaciones aisladas podrían ser investigadas y sancionadas.

 

Además: Cadena perpetua, ¿una propuesta inconstitucional en Colombia?.

 

Por el contrario, las principales deficiencias se refieren a la ausencia de una carrera penitenciaria para el nivel directivo, con el fin de que los procesos tengan continuidad; a la enorme presencia de provisionalidad en los cargos del nivel administrativo; a la falta de funcionarios en las actividades administrativas y de tratamiento penitenciario que son suplidas con los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, a pesar de que su formación y vinculación al aparato estatal fue para la seguridad; y a la falta de periodicidad o continuidad en la contratación de los funcionarios del sector salud y en general de los funcionarios de los equipos interdisciplinarios, entre otras.

 

La solución de estos problemas debería ser la verdadera preocupación a la hora de pretender solucionar los problemas penitenciarios referidos al personal.

 

Antes de desaparecer una institución para dar paso a otra, el Estado debería ocuparse de cuestiones tan relevantes como el fortalecimiento de un organismo de control disciplinario interno; de los controles disciplinarios externos por parte de la Procuraduría General de la Nación; del aparato judicial penitenciario, por ejemplo trascendiendo la mera figura del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad como funcionario que trabaja en “colaboración” con el Inpec, para dar paso a la figura del juez de vigilancia penitenciaria, como verdadera autoridad con poder judicial frente a todo el sistema.

 

Nada en ese cambio planteado se avizora más garantista, más enfocado al cumplimiento del fin resocializador asignado a la pena, o más afín a la llegada del Estado de derecho a las prisiones, por lo que resulta innecesario, impertinente y posiblemente dañino para el país.

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