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Rescate del galeón San José: nuevo capítulo, nuevas prioridades

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender el proceso de rescate del naufragio del galeón San José (GSJ) constituye una decisión prudente que debe ser valorada, incluso si tal aplazamiento está supeditado a una decisión que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá tomar próximamente.

Como se sabe, el Tribunal está cerca de fallar una acción popular que impugnó el proceso de adjudicación de una alianza público privada (APP), a una, y hasta hoy única firma opcionada –la compañía Maritime Archeology Consultants Switzerland (MACS)– para realizar el rescate y hacerse con los beneficios que este le reporte en términos de la APP.

La decisión presidencial es una coyuntura particular que abre las puertas para reflexionar sobre el futuro del naufragio teniendo en cuenta que, además, llega un nuevo Gobierno, lo que, muy probablemente, abrirá espacios para eventuales cambios en las orientaciones y para consolidar políticas públicas en materia de patrimonio cultural subacuático, hasta ahora ausentes.

Una cuestión de primer orden internacional

Cualquier consideración sobre el galeón San José debe empezar por poner de relieve que estamos ante uno de los naufragios más valiosos del planeta, de interés para toda la humanidad.

Las incertidumbres y las reclamaciones sobre derechos respecto de algunos naufragios, como el Titanic por ejemplo, están aún por resolver.

Esta situación pone al galeón –y al destino que quiera dársele– en el centro de atención mundial –o al menos entre los países involucrados– de varias organizaciones internacionales y de las comunidades científicas de cultura, historia, arqueología, antropología, derecho del mar y de la exploración submarina. Además pone a Colombia como país de primer orden en la toma de decisiones sobre el futuro de ese naufragio.

Tomar decisiones no es tarea fácil. No existen dos “San José” en el mundo. En 10.000 años de historia de la navegación marítima, solo desde hace algunas décadas ha sido posible desarrollar la tecnología para hacer la exploración submarina. Las incertidumbres y las reclamaciones sobre derechos respecto de algunos naufragios, como por ejemplo el Titanic, están aún por resolver, lo cual complica aún más el panorama de incertidumbres.

Si hay intereses sobre el naufragio del San José –como mencionó el presidente Santos y como existen sobre cualquier naufragio histórico–, ninguno es tan relevante como el que persigue la compañía MACS respecto del galeón San José y del que está a punto de “coronar” el 50 % de su valiosa carga.

La Constitución Política y las leyes colombianas sobre patrimonio cultural, al igual que los tratados internacionales en materia de cultura, otorgan a los ciudadanos un rol limitado, pero que puede ser eficaz, en la preservación de ese galeón. De tal manera que es perfectamente lícito que haya habido un grupo de ciudadanos preocupados por el destino del patrimonio cultural subacuático contenido en su naufragio, con opciones de presentar acciones judiciales, según la legislación vigente.

Escribir un nuevo capítulo

El gobierno Santos priorizó un ilusorio y solitario proceso de rescate del galeón, limitándolo a una APP y a las compañías postulantes en ese proceso, en realidad una sola, lo que aísla a Colombia de otras opciones de cooperación en la escena internacional.

Cabe preguntarse, entonces, si el nuevo capítulo sobre el naufragio del San José estará marcado por mayores aperturas hacia diversas formas de cooperación internacional, hasta ahora inexploradas por el país, que puedan resultar más beneficiosas para nuestros intereses culturales.

El país debería considerar como uno de sus referentes para el patrimonio cultural subacuático, la Convención de 1972 de la Unesco

Colombia debe escribir un nuevo capítulo del libro del galeón San José, en el cual sea posible salir de la lógica de un solo proponente que la condena a entregar la mitad de la carga a una compañía de exploración submarina.

El nuevo gobierno que asume en un par de semanas, deberá, inicialmente, hacer una evaluación de la situación actual del galeón, que incluye la espinosa cuestión del 50 % del valor de la carga reconocida a favor de la Sea Search Armada, cuyos abogados, muy diligentemente, habían anunciado que reclamarían la mitad de lo que saliera a flote una vez se materializara el rescate. ¡Menudo problema!

Para ese nuevo capítulo, el país debería considerar –como uno de sus referentes para el patrimonio cultural subacuático– la Convención de 1972 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que forma parte de la legislación colombiana, mediante la Ley 45 del 15 de diciembre de 1983.

Esa Convención establece mecanismos eficaces para la cooperación internacional entre Estados y para la investigación científica compartida entre academias y centros de investigación de diversos países, en temas de patrimonio cultural y natural.

Prioridades

Con ocasión del anuncio del hallazgo del naufragio, España oficialmente había expresado sorpresa por cuanto no fue informada de las operaciones de exploración del sitio, señaló que el galeón está protegido por la figura de la inmunidad soberana, y anunció que, de ser necesario, habría futuras demandas ante cortes internacionales.

¿Qué peso pudieron tener esos anuncios de España en la decisión de suspensión del proceso de APP? Es algo que no se puede afirmar ni descartar en este momento. Lo cierto es que el nuevo Gobierno deberá fijar una posición respecto de España, pues hasta ahora la asumida por los responsables del proceso de rescate no ha sido la más conforme con el derecho internacional.

Para Colombia es necesario analizar a fondo la figura de la inmunidad soberana, para, con base en ello, asumir una posición respecto del naufragio.

Una evaluación preliminar del problema debería superar el marco estrictamente individual del galeón San José para abarcar todo el patrimonio cultural subacuático en aguas de Colombia y proponer unas líneas de política pública, que no existen.

El nuevo Gobierno deberá fijar una posición respecto de España, pues la asumida por los responsables del proceso de rescate, hasta ahora, no ha sido la más conforme con el derecho internacional.

Una valoración de los estándares científicos de la arqueología que se pudieran aplicar a los naufragios en aguas colombianas también debería ser una prioridad para el Gobierno entrante, además del desarrollo de capacidades propias en Colombia para explorar sitios arqueológicos con fines científicos y con apoyo de instituciones de otros países.

Si bien el galeón San José y la escuadra que se hundió con él condensan varios siglos de historia de la navegación marítima en el Atlántico y el Caribe, tanto de América como de Europa, no es menos cierto que su futuro se anuncia prometedor para la ciencia y la cooperación internacional, a condición, desde luego, de elaborar las estrategias y políticas que mejor correspondan a la posición privilegiada de Colombia respecto de ese patrimonio cultural.

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