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Relleno sanitario proyectado en Bojacá se ubica en zona de recarga de acuíferos

Hace unas semanas rondaba esta pregunta: ¿por qué la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) conceptuó positivamente y otorgó licencia al nuevo relleno Praderas del Antelio en Bojacá?

Teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación determinó que la CAR ya no era autoridad ambiental en el caso de los rellenos sanitarios de Cundinamarca, rondó una nueva pregunta. Si el problema era que la CAR tenía conflicto de intereses por ser propietaria de los predios del relleno Nuevo Mondoñedo es entendible que no conceptúe sobre este relleno según lo establecido en el artículo 52 de la Ley General de Ambiente (ley 99 de 1993) y su reglamentación de licencias ambientales (artículo 8 del decreto 2041 de 2014).

¿Pero por qué la Procuraduría le quitó la competencia sobre los demás rellenos sanitarios de Cundinamarca, incluido –claro está– el Relleno sanitario Doña Juana y el nuevo relleno de Praderas del Antelio, si no tiene intereses en ellos?

A mediados de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  le pidió al Programa de Investigación sobre Residuos Sólidos, de la Universidad Nacional de Colombia (UN), un estudio técnico para identificar sitios potencialmente aptos para la disposición final de los residuos sólidos generados en Bogotá.

El estudio debía basarse en el decreto 838 del 23 de marzo de 2005 –de la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente–, que modificaba el decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y el cual contempla una metodología técnica para tal fin.

Fue una sorpresa encontrar que el relleno Nuevo Mondoñedo no cumplía con el decreto 838 porque se encuentra sobre la zona de recarga del acuífero Neógeno Cuaternario, lo que está prohibido en este.

El estudio finalizó a comienzos de 2017 y sus resultados mostraron que no hay sitios potencialmente aptos para la disposición de residuos sólidos (rellenos sanitarios) en el área rural de Bogotá, pues ningún polígono analizado superaba la necesidad de área, o no cumplía cabalmente con las restricciones, o su calificación era muy baja. En este proceso se calificaron 19 criterios técnicos y se descartaron las áreas relacionadas con las cuatro prohibiciones definidas en el decreto 838:

  • Fuentes superficiales de agua.
  • Recarga de acuíferos.
  • Hábitats naturales críticos.
  • Reservas naturales.

También se verificaron las restricciones establecidas en el mismo decreto:

  • Un kilómetro de distancia horizontal a áreas urbanas.
  • Proximidad a aeropuertos.
  • Fuentes subterráneas.
  • Áreas inestables.
  • Zonas de alto riesgo sísmico.

Entonces, durante el desarrollo del proyecto se decidió buscar áreas potenciales en los municipios de Cundinamarca, vecinos a Bogotá.

Al aplicar nuevamente el modelo se hallaron varias áreas potenciales en dichos municipios. Sin embargo fue una sorpresa encontrar que el relleno Nuevo Mondoñedo no cumplía con el decreto 838 porque se encuentra sobre la zona de recarga del acuífero Neógeno Cuaternario, lo que está prohibido en este.

Por lo tanto, se concluyó que, según el decreto 838, el relleno Nuevo Mondoñedo no debió haberse construido, como lo muestra el mapa de la figura 1. Además se detectó que la celda de seguridad para la disposición de residuos peligrosos de Tecniamsa también está sobre la misma zona de recarga del acuífero Neógeno Cuaternario.

Cuando se cotejó la localización del polígono del predio Praderas del Antelio, donde quedaría ubicado el nuevo relleno sanitario, no fue extraño descubrir que también queda en la zona de recarga de los acuíferos Neógeno Cuaternario y de Guadalupe (ver figura 1), por lo que surgió de nuevo la pregunta ¿por qué la ANLA otorgó licencia a este nuevo relleno sanitario si no cumple con lo establecido en el decreto 838?

Cambio de la norma 

En busca de la respuesta, se encontró que el 2 de noviembre de 2017 (escasos cuatro meses atrás de haber otorgado la licencia) la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda emitieron el decreto 1784 que modifica y adiciona el decreto 1077 de 2015 sobre las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo y que, en teoría, derogaba el decreto 838 de 2005.

Pese a la derogatoria, las solicitudes de licencia se rigen por las normas vigentes al momento de ser requeridas. Por lo tanto, si la solicitud del proyecto Praderas del Antelio se radicó en marzo de 2014, le aplicaba total y plenamente el decreto 838 de 2005, con base en el cual la CAR o la ANLA debían dar el mismo resultado: negar la licencia porque se encontraba en una zona de recarga de los acuíferos Neógeno Cuaternario y Guadalupe (figura 1), prohibido en el decreto 838.

Por otra parte, el decreto 1784 está sujeto a que el municipio defina los sitios de disposición de residuos sólidos –como un uso del suelo– en su plan de ordenamiento territorial (POT, EOT o PBOT). En concreto, sobre la localización de áreas el artículo 2.3.2.3.9. señala que “con el fin de ubicar áreas para nuevos rellenos sanitarios municipales o regionales, el ente territorial definirá la incorporación al plan de ordenamiento (POT, PBOT, EOT) de los polígonos donde potencialmente se localizarán dichas áreas, según los siguientes criterios:

  • Identificación de determinantes ambientales debidamente incluidas en la cartografía oficial del POT, PBOT o EOT.
  • Establecimiento de la cercanía a aeropuertos en cumplimiento de las directrices de la Aeronáutica Civil referidas a obstáculos o impedimentos a la aviación.
  • Identificación de áreas con riesgo no mitigable incorporadas en el POT, PBOT o EOT
  • Identificación del perímetro urbano, zonas de expansión urbana y centros poblados.
  • Identificación de sitios intervenidos con la actividad de disposición final de residuos”.

En el parágrafo 1, el decreto 1784 precisa que con base en dichos criterios “se definirán las áreas disponibles sobre las que se deberán realizar los correspondientes estudios técnicos que establezcan su potencialidad para el desarrollo de proyectos de nuevos rellenos sanitarios o ampliación de los existentes. Los elementos técnicos para la determinación de áreas potenciales para nuevos rellenos sanitarios municipales o regionales o ampliación de los existentes, se efectuará por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

De esta manera, el ente territorial es el que definirá los “determinantes ambientales” que considere para su territorio. Esto es un retroceso administrativo y ambiental porque aunque el decreto 838 era laxo en unos puntos, definía un instrumento aplicable a cualquier terreno, en el cual las particularidades de cada región eran castigadas o resaltadas en el procedimiento de evaluación. No es adecuado que los determinantes ambientales queden a criterio del ente territorial de turno. Estos deben basarse en criterios universales, científicos y técnicos. Además, deberían ser una responsabilidad del Ministerio de Ambiente, los cuales, ya estaban incluidos en su mayoría en el decreto 838.

La ley está por encima 

Por encima de los dos decretos mencionados debe primar la ley 99 de 1993, que en su artículo 1 sobre principios generales ambientales (numerales 4, 5 y 6) señala lo siguiente:

  • “Numeral 4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.
  • Numeral 5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.
  • Numeral 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

Así las cosas, ¿no debería primar sobre todo la protección especial de las zonas de recarga de acuíferos como lo plantea la ley? ¿No debería tener prioridad el consumo humano que aprovecha alrededor de 3 millones de m3 al año en solo los 40 pozos más cercanos al proyecto como también lo plantea la ley? ¿En todo caso no se debería aplicar el principio de precaución? ¿Se equivocó la ANLA al otorgar esta licencia sin tener en cuenta estos aspectos consignados en la Ley de Medio Ambiente?

Por otra parte, sobre las características de los sitios de ubicación de rellenos sanitarios y el recurso del agua, el numeral F.6.2. del reglamento de agua potable y saneamiento básico (RAS 2000, resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico) señala que:

  • “La distancia de ubicación del sitio para la disposición final, con respecto a cuerpos de aguas superficiales, deberá ser mínimo de 500 m a partir de la orilla del cuerpo de agua o de la base de los diques; en el caso de las corrientes superficiales, a partir del centro del cauce” (numeral 3).
  • “Fuentes de agua potable. La distancia mínima del sitio a los pozos de agua potable, tanto en operación como en abandono, a los manantiales y a cualquier fuente superficial o subterránea de abastecimiento hídrico debe ser mayor de 500 m” (numeral 5).

Con base en este reglamento ¿no debieron considerarse las distancias mínimas para otorgar la licencia? El mapa de la figura 1 muestra claramente que varios pozos están ubicados a menos de esta distancia.

Bajo ninguna circunstancia la licencia ambiental para el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo debió ser otorgada mediante resolución 694 del 3 de junio de 2005 por la Oficina de Licencias Ambientales del entonces Ministerio de Ambiente, teniendo en cuenta que era posterior al decreto 838 de marzo de 2005.

En el decreto 1713 emitido en 2002 por la Presidencia de la República y los Ministerios de Desarrollo y Medio Ambiente –vigente cuando se solicitó la licencia del relleno Nuevo Mondoñedo– se había ratificado lo establecido en el RAS 2000 sobre las distancias mínimas entre el sitio de disposición final y las fuentes de agua, además de la prohibición de ubicar este tipo de proyectos en áreas protegidas ambientalmente (exigencia de la Ley de Medio Ambiente), en cuyo artículo 88 (numeral 2) establece:

  • “La distancia mínima del sitio de disposición final a los pozos de agua para consumo humano, tanto en operación como en abandono, a los manantiales y a cualquier fuente superficial de agua, debe ser de 500 m, distancia que puede ser modificada según los resultados de los estudios ambientales específicos”.
  • “El sitio de disposición final no deberá ubicarse en zonas de pantanos, humedales, rondas de los ríos y/o áreas protegidas ambientalmente”. Y en el artículo 89 la ley señala que “para la selección del sitio de disposición final de los residuos sólidos, en la etapa de factibilidad, el interesado deberá realizar un estudio de alternativas y cumplirá las demás exigencias determinadas en la ley 99 de 1993 y demás normatividad ambiental vigente”.

El decreto 838 de 2005, que modificó el 1713 de 2002, toma el mandato de la Ley de Medio Ambiente al establecer que “las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial” y lo estableció como una prohibición en la metodología. Así, bajo ninguna circunstancia la licencia ambiental para el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo debió ser otorgada mediante resolución 694 del 3 de junio de 2005 por la Oficina de Licencias Ambientales del entonces Ministerio de Ambiente, teniendo en cuenta que era posterior al decreto 838 de marzo de 2005.

Otro detalle es que el Ministerio de Vivienda adopta el RAS actualizado a 2012, mediante la resolución 330 del 8 de junio de 2017, en la que señala que los rellenos sanitarios “son proyectos de utilidad pública o interés social”. Según la ley 142 de 1994 (artículo 223) se ratifican los aspectos a tener en cuenta para su localización, diseño y construcción, y se establecen como “requisitos mínimos”:

  • Los usos del suelo establecidos en el plan de ordenamiento territorial (POT), los planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT) o los esquemas de ordenamiento territorial (EOT), según sea el caso; además de lo definido en el PGIRS del municipio, distrito o región.
  • Los requisitos establecidos en el decreto 838 de 2005 compilado en el decreto número 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.
  • Las prohibiciones y restricciones establecidas en el decreto 1736 de 2015[1] o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Perdiendo puntos para ingresar a la OCDE 

Por otro lado, en el documento elaborado por la Secretaría de la OCDE, “Colombia políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo”, de enero de 2015, el país se compromete a cumplir con una serie de decisiones y recomendaciones para poder ser miembro de este organismo.

Entre los apartados hay un área especial llamada “desempeño ambiental”, la cual tiene en cuenta el manejo de los residuos sólidos urbanos (no peligrosos), en la que la OCDE le pide a Colombia “promover una gestión de residuos respetuosa con el medio ambiente, incluida la inversión en capacidad de infraestructura de tratamiento de residuos, de acuerdo con una aplicación adecuada de la normativa medioambiental en materia de vertidos”. Con las acciones descritas, ¿el país está cumpliendo con estos compromisos internacionales?, ¿se le fallará al país y se le mentirá a este organismo internacional del cual queremos formar parte?

Finalmente, el numeral 5.3. del documento Conpes 3874 de 2016 señala que “[…] también se quiere avanzar con la implementación del principio de jerarquía de los residuos, es decir que las acciones de política estarán dirigidas a:

  • Prevenir.
  • Reutilizar.
  • Aprovechar.
  • Tratar los materiales con fines de valorización y para que se permita optimizar la operación de los rellenos sanitarios.
  • En el caso de que no sea posible lo anterior, garantizar su eliminación o disposición final con el cumplimiento estricto de estándares ambientales”.

¿Nos engañaremos nosotros mismos? ¿Dejaremos, como en otros casos, que el papel aguante todo? ¿Seguiremos lanzando políticas que no cumplimos?

Con este tipo de decisiones y acciones queda la ardua tarea –como docente de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente del programa de Maestría en Ingeniería Ambiental– de mostrar y explicarles a los estudiantes que en Colombia:

  • Es posible acabar de golpe con todo lo construido en lustros. Se puede construir un relleno sanitario en cualquier parte, sin importar conceptos técnicos en lo ambiental, solo el criterio del ente territorial de turno.
  • Los principios de desarrollo sostenible, de precaución, de menor impacto ambiental, de lo técnicamente seleccionado, etc., solo quedan en el papel, son solo frases de cajón, un decir común o, en últimas, una mentira, y que las normas no importan pues se las “pasan por la faja”.

De seguir así, no queda más que actuar como el refrán que dice “mejor apague y vámonos”.

 


[1] El decreto 1736 de 2015, de la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), retira las fallas geológicas como prohibición para localizar rellenos sanitarios del decreto 838 de 2005 emitido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)–, pero mantiene como PROHIBICIÓN: “[….] ii) las zonas de recarga de acuíferos, iii) los hábitats naturales críticos, y iv) y las áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales […]”.

 

 

 

 

 

 

 

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