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Salario mínimo alto en pandemia: un importante aliado de la reactivación económica

Antes que una excepción, esta situación se ha vuelto la regla para millones de familias. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para octubre de 2020 una cuarta parte de los hogares colombianos dejó de consumir una de las tres comidas diarias, lo cual es consistente con una disminución en el consumo de los hogares, equivalente a 33 billones de pesos con respecto a los tres primeros trimestres del año anterior. 
 

Si aceptamos que quien produce lo hace para vender, tenemos que admitir que los ingresos de unos son las ventas de otros. Esto significa que la restricción última para los productores –sin importar si son caficultores, confeccionistas o constructores– es la demanda agregada. Esta depende fundamentalmente del consumo de los hogares, que representa casi un 70 % de la demanda en Colombia. El pilar fundamental del consumo de los hogares son los ingresos que estos obtienen, los cuales provienen directa o indirectamente de los salarios que perciben quienes son empleados. Por ello, y dado el estado de pandemia, el debate sobre el salario mínimo es particularmente importante, pues su resultado podría contribuir a la recuperación económica del país, o agravar los problemas de empleo.
 

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Para entenderlo mejor, se debe considerar primero la relación de la demanda agregada con la utilización de la capacidad productiva. En una crisis económica, la capacidad productiva que se utiliza se reduce, y por lo tanto no hay incentivos para invertir en su mantenimiento, y menos en su ampliación. Esta contención de la inversión se traduce en un pobre crecimiento económico.
 

Dicha situación se revierte cuando la demanda es suficientemente dinámica para comprar bienes y servicios en una magnitud tal, que sea necesario y rentable ampliar la capacidad productiva.
 

Por esta razón, las expectativas que se tengan sobre los ingresos que perciban los hogares son de la mayor importancia para el conjunto de los agentes económicos, incluyendo a los empresarios. Si las perspectivas de ventas son desalentadoras, también lo serán las de las ganancias. Con estas expectativas, las empresas planean el siguiente año y hacen sus presupuestos en los que, tratando de compensar la débil dinámica de las ventas, se procura reducir los costos, incluyendo los laborales.

Por ello no sorprende que, en medio de la actual crisis económica global, distintos analistas insistan en flexibilizar los contratos laborales, además de disminuir los salarios y las contribuciones a la seguridad social y los parafiscales. Desde la Nota Macroeconómica n°. 27 de la Universidad de los Andes, los defensores de este tipo de medidas han ido sumando en número, pero no así en argumentos. Algunas de ellas son el documento “Impacto de la pandemia covid-19 sobre el mercado laboral en Colombia: el papel del empleo en la recuperación económica”, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), las propuestas de la ANIF, y la polémica entrevista radial del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla.
 

En el análisis “Bajar los salarios: ¿peor la vacuna que la enfermedad?” se considera que estas medidas solo tienen sentido si se considera el mercado de trabajo aisladamente y se ignoran sus particularidades institucionales.
 

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El problema está en que si todos los productores hacen lo mismo, y reducen el salario de referencia de la economía, el resultado será el contrario: disminuirá el ingreso de los hogares, se prolongará el choque negativo sobre la demanda, lo cual hará que la utilización de la capacidad productiva se recupere más lentamente, dificultándoles a las empresas mantenerse en el mercado, lo que terminará agravando la situación de empleo en el país. Así, aunque la reducción de los salarios alivie momentáneamente los costos de las empresas, antes de un año se manifestará el debilitamiento de la demanda agregada, que resultará más costoso en términos de ganancias, crecimiento económico y empleo. 
 

Un propósito nacional debe ser aumentar el ingreso de los hogares. Para lograrlo es indispensable aumentar los salarios, no disminuirlos.


Propuestas como la de un ingreso básico universal y la de un programa de trabajo garantizado avanzan decididamente en el sentido correcto. Asumir este propósito también implica que quienes negocian el salario mínimo superen rápidamente las pretensiones iniciales, que además de irreales son irresponsables. Actualmente las propuestas de variación del salario mínimo que se barajan en la opinión pública están entre -20 y 14 %, un rango tan amplio que vulnera tanto la confianza inversionista como la cohesión social.


Ponernos como desafío aumentar el ingreso de los hogares también implica que quienes participamos de la discusión intentemos sumar argumentos para alinear los intereses de las empresas y los trabajadores. Ojalá algunos analistas reconozcan con igual vehemencia que a los empresarios y a los trabajadores les interesa que los hogares tengan mejores ingresos.

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