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Reforma tributaria que esboza el Gobierno es inminente

Desde hace varios años, los ingresos tributarios no alcanzan a cubrir el presupuesto nacional. Por eso se habla de un déficit estructural en la hacienda pública de la nación. En el 2000 la brecha entre los ingresos corrientes de la nación (ICN) y el Presupuesto General de la Nación (PGN) era de 72 billones de pesos de 2019 (14,7 % del PIB = 9,8 % - 24,5 %); en 2019 esa misma diferencia fue de 97 billones de pesos (9,3 % del PIB = 14,7 % - 24 %) y se espera que para 2020 alcance los 151 billones de pesos (15,4 % del PIB = 14,3 % - 29,7 %), debido al aumento nominal del PGN entre 2020 y 2019 en cerca de 50 billones de pesos y la caída de los ICN en cerca de 12 billones de pesos. El Gobierno nacional espera que esta brecha se mantenga en 2021 según el PGN aprobado para el próximo año.
 

El endeudamiento público presiona los presupuestos públicos por la vía del servicio de la deuda, amortizaciones más interés de la deuda pública (interna y externa), la cual ha sido la principal fuente de financiamiento de ese déficit estructural, y que en 2020 no ha sido la excepción.
 

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Entre octubre de 2019 y 2020 el saldo de la deuda pública aumentó en 110 billones de pesos al pasar de 509 billones de pesos a 619,4 billones de pesos (61 % del PIB). Además resulta importante anotar que el actual perfil de la deuda nacional muestra que el 11 % de las amortizaciones y el 10 % del pago de intereses se concentran en 2021.
 

Esto resulta ser un elemento central para que la actual administración del presidente Iván Duque impulse la reforma fiscal, pues para ellos la pérdida del grado de inversión es un problema, en la medida en que los inversionistas privados en sus reglamentos y estatutos, en sus reglas formales e informales, tienen estipulado el manejo de los instrumentos financieros emitidos por los gobiernos y el sector privado con base en la evaluación y clasificación de los riesgos de los títulos de deuda de las calificadoras de riesgo.
 

En estos momentos críticos de la humanidad son varias las voces que han expresado y buscado mecanismos para que el sistema de deuda pública no quede en mano de las evaluadoras de riesgo y que sea la institucionalidad internacional (la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional) quienes den las garantías necesarias para que no se afecte la estabilidad financiera internacional ante una oleada de impagos.
 

En Colombia el 54 % de la deuda externa se encuentra en bonos, y de los 350 billones de pesos en títulos de tesorería (TES) están en manos de los fondos de pensiones y cesantías (103 billones de pesos), fondos de capital extranjero (87 billones de pesos) y de los bancos comerciales (54 billones de pesos).


Esto le resta margen de maniobra al Estado colombiano frente a un sector privado que ha sido reacio a los llamados de la ONU a facilitar un alivio considerable de la deuda. Es por eso que los vendedores de política buscan mecanismos de profundización de la tributación más que de alivio de la deuda pública; y más de mecanismos que no afecten a sus representados.
 

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Es en este orden de ideas, la base de la nueva reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional tiene como pilar fundamental la reducción de las exenciones fiscales del IVA a través de la universalización de la tarifa general del 19 % del IVA a los productos de la canasta familiar.
 

Pero, ¿qué quiere decir esto? En el gasto tributario del IVA se contabilizan tanto los bienes exentos y excluidos como el gasto tributario generado por la diferencia entre la tarifa general y las otras posibles tarifas que gravan otros bienes y servicios.
 

El Estatuto Tributario (ET) en sus artículos 424 y 476 presenta los bienes y servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. En cada uno de ellos se referencia el tipo del bien y del servicio, entre los que destacan: la papa, el tomate, la cebolla, el pan, el arroz, el agua, la sal, la energía eléctrica, el gas natural y el gas licuado propano, entre otros. Todos ellos con diferentes tipos de ponderadores a nivel de cada una de las clases sociales (tabla 1). Por ejemplo, para la clase alta el arroz representa el 0,21 % de su canasta de consumo, mientras que para la clase media es del 0,89 %, para la clase vulnerable del 1,99 % y para los hogares pobres del 2,56 %. En el caso de la energía eléctrica los ponderadores resultan ser: 2,11 %, 3,13 %, 3,53 % y 3,56 % respectivamente.
 

Tabla 1. Ponderación de los bienes excluidos en la canasta familiar

Entre los servicios excluidos están: los servicios médicos, odontológicos y hospitalarios; los servicios tanto de educación como de transporte público, acueducto y alcantarillado; el arrendamiento de inmuebles para vivienda; los intereses y rendimientos financieros; y las comisiones percibidas por la utilización de tarjetas crédito y débito, entre otros (tabla 2).
 

Tabla 2. Ponderación de los servicios excluidos en la canasta familiar

Así pues, en el marco de la propuesta gubernamental de gravar todos los bienes y servicios de la canasta familiar a la tarifa general del 19 % se encuentran los arriendos que pagan los hogares, y que representan un porcentaje importante en el total de gastos, 10,60 % para el total de hogares, 19,85 % para los hogares pobres y el 6,40 % para los hogares de ingresos altos, denominada por el DANE como “clase alta”.
 

Si se gravan los arriendos con el IVA del 19 %, se recaudarían alrededor de 6,8 billones de pesos al año, siendo el aporte potencial por parte de los hogares pobres del orden de los 1,8 billones y los restantes 5 billones a cargo del resto de hogares.
 

Es claro que la propuesta del Gobierno nacional y de los expertos internacionales de eliminar al máximo las exenciones del IVA tiene como base el “éxito” de la política de devolución implementada este año. Sin embargo, cabe recordar que la meta es devolverle a un millón de hogares el IVA, lo cual representa el 23 % de los hogares pobres en Colombia. ¿Qué pasa con el restante 77 % de hogares pobres?. ¿Será capaz el Gobierno colombiano y toda su institucionalidad de devolverle el IVA a más del 50 % de los hogares, que probablemente será el nuevo número de hogares pobres después del confinamiento para atender el COVID-19?

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