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Reformas contra la corrupción: aún a medio camino

En muchos países, incluido el nuestro, la primera cosa en la que se piensa para combatir la corrupción es en aumentar las penas y en endurecer el tratamiento punitivo de los condenados. Conforme con esta mentalidad, una de las medidas propuestas en la Consulta Anticorrupción fue precisamente que los corruptos siempre tuvieran que ir a la cárcel.

La mayoría de las iniciativas de ese tipo parten del supuesto de que el principal disuasivo de las violaciones a la ley es la pena en la que llegarían a incurrir sus responsables. Empero, si la probabilidad de que tal pena sea impuesta es baja, el efecto disuasivo también será bajo.

Las reformas propuestas por el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación procuran remediar esta situación. Aquí analizaré algunas de ellas.

Una primera consiste en la creación de una red para la prevención de la corrupción. Lo singular de esta red es que de ellas harían parte las unidades de control interno de las entidades públicas.

Los integrantes de estas unidades se sometieron a un proceso de selección meritocrático y hoy son de carrera, lo cual les otorga cierta inmunidad frente a las presiones de los funcionarios de turno para validar transferencias de recursos corruptas. En teoría, al actuar en red, la probabilidad de detectar actos de corrupción aumentaría.

Una segunda reforma con la cual también aumentaría la probabilidad de identificar actos de corrupción es la que busca la construcción de un sistema de alertas basado en la sistematización de la información patrimonial de todos los empleados públicos.

Cualquier incremento patrimonial injustificado darían lugar a la activación de ese sistema de alertas. La pieza clave del sistema está en superar la fragmentación de la información de la actividad económica relativa a los empleados públicos.

Más ojo a los empleados públicos

Uno de los ejes de la iniciativa es la obligación de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de enviarle oficiosamente a la Procuraduría y a la Contraloría toda información financiera sospechosa que involucre a empleados públicos o a empresas.

La reforma convierte, además, en una falta disciplinaria dolosa gravísima la omisión del deber de los funcionarios de informar sobre su patrimonio y sus incrementos o reducciones.

El aumento de la probabilidad de la detección de actos corruptos también incluye un reforzado deber de información en los casos de conciliaciones extrajudiciales que involucren entidades públicas, deber que se inscribe dentro del propósito de multiplicar las alertas de casos de corrupción.

Otro asunto al que apunta la reforma es al fortalecimiento de las personerías que, en muchos municipios de Colombia, carecen de una base profesional adecuada. Para tal efecto, se prevé que los estudiantes de derecho puedan cumplir su judicatura en esas personerías.

En relación con la actividad contractual del Estado, la reforma obliga a las entidades públicas a entregarle a los ciudadanos, que se constituirían en veedores, toda la información relativa a la ejecución del contrato, incluida su ejecución presupuestal.

Si bien hoy esta información puede ser obtenida vía derecho de petición, la inclusión de esta obligación en la reforma fortalece la posición de los ciudadanos de cara al Estado. Conviene observar, sin embargo, que el incumplimiento de esta obligación no tiene asociada directamente sanción alguna, lo cual expone a los ciudadanos al desgaste de tener que recurrir a la acción de tutela para que el funcionario público cumpla con su deber.

Lunares de la reforma

Nada plantea la reforma acerca de la publicación de la información de la actividad contractual del Estado en Internet. En la actualidad existe un portal en el cual esa información está disponible. Sin embargo, ese portal no la hace inteligible. Permanece opaca, lo cual dificulta enormemente la actividad de vigilancia ciudadana sobre la acción del Estado.

Hay otros aspectos de la reforma que se inscriben en la visión de aumentar las penas y que son una novedad en el sistema legal colombiano, como es el caso de las penas a las personas jurídicas. No obstante, no nos deberíamos engañar acerca del limitado alcance de estas iniciativas.

En el Congreso de la República no hay voluntad para tramitar una reforma a la provisión de los empleos en el sector público, que sirva para construir una burocracia verdaderamente profesional y meritocrática, inmune a las presiones de los políticos.

No se ataca un nudo grande

Desde el Frente Nacional, pasando por el cambio constitucional de 1991, hasta ahora, la ausencia de esa burocracia profesional y meritocrática es una de las principales causas de la corrupción. Los políticos han convertido el empleo en el Estado en un mercado de favores y se aprovechan de la precarización de los empleados para obtener múltiples favores en ese mercado.

La judicatura en Colombia continúa tomada por cofradías que interfieren en el nombramiento de jueces y magistrados. Con el escándalo del 'Cartel de la Toga', el país despertó a la realidad de un sistema de roscas que, como en la administración pública, intercambian favores ilegales en la administración de justicia.

Ese sistema de roscas se vio fortalecido con la facultad de los magistrados de intervenir en el nombramiento de otros altos dignatarios del Estado y con los vasos comunicantes que se establecieron con la clase política por la vía del nombramiento de los miembros de corporaciones como el antiguo Consejo Superior de la Magistratura. Sin embargo, su origen tiene mucho que ver con una estructura social y académica en la cual la pertenencia y lealtad a una cofradía ha estado por encima del amor a la patria.

El Gobierno también ha presentado un proyecto de reforma política, que procura reducir los incentivos para el cultivo de una reputación personal basada en la distribución de favores con fines electorales. Esta iniciativa merece ser analizada en otro espacio.

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