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Salario mínimo para 2018, la discusión de cada año

El 15 de diciembre se cerró oficialmente el ciclo de negociaciones para acordar el ajuste del salario mínimo para el próximo año. La Comisión Tripartita, empleadores, centrales obreras y gobierno, realizaron el procedimiento ajustado a una rutina protocolaria de entrega de información y toma de posiciones entre las partes.

La cuarta ronda de sesiones dejó un resultado muy distante: oferta de 5.1 %, de los empleadores, y demanda del 9 %, de los trabajadores. Como consecuencia, se extiende el tiempo para alguna aproximación adicional y se está cocinando la expedición de un ajuste por decreto, probablemente para celebrar el día de los inocentes, el 28 de diciembre.

Al comienzo, los empleadores presentaron una posición no homogénea que osciló entre el 4.5 % y el 4.7 %, muy distante de la tampoco homogénea posición de las centrales obreras, que osciló entre el 9 % y el 12 %. El gobierno, por su parte, no se ha pronunciado y, probablemente, no lo hará con el objeto de mantener su supuesto papel de árbitro de una negociación entre privados, aunque la verdadera razón es no comprometerse por el efecto que tendría sobre los salarios públicos.

Esta negociación es realmente entre privados porque su resultado afecta exclusivamente a los trabajadores particulares, es decir, al 86 % de los aproximadamente 10 millones de colombianos que tienen algún vínculo como asalariados, para quienes rige el código sustantivo del trabajo -incluido el servicio doméstico- y que tienen ingresos mensuales inferiores a los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo que allí se acuerde o decida tiene implicaciones en otras áreas de la economía con reflejo en el índice de inflación. Es la base para ajustar algunos precios públicos como tasas y multas, tarifas de servicios públicos, transporte, cotizaciones en seguridad social, arriendos y transacciones inmobiliarias y en notarias, etc. Además sirve de referencia para el ajuste de salarios u honorarios de personas de ingresos más altos. No tiene impacto en los ingresos de los trabajadores por cuenta propia -otros 10 millones de personas- aunque se use la información para ajustar el precio de los bienes o servicios que ofrecen.

La inflación causada, punto de referencia

Esta negociación tiene de entrada un límite predefinido: es la inflación causada. Por decisión de la Corte Constitucional, el salario mínimo no se podrá ajustar por debajo de la inflación y debe recuperar el poder de compra perdido durante el año.

En estas condiciones, el límite inferior se encuentra alrededor del 4.1 %, que es el equivalente al IPC de los últimos 12 meses (entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017). Cualquiera que sea la decisión, se hará pública antes de que finalice el año, cuando aún no se conoce la inflación de diciembre y se presume que tendrá un comportamiento similar al del mismo mes del año anterior.

En teoría, no hay un límite superior. Sin embargo se espera que el ajuste al salario mínimo se rija por las expectativas de crecimiento de la economía y el aporte de los factores productivos: tierra, capital y trabajo. Una economía con crecimiento lento -último trimestre del 2 % y expectativa de consolidar el año en un posible 1.6 %- no es el escenario más optimista para reflejar un ajuste mayor.

Por lo pronto, la información oficial suministrada por el gobierno, muestra la existencia de una productividad laboral equivalente al 0.44 %. La suma de IPC (4.1 %) más productividad laboral (0.44 %), da un consolidado de 4.54 %, el mismo que, al parecer, fue la base de las propuestas de los empleadores en un rango entre 4.5 % y 4.7 %.

Se espera que un tercer componente que se incluya sea un factor redistributivo, dirigido a mejorar la capacidad de compra de los trabajadores y a reducir la desigualdad de ingresos del país. Este factor es ambiguo y termina siendo un componente discrecional usado por el gobierno para darle gobernabilidad a su participación en la Comisión.

Con la inclusión de este factor, más político que económico, se espera que el ajuste se encuentre por encima de 4.54 %. Ya los empresarios subieron a 5.1 % y la brecha va hasta el límite de la última propuesta que hagan los trabajadores, hasta ahora del 9 %.

Ajuste de manera protocolaria

La experiencia colombiana revela que desde 1984, cuando se eliminó el salario diferencial entre trabajadores rurales y urbanos, han transcurrido 33 años durante los cuales se ha fijado de manera protocolaria el ajuste del salario mínimo, con algunos de los siguientes resultados:

  • El índice de poder adquisitivo de los trabajadores de salario mínimo se incrementó en el 22.3 %, a un promedio de 0.67% por año.
  • El ajuste real ha sido equivalente al IPC + 0.42, es decir, para recuperar lo perdido por inflación más una adición de 0.42 que, se supone, reconoce la productividad laboral.
  • En lo corrido del presente siglo, con inflación de un digito, el ajuste ha sido del IPC + 1.17, incluyendo el factor discrecional y político.
  • Solamente en 2009, en pleno período de la política de seguridad democrática, el ajuste fue exactamente igual a la inflación pasada sin reconocimientos adicionales.
  • Y para 2014, con inflación pasada del 1.94 %, se tiene el ajuste más amplio de todo el período, equivalente al IPC + 2.56.

Dadas las actuales circunstancias de bajo crecimiento e inflación controlada, la distancia insalvable entre trabajadores y empleadores y el tradicional silencio del gobierno, se prevén varios encuentros informales sin resultados halagadores de los que saldrá la conclusión de la imposibilidad de concertar este ajuste.

Una vez más, el gobierno expedirá un decreto del que se espera no esté por debajo de la oferta final de los empleadores, hoy en 5.1 % o IPC + 1, y use su capacidad discrecional para un factor adicional.

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