Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
Reforma otorga más poder al contralor y no soluciona la corrupción

La Constitución de 1991 les quitó a las Contralorías el “control previo” por considerar que este se realizaba dentro del proceso normal del manejo administrativo, y antes de que se produjeran efectos habían terminado por convertirse en coadministradoras de la administración pública, facilitando la corrupción.

La eliminación del control previo cedió el paso al “control interno”, una forma de autorregulación de los entes estatales que deben realizar por sus propios funcionarios. Las funciones de la Contraloría quedaron entonces limitadas a la órbita del control posterior. Casi tres décadas después de estas definiciones constitucionales el país sigue presenciando un desborde ilimitado de la corrupción en todos los sectores y niveles tanto nacionales como territoriales de la administración pública.

Te puede interesar: Ley de financiamiento no es viable.

Argumentando esa generalización de la corrupción, el actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, presentó al inicio de su gestión una propuesta de modificaciones a la gestión fiscal, la mayoría de las cuales fueron reconocidas recientemente por el Congreso y oficializadas mediante reforma constitucional.

Interpretando este catálogo de modificaciones normativas al control fiscal queda claro que a lo que estamos asistiendo es al fortalecimiento de la Contraloría General de la Nación, que tendrá la facultad de incidir en cualquier entidad estatal nacional o regional en el momento en que discrecionalmente lo considere conveniente. 

El control preventivo y simultáneo incluye el control previo y el interno así se declare lo contrario, por cuanto incide en el recorrido previo a la toma de decisiones de la institución que se vigila y sobre los procesos que las acompañan.

Además la unificación de competencias entre la Contraloría nacional y las contralorías territoriales quedó sujeta a la autoridad nacional al entregar al contralor nuevas facultades de supervisión.

Entonces, lo que se anuncia como reforma necesaria del control fiscal para acabar con la corrupción, termina en una versión administrativa autoritaria que en nada solucionará  el problema.

La explicación a la generalización de la corrupción se debe buscar en la privatización del patrimonio público que ha venido ocurriendo desde hace varias décadas y que convirtió al Estado en oferente de grandes negocios. Por ello ha llegado a convertirse en un problema internacional.

El lobby empresarial precede a los grandes contratos estatales, soborna a Gobiernos, parlamentarios y jueces y financia campañas electorales. El sistema político de conjunto se encuentra permeado por el afán de lucro de los inversionistas preservando sus prácticas clientelares. Por ello, el cargo de contralor seguirá siendo definido mediante acuerdos partidarios y con incidencia directa de los Gobiernos y Parlamentos que debe vigilar.

Además: Una propuesta para desactivar la bomba pensional.

¿Qué incluye esta Reforma Constitucional?

  • Un seguimiento continuo y en tiempo real a través tecnologías de la información, “al uso, la ejecución, la contratación y el impacto de los recursos públicos”.

El argumento utilizado para incluir esta nueva forma de control es que le posibilita  a la Contraloría “no llegar tarde” a situaciones anómalas. Quienes propusieron la ley adicionan que este tipo de control “tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica coadministración, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia al público”, con lo que pretenden alejarse de la caracterización de que estamos en presencia de una nueva versión del control previo. Tampoco incidirá sobre las decisiones político-administrativas que tomen las autoridades competentes.

  • La creación en cada contraloría delegada sectorial de una oficina con funciones preventivas que realizarán funciones de auditoría y control con datos abiertos.
  • La unificación de competencias de la Contraloría nacional con las Contralorías territoriales  hasta el punto de plantear nómina única. Además el contralor nacional tendrá una función de intervención adicional a las actualmente existentes para intervenir en las territoriales cuando observe situaciones anómalas, o para efectos de asesorías  técnicas.
  • La conformación de un Sistema Nacional de Control Fiscal resultado de la coordinación entre la Contraloría Nacional y la Auditoría General de la República, “para armonizar y estandarizar la vigilancia de la gestión fiscal y con el fin de formular políticas públicas sobre la materia”.

Solo hasta que los colombianos entiendan que el presupuesto y el patrimonio público son importantes para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida y comience a ejercer un verdadero control social, podrá empezar a mejorar el actual estado de cosas.

Relacionados

2596,2501,1180,490,2597

A pesar de que diversos analistas políticos coinciden en que ha sido más el impacto que ha tenido la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en...

Ante la desaprobación de la reforma política adelantada por el actual gobierno, y la necesidad latente de cambios en el sistema político y electoral,...

Los actos de corrupción se han convertido en una epidemia que azota a todo el mundo, en especial y con mayor fuerza a la región latinoamericana. La...

Antes de desaparecer una institución para darle paso a otra, el Estado debería ocuparse de cuestiones tan relevantes como tener funcionarios...

El Gobierno ha tomado decisiones políticas, económicas y sociales que acentúan las fallas y demuestran que este modelo de país fracasó: “así sucedió...

Consejo Editorial