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    Recoger firmas, argucia para simular una imagen renovada

El debate electoral posterior a las conversaciones de La Habana, con todo lo que ello implica, y sobre todo con la competencia por la captura de las rentas del Estado y de los beneficios derivados del ejercicio de gobierno, han puesto en el punto de partida una cantidad nunca antes vista de aspirantes a la primera magistratura del país.

Y es que definitivamente la política nacional clientelista y corrupta alienta a cualquier ciudadano, no siempre el más idóneo, a tener aspiraciones presidenciales. Esto, en principio, no está del todo mal si lo que le estamos pidiendo a la paz es precisamente que traiga consigo un poco de apertura democrática.

Lo que realmente sorprende y preocupa es que muchos de estos candidatos, tanto de derecha como de izquierda, hayan decidido salir a recolectar firmas para respaldar sus aspiraciones renunciando al aval de sus partidos, lo que evidencia graves problemas en el funcionamiento del sistema político.

Vale la pena señalar que en nuestro país existen dos formas de inscribirse para aspirar a un cargo público de elección popular:

  • Contar con el aval de un partido con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
  • Recolectar firmas.

En gracia de discusión, la recolección de firmas se podría entender en los casos de aquellos candidatos inquietos que no cuentan con el respaldo de una fuerza política ni de la maquinaria oficialista, pero a todas luces resulta inadmisible en el caso de figuras reconocidas en la política nacional, muchas de las cuales han utilizado sus cargos públicos en beneficio propio o de su partido.

De los más de 50 ciudadanos con aspiraciones presidenciales, por lo menos 25 se ha decidido por la recolección de firmas. Entre ellos aparecen muchos nombres poco o nada conocidos por los electores, pero también representantes de la vieja política tradicional, entre ellos:

  • El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural del Partido Cambio Radical y nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo.
  • El exprocurador conservador Alejandro Ordóñez.
  • El exministro y exembajador en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón, miembro del Partido de la U hasta mediados del presente año.
  • Martha Lucía Ramírez, exministra de Defensa, senadora por el Partido de la U en 2006 y candidata presidencial por el Partido Conservador en 2014.

Todos ellos han renunciado a cargos importantes en sus colectividades por la misma razón: lavarse las manos y evadir sus responsabilidades en los graves casos de corrupción en los que se han visto implicados sus partidos.

Y aunque las razones de la “izquierda” y del “centro” para lanzarse por firmas no son necesariamente las mismas que las de los representantes de la política tradicional, esto demuestra que sus fuerzas políticas tampoco logran despertar el interés de los electores. En este caso:

  • Encabeza la lista el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, por el Movimiento Progresistas.
  • Le sigue Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, quien ha militado en el Partido Verde.
  • También está Piedad Córdoba, exsenadora del Partido Liberal.

Sin importar las posibilidades reales de triunfo que tengan estas candidaturas, y entendiendo que las firmas no se traducen necesariamente en votos, esta desbandada de candidatos que busca incautos en las calles se explica por varias razones: nadie puede negar que el clientelismo, la corrupción y el caudillismo son las grandes enfermedades del sistema político colombiano, y si algo representan la política tradicional y los partidos, son precisamente estos males.

Hoy nadie cree en los partidos ni en las instituciones, y muchos de estos señores y señoras que buscan el respaldo ciudadano en las calles son conscientes de ello. Entonces resulta lógico que busquen tomar distancia de la imagen desfavorable que estas colectividades representan... lo lamentable del caso es que las reglas del juego electoral de nuestro país lo permitan.

Por otra parte, en ninguno de los casos se trata de un distanciamiento ideológico o de un rechazo a los intereses que representan sus estructuras partidistas, sino de una estrategia de marketing político, sumamente efectiva en un país donde la masa electoral se mueve por las pasiones y no por las razones, y en el que las apariencias y la demagogia son lo más importante.

En los sistemas democráticos los partidos políticos tienen la función de canalizar y representar los intereses de la ciudadanía y de movilizar la opinión en favor de sus objetivos. Para ello deben competir en las contiendas electorales y su éxito dependerá de su capacidad para producir programas y políticas de gobierno capaces de satisfacer las demandas sociales o, en el caso de los partidos de oposición, de su capacidad para hacer una buena labor de control político y de constituirse como una alternativa real de poder.

Contraria a la teoría, la realidad de la política colombiana muestra que las reglas del juego electoral no son claras, y sí son sumamente laxas y permisivas. Ante este panorama, en nuestro país urge una verdadera reforma política que permita establecer sanciones a los partidos y sus militantes que incurran o sean cómplices de actos de corrupción, y que le ayude a los electores a tomar una decisión mejor informada, cada vez más consciente y menos atada a las lógicas clientelistas.

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