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Se avizora un cuatrienio con petróleo y conflicto

“Las cifras para 2017 y comienzos de 2018 indican que la economía colombiana está culminando el proceso de ajuste requerido ante la secuencia de choques de los últimos años que afectaron su desempeño macroeconómico. El primer choque, y sin duda el más severo, fue la caída del precio del petróleo a partir del segundo semestre de 2014, lo que produjo un fuerte deterioro de los términos de intercambio, con importantes consecuencias en el crecimiento económico y en los equilibrios externo e interno” (Banco de la República, 2018, p.9).

Mientras las políticas extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder, las económicas están estructuradas por esta élite para extraer recursos del resto de la sociedad; la riqueza fluye de abajo arriba. Como señalan Acemoglu y Robinson (Por qué fracasan los países, 2012), las luchas internas y la inestabilidad son rasgos inherentes de las instituciones extractivas.

Como se aprecia en el gráfico 1, durante el último siglo los efectos de esta clase de instituciones ha sido la caída vertical de la participación relativa de la población rural debido a los desplazamientos forzosos y a la acumulación por desposesión, en relación con los ciclos de la violencia y la expansión de las actividades minero-energéticas. En 2018 los habitantes rurales aún representan el 18,2 % de la población, es decir nueve millones de personas.

Durante los dos gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe (2002-2010) se diseñó e implementó la política de “seguridad inversionista”, continuada y profundizada por su sucesor Juan Manuel Santos (2010-2018). Con esta se rodeó a las compañías minero-energéticas de todo tipo de garantías y exenciones tributarias, de regalías, concesiones y resolución de conflictos. Las licencias otorgadas a las empresas extractivas aumentaron año a año, y hoy en día cubren casi todo el territorio colombiano (ver mapa).

En Colombia las actividades extractivas son el motor de la economía y el fundamento de las finanzas del Estado. Entre 2000 y 2017 el aporte anual de la producción de petróleo al PIB colombiano fue de 4,7 % en promedio. Durante las últimas tres décadas los hidrocarburos han participado con el 28 % de las exportaciones del país; en 2017 representaron el 33 %.

A partir de 2015, cuando la producción anual alcanzó la cifra promedio de 1.005.837 de barriles de petróleo por día, empezaron a declinar las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción. Durante 2016 la producción diaria fue de 886.198 barriles, y en 2017 de 854.121.

En 2018 la producción promedio nacional aumenta a 870.000 barriles diarios, gracias tanto a la recuperación del precio del petróleo y a la reactivación de las actividades de exploración y explotación, como a la introducción de técnicas de recobro mejorado de crudo (gráfico 2).

Las proyecciones oficiales señalan que la producción de crudo tendría una senda decreciente para el mediano plazo, así: 822.000 barriles diarios en 2022, y 805.000 en 2028. Las reservas actuales de petróleo en Colombia son de 1.800 millones de barriles, por lo tanto, a la tasa actual de explotación, la autosuficiencia del país se estima en 5,7 años.

En el caso de la multinacional canadiense Gran Tierra Energy, sus utilidades operacionales incrementaron hasta 337 % en relación con 2016.

Las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras y la elevada tasa de explotación del trabajo y de la naturaleza hacen de la actividad minero-energética un negocio sin parangón en relación con las demás actividades de la economía colombiana.

En 2017, por ejemplo, después de pasar por un par de años de resultados flojos producto en la caída de los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales, las compañías de petróleo y minería volvieron a tomar la delantera en el ranking de las mil empresas más grandes. En el caso de la multinacional canadiense Gran Tierra Energy, sus utilidades operacionales incrementaron hasta 337 % en relación con 2016. El Grupo Ecopetrol obtuvo un aumento de 88 % en su utilidad operacional (ver cuadro de las principales empresas petroleras).

La otra cara de la moneda

Esta elevada rentabilidad tiene su lado oscuro: las externalidades negativas del negocio son padecidas por las comunidades de las regiones de economía de enclave y extractivas, es decir mineras y petroleras. Las consecuencias negativas de una economía extractiva pueden agruparse en cuatro áreas:

  • conflictos ambientales generados por la actividad extractiva, basados en un escenario de iniquidad, segregación y desplazamientos masivos de población, que afectan territorios y culturas ancestrales y destruyen recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el agua;
  • despojo de activos de los pueblos ancestrales y de las comunidades campesinas, por una parte, y concentración del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra, por otra;
  • economías de enclave y ausencia de encadenamientos virtuosos económico-regionales con la explotación de hidrocarburos, y
  • militarización (legal e ilegal) de la vida cotidiana y aumento de la conflictividad y la violencia por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverlo (Sarmiento, 2018, p. 88).

En respuesta a esta crónica situación, las autoridades y los pobladores locales vienen realizando consultas populares y democráticas para votar si están o no de acuerdo con la exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos, al igual que con la implantación de la infraestructura de oleoductos en su territorio.

En las nueve consultas realizadas entre 2013 y octubre de 2017, el rechazo popular a las actividades de explotación petrolera es contundente y absoluto. La décima deliberación que debió realizarse en Granada (Meta) el 22 de octubre de 2017 fue obstaculizada por el Gobierno nacional y la Registraduría Nacional. En la actualidad hay en espera y están bloqueadas otras 59 consultas.

En poco tiempo, la Corte Constitucional debe tomar la decisión sobre si es posible prohibir la explotación de los recursos naturales y energéticos por medio de las consultas populares. Las posiciones son divididas: para algunos, estas consultas son un derecho fundamental que se encuentra reconocido en la Constitución, en consecuencia, lo que la Corte debe hacer es seguir garantizándolas y permitir que mediante este mecanismo las comunidades se empoderen, planifiquen el territorio y construyan autónoma y colectivamente sus planes de vida.

Para otros, aunque el mecanismo existe en la Constitución, no se contempla que una consulta popular pueda prohibir la actividad extractiva, máxime cuando el Estado es el propietario del subsuelo, y en consecuencia las autoridades y comunidades locales solo pueden decidir sobre la superficie.

Entre tanto, se agudiza el antagonismo entre Gobierno nacional y empresas petroleras, por una parte, en contra de las comunidades, los ambientalistas y la autoridades locales, por la otra. La percepción sobre la conflictividad económico-social-ambiental tiende a empeorar.

Continuismo en el nuevo Gobierno

El presidente electo para el periodo 2018-2022, Iván Duque, defiende la tesis de que el sector minero-energético es fundamental para el desarrollo del país y para cumplir las metas de desarrollo económico y social, por lo que reconoce la necesidad de impulsarlo durante su gobierno. Duque es partidario de implementar el fracking, o fracturamiento hidráulico en Lutitas (diferente del fracturamiento en yacimientos convencionales que se hace en Colombia desde 1959 y con el que técnicos, Gobierno y empresarios intentan confundir a la opinión pública).

La política petrolera de Duque es darles continuidad de las medidas tomadas en la administración Uribe y su ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, quien repite esa Cartera con el presidente electo.

Durante los gobiernos continuos de Uribe Vélez se promovió e implementó la fragmentación y privatización de Ecopetrol y la deslaborización de las relaciones entre los trabajadores y la empresa. Además se registró persecución en contra de aquellos trabajadores que estaban sindicalizados.

Actualmente los empresarios privados impulsan la venta total de Ecopetrol. Se trata de la enajenación de la participación de la nación en la empresa, que hoy es del 88,5 %.

La aprobación del Decreto 1760 de 2003 generó la fractura de Ecopetrol, con lo cual la empresa quedó como un operador más. Dos años después (2006), el mismo presidente fomentó la aprobación de la Ley 1118 en el Congreso de la República, con la cual entregó Ecopetrol al capital privado.

Actualmente los empresarios privados impulsan la venta total de Ecopetrol. Se trata de la enajenación de la participación de la nación en la empresa, que hoy es del 88,5 %. Sus argumentos giran en torno a la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país y al mismo tiempo contar con nuevos recursos que le permitan a la nación redireccionar recursos hacia la infraestructura. El gobierno de Duque es en esencia plutócrata, por tanto, nadie duda de que respaldará a los empresarios.

Después de conocer esta propuesta, la Unión Sindical Obrera (USO) anunció en respuesta la huelga general. La creación de Ecopetrol, en 1951, fue producto de las luchas de la USO y se enmarcó desde un principio dentro del ordenamiento legal de la nación como una empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar los recursos petroleros del país.

Ante la actual amenaza, el presidente del sindicato, César Loza, afirmó que la organización sindical rechaza la propuesta de vender las acciones que tiene el Estado en Ecopetrol. Loza calificó la iniciativa como un atentando contra la soberanía energética e invitó a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales y al país para que “nos acompañen en este proceso por la defensa del activo más valioso que tiene la nación, como es Ecopetrol”.

Explotación minera y conflicto

El estudio de la economía política de la guerra en Colombia muestra una estrecha relación entre el conflicto armado y la explotación de hidrocarburos. Los ataques a la infraestructura petrolera no responden solo a las motivaciones económicas de la insurgencia sino también a objetivos sociopolíticos, publicitarios y tácticos militares.

Frente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) –que ha hecho de la soberanía nacional, la participación popular y la defensa de los recursos minero-energéticos el sentido de su lucha–, la clase en el poder se inclina por “congelar” la negociación y prolongar la guerra fratricida. Para el gobierno de Duque la única negociación viable es la desmovilización de la guerrilla, la entrega de armas y el sometimiento a la justicia.

Este grupo insurgente es el que más se ha beneficiado de la economía del petróleo y el que ha articulado a su agenda, de manera más clara, a este sector, por lo que también es el que más ha recurrido a los atentados a la infraestructura petrolera. La prolongación del conflicto armado interno con él tendrá consecuencias en la geopolítica colombiana y en la industria petrolera.

Si el Gobierno colombiano, liderado por Duque, apoya una eventual intervención estadounidense en Venezuela, el conflicto armado con el ELN se sumará a la guerra con el vecino país por efecto de vasos comunicantes. El impacto en este sector sería directo porque ambos países comparten la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada la acumulación más grande del crudo pesado y extrapesado que existe en el mundo.

Los atentados a la infraestructura petrolera, los bloqueos a las actividades de explotación y los conflictos laborales en las empresas minero-energéticas han llevado a que en 2018 las evaluadoras internacionales vuelvan a considerar a Colombia con barriles de petróleo en riesgo. Un ejemplo es el reporte de Securing America’s Future Energy, emitido el 16 de febrero de 2018, que incluye al país en el mapa de riesgo petrolero.

El mapa titulado ”Barriles en riesgo” indica que las dilatadas conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, el rechazo a la explotación petrolera por parte de las comunidades locales y los conflictos patronal-sindicales han llevado a nuevos ataques contra los oleoductos del país, al bloqueo de la producción y a la incertidumbre del futuro minero-energético.

En resumen, a mediano plazo (2018-2022) se puede prever que con la reconquista del poder por parte de la derecha colombiana –que controla el poder ejecutivo y el Congreso– se tratará de imponer el desconocimiento de los acuerdos de paz, la negativa a las consultas populares, la privatización total de Ecopetrol, la persecución a las organizaciones sindicales, la desnacionalización y entrega de los recursos minero-energéticos a las transnacionales, dando vía libre a la producción de crudo en yacimientos no convencionales con la técnica del fracturamiento hidráulico en Lutitas y, en consecuencia, el país tendrá que padecer y afrontar, una vez más, el recrudecimiento del conflicto sociopolítico y armado.

 

Referencias:

Acemoglu, D. y Robinson, J. (2013). Por qué fracasan los países. Colombia: Editorial Grupo Planeta.

Banco de la Republica. (Marzo de 2018). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Republica.

Sarmiento, L. (2018). Petróleo, paz inconclusa y nueva lógica del conflicto. Ciencia Política, 13(25), 67-92.

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