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Sin educación nutricional, legislación sobre obesidad seguirá siendo ineficaz

En 2009, la Ley de Obesidad, definió la obesidad como una enfermedad crónica de salud pública, causante de diabetes, hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Aunque desde su promulgación se han implementado algunas estrategias sin mucho éxito, lo cierto es que, en la vida real, la normativa no se aplica en su totalidad.

Entre tanto, a la espera de un eventual fallo en favor de los colombianos, en el Congreso de la República sigue el debate de cinco proyectos de ley (tres en el Senado y dos en la Cámara de Representantes) que establecen medidas de salud pública para el control de la obesidad.

Otras propuestas –como la coloquialmente conocida “ley de comida chatarra”– quieren regular la publicidad y adoptar un modelo de perfil de nutrientes para los productos comestibles ultraprocesados, que le informe al consumidor sobre la presencia excesiva en ellos de azúcares, sodio y grasas saturadas, cuyo consumo excesivo afecta la salud. A pesar de su importancia en la prevención de la obesidad infantil, en junio pasado la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto, pero modificó al extremo los artículos significativos que lo fundamentaban.

El sector empresarial, productor de este tipo de alimentos, refiere que el etiquetado frontal –que no es obligatorio en Colombia– es una manera de asustar al consumidor. Nada más lejos de la realidad, es evidente que falta conocimiento y formación en nutrición.

Ante este desalentador panorama surgen preguntas como ¿qué espera el Estado para establecer una política pública centrada en la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional de los colombianos? o ¿por qué el tema se dilata y no existen acciones inmediatas en beneficio de los consumidores?

Descriptores nutricionales, el ejemplo de Chile

Uno de los aspectos más relevantes en torno a la problemática de la obesidad es el del rotulado o etiquetado. En un alimento procesado o ultraprocesado esto se refiere a la manera como se presenta en el envase la información tanto del contenido de ingredientes como del valor nutricional; en otras palabras, es una herramienta esencial para el consumidor.

Sin embargo, al analizar la forma como hoy se presenta dicha información –siguiendo un prototipo norteamericano–, resulta casi imposible que el ciudadano común pueda interpretar y tomar decisiones sobre lo saludable del contenido de lo que consume.

De ahí que países como Chile implementaran descriptores nutricionales como una medida para frenar la prevalencia de obesidad infantil, por lo que incluyó en el rótulo un sello con declaración “alto en” para nutrientes de interés en salud pública como:

*las calorías (energía)

*las grasas saturadas y

*los ingredientes como el azúcar añadido y la sal (de este alimento el sodio).

En Latinoamérica el sello ha sido una gran contribución para mantener activa la discusión de la prevención y el tratamiento de la obesidad, la forma como se está ofreciendo la información al consumidor normal y la responsabilidad de la regulación de la autoridad competente en salud. Además, va en consonancia con “la producción y el consumo responsables”, objetivo número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Urgen ciudadanos educados

En Colombia es clara la evidencia científica que concluye la existencia de una asociación entre ciertos alimentos y los problemas de salud pública de tipo epidémico como la obesidad. Ya se cuenta con resultados clínicos validados, recomendaciones internacionales como el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y estadísticas sanitarias preocupantes, además de un alto gasto sanitario en tratamientos y medicamentos.

Pese a ello, el sector empresarial, productor de este tipo de alimentos, refiere que el etiquetado frontal –que no es obligatorio en Colombia– es una manera de asustar al consumidor. Nada más lejos de la realidad, es evidente que falta conocimiento y formación en nutrición.

Las cifras de obesidad evidencian dicha necesidad urgente de que los ciudadanos sepan cómo tomar decisiones frente a su salud. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin, 2015), en la primera infancia, el exceso de peso –que incluye tanto sobrepeso como obesidad– subió de 4,9 % en 2010 a 6,3 % en 2015.

Así mismo, el exceso de peso en escolares se incrementó de 18,8 % en 2010 a 24,4 % en 2015. Además, uno de cada cinco adolescentes (17,9 %) presenta exceso de peso, uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso (37,7 %) y uno de cada cinco de ellos es obeso (18,7 %). Otros datos de la Ensin muestran que el 56,4 % de la población presenta exceso de peso, lo que significa un incremento de 5,2 puntos porcentuales con respecto a 2010; es más frecuente en las mujeres (22,4 %) que en los hombres (14,4 %) y tiene un aumento directamente proporcional con la edad.

Toda la evidencia debería ser la base para que la industria de alimentos haga una reformulación de sus productos tradicionales como un mecanismo que le permita competir en el mercado con un concepto más saludable; tales acciones podrían inscribirse en estrategias de responsabilidad social.

Fortalecer espacios de sensibilización

Entre las iniciativas en agenda pública se encuentra la formulación y ejecución del Plan Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional, que incluye una estrategia de información, educación y comunicación, el cual orientará a las colectividades a tomar decisiones frente a su comportamiento alimentario y la responsabilidad de su bienestar, después de tener una información saludable en diferentes medios tipo online y offline. Tales acciones se realizarían en los entornos familiares, educativos y laborales, entre otros.

Este proyecto debería implementarse antes de tener una ley de rotulado; así, los procesos pedagógicos previos a ciertas estrategias que impactan en los hábitos alimentarios podrían ser más exitosos y reducir las cifras sanitarias mórbidas.

Paralelamente, es necesario mejorar la divulgación de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS), que forman parte de una fracción de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en las que se muestran las cantidades y los grupos de alimentos recomendados para la población, en diferentes grupos de edad y organizadas a partir del plato saludable para la familia colombiana.

Por otra parte, es importante que desde las instituciones públicas y privadas se impulsen programas de promoción de la salud y espacios de sensibilización para darles a conocer a los trabajadores y sus familias las estrategias del Gobierno para combatir la obesidad y las enfermedades crónicas, como por ejemplo el componente “Modos, condiciones y estilos de vida saludables” establecido en el Plan Decenal de Salud pública 2012-2021. Entre los escenarios idóneos para adelantar estas acciones se encuentran el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso (24 de septiembre), y la Semana de Hábitos de Vida Saludable.

Se debe fortalecer la participación tanto de la sociedad –incluidos los niños– como de los profesionales de la salud, los medios de comunicación y las entidades estatales y no estatales para crear estrategias con un enfoque biopsicosocial que reúna los factores biológicos, psicológicos y sociales que intervienen en esta enfermedad. Para combatir la obesidad infantil en Colombia y en el mundo es esencial la regulación, pero sobre todo la educación: ciudadanías informadas no se dejan engañar fácilmente.

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