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¿Quién controla el otro glifosato?

Desde 1972, cuando el laboratorio Monsanto irrumpió en Colombia con su controvertido Roundup® –cuyo principio activo es el glifosato–, muchas marcas de este herbicida en distintas presentaciones han ingresado al mercado nacional.

El glifosato (N-fosfonometilglicina), que se hizo famoso en los años ochenta por su uso masivo para erradicar los cultivos de marihuana y coca, también está presente como plaguicida químico de uso agrícola (PQUA) en cultivos agrícolas que van desde la caña de azúcar en el Valle del Cauca hasta el arroz, el maíz, el plátano y el algodón en los Llanos Orientales, en la Región Andina (Tolima y Huila) y en la Costa Caribe.

Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) señalan que el uso del herbicida en estos cultivos legales representa el 95 % del consumo de este producto en Colombia, frente al 5 % para asperjar cultivos ilícitos. De hecho, cifras presentadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indican que en 2016 se hizo aspersión aérea en 37.199 hectáreas de cultivos ilícitos, mientras que el MADR da cuenta de un área destinada a cultivos agrícolas equivalente a más de 6 millones de hectáreas, lo que implicaría un uso mayor del glifosato en estos cultivos que en los de coca, amapola y marihuana. A ello se sumarían las dosis que se utilizan como madurante de cultivos, especialmente de caña de azúcar en el Valle del Cauca.

En 2017 la Corte Constitucional prohibió la aspersión con glifosato, precisamente por las posibles afecciones a la salud y a los ecosistemas denunciadas por las comunidades de Nóvita (Chocó), Quebrada Larga y los consejos comunitarios Cocoman y Acadesan, entre otros.

La aplicación de glifosato en los cultivos ilícitos está por fuera de la regulación adoptada por el país para el control de insumos agrícolas, advierte el sociólogo Carlos Emilio Raigoso Camelo, quien adelantó la investigación como tesis de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la UN,  y explica que por esta razón el producto no está obligado a cumplir con los requisitos ni los estudios que demanda su uso en cultivos agrícolas legales.

No obstante, en presentaciones como Glifosol®, Carbencal® o Panzer®, el uso de este herbicida para “quemar” las malezas en los cultivos agrícolas es muy frecuente. El glifosato, principio activo de estas y otras marcas, es clasificado por expertos como no selectivo, es decir que tiene efectos sobre la mayoría de las plantas, y además es de acción sistémica, lo que significa que no se queda en la parte externa de estas, sino que es absorbido, tal como lo explica uno de los laboratorios que lo produce.

Manto de dudas

Aunque en el país existe un protocolo para regular el uso de este plaguicida, la investigación adelantada por el doctorando Raigoso deja un manto de dudas sobre la manera como se aprueba el uso y la venta de este herbicida, denunciado en Colombia y en otros países por los posibles efectos que puede ocasionar en la salud humana, en las fuentes hídricas y en la fauna.

Como se recordará, un tribunal norteamericano conminó al laboratorio Monsanto a pagar una indemnización de78,6 millones de dólares ante la denuncia de un jardinero de California que aseguró que el uso de este producto durante muchos años le generó un cáncer.

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De igual manera, en 2017 la Corte Constitucional de Colombia prohibió la aspersión con glifosato, precisamente por las posibles afecciones a la salud y a los ecosistemas denunciadas por las comunidades de Nóvita (Chocó), Quebrada Larga y los consejos comunitarios Cocoman y Acadesan, entre otros. Para su estudio, el investigador se basó en los documentos públicos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre 102 marcas de herbicidas registradas y 79 expedientes revisados en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) desde 1972 hasta 2014, año de corte de la investigación. Y aunque visitó el Instituto Nacional de Salud (INS), allí no fue posible obtener información, pues se trata de documentos confidenciales.

Aunque el Estado colombiano cuenta con el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA), se encontró que este solo expidió uno de los certificados de la composición de los materiales registrados y documentados.

El estudio señala que el 61 % de los fabricantes de glifosato y el 47 % de los formuladores de estos herbicidas son chinos, aunque Colombia es un formulador importante, con un 23 %. Además muestra que un 30 % de las autorizaciones para comercializar lo poseen tres empresas: Compañía Agrícola Colombiana, Agroser S. A. y Nufarm Colombia S.A.; el 70 % restante corresponde a 47 empresas. Se entiende como registro el conjunto obligado de pasos que el Estado ha implementado para aprobar la venta y uso de PQUA en el país, detalla el investigador Raigoso en su tesis.

Así mismo, en el trabajo de documentación encontró que cuando llegó la primera tanda de glifosato a Colombia, en su versión de Roundup®, el país no tenía como regularlo, de manera que era la misma empresa quien generaba la información técnica y científica requerida para el proceso de regulación, actividad que el investigador asemeja a una suerte de puerta giratoria entre los fabricantes, formuladores, comercializadores y el Estado.

A partir de este hallazgo comenzaron a surgir las dudas frente a la rigurosidad estatal para regular estos productos, pues todo parece indicar que los controles apenas están en el plano formal, que se acerca más a los documentos que a una actividad de verificación y comprobación. Así las cosas, la responsabilidad recaería solo en los usuarios de estos productos, quienes deben percatarse de las instrucciones plasmadas en las etiquetas de los frascos: “Bajo riesgo para la salud humana siempre y cuando se sigan las instrucciones”, dice justamente la de uno de los laboratorios de mayor producción de este herbicida.

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Ello contrasta con los procedimientos que se siguen en países como Estados Unidos, donde la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), que regula los ingredientes de productos de protección de cultivos, les exige a los desarrolladores datos sobre toxicidad y ecotoxicidad, además de incluir al público usuario y realizar revisiones periódicas en el mercado para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Juez y parte

En la documentación revisada, el investigador estableció, por ejemplo, que al menos el 50 % de estos productos termina siendo certificado en su composición por los propios fabricantes, y que un 43 % es contratado por los propios solicitantes del registro, lo que en definitiva afecta la independencia y neutralidad de las certificaciones, documentos básicos para estimar el riesgo humano y ambiental. Todo ello como consecuencia de una regulación más exigente y de una limitada capacidad técnica y científica del Estado para realizar directamente estos análisis.

Aunque el Estado cuenta con el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA), se encontró que este solo expidió uno de los certificados de la composición de los materiales registrados y documentados.

En cuanto a la disponibilidad de información sobre el proceso de regulación –otro aspecto relevante de la investigación–, se corroboró que no existe unidad de criterios para su consulta en las entidades encargadas de ejercer los respectivos controles, lo que evidencia una dispersión de esta que le dificulta a cualquier ciudadano entender cómo se regula el glifosato en el país. “Cada una va por su lado”, advirtió el doctorante en la presentación pública de su trabajo en la UN.

Del total de registros, los primeros 50 se aprobaron con registro de venta, una normatividad que cambió con la Norma Andina que la Comunidad Andina aprobó en 1998, que se desarrolló a través del Manual Técnico Andino en 2002, y que Colombia adoptó en 2003. Dicha norma es ejecutada por la Dirección Técnica de Inocuidad de Insumos Agrícolas del ICA, en la que participan ingenieros agrícolas, agrónomos y biólogos, entre otros expertos que revisan que la solicitud de registro cumpla con los requerimientos establecidos en la regulación nacional.

Otra duda surge cuando se establece que, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental de estos herbicidas son realizados por empresas contratadas por los solicitantes del registro, lo que evidencia, por una parte, que no hay independencia entre el solicitante y la Evaluación del Riesgo Ambiental, y, por otra, que el Dictamen Técnico Ambiental que adelanta la ANLA se basa en la información que recibe y no en un estudio que esta realice de manera independiente. “Cuando una organización no puede realizar sus propios estudios, su capacidad técnico-científica es muy débil”, reitera el investigador.

El estudio señala que el 61 % de los fabricantes de glifosato y el 47 % de los formuladores de estos herbicidas son chinos, aunque Colombia es un formulador importante, con un 23 %.

Además surgen interrogantes en torno a los “Ensayos de eficacia” del producto que se va a registrar, pues aunque generalmente estas se hacen en dos localidades diferentes, una vez aprobadas, el plaguicida se puede comercializar en todo el territorio nacional. Ello, según el sociólogo, podría llevar a efectos distintos según la región donde se comercialice, dada la amplia diversidad ambiental de nuestro territorio.

Regulación formalista

Estas consideraciones llevan al autor de la tesis a considerar que en Colombia la regulación para estos productos, más que convertirse en una talanquera importante para controlar su ingreso y la seguridad del ser humano y del medioambiente, parece un componente relevante para dinamizar y promover el mercado de agroquímicos en el país.

“Una regulación exageradamente formalista refleja un Estado demasiado frágil a la hora de vigilar y controlar estos productos, dada su baja capacidad técnico-científica para analizar su efecto sobre la salud y sobre los ecosistemas”, observa el investigador, quien aclara que no se trata de incompetencia o ineptitud de organismos como el ICA o la ANLA, sino de una reglamentación más enfocada en los mercados de agroinsumos que en formas más estrictas de regulación en temas tan delicados como este. Es probable que a ello también se deba la alta proliferación de marcas de estos productos en el país.

Según este panorama, la recomendación que formula es que “la gobernanza sobre los PQUA se podría encaminar, en primer lugar, a cumplir lo que la Decisión Andina 436 planteó: la existencia de centros de documentación de acceso público, que posibilite la participación de expertos independientes y de la ciudadanía en general en el proceso regulatorio y sobre la política de uso de estos materiales. Por otra parte, es importante fortalecer la capacidad técnica y científica de los organismos de control y regulación si se quiere lograr un examen independiente de los fabricantes, formuladores y comercializadores.

El glifosato, de alto riesgo si se usa en zonas de bosques.

Al margen de esta consideración, también queda el interrogante de hasta dónde los agricultores colombianos, por iniciativa propia, cumplen con las indicaciones de las etiquetas como las de Batalla®, una presentación de glifosato producida por Bayer en la que se lee:

“Este producto es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua. No contamine fuentes de agua. Para la aplicación terrestre respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y 100 metros para el área con respecto a los cuerpos de agua, carreteras, núcleos de población humana o animal, hábitats de importancia ambiental, cultivos susceptibles de daño por contaminación u otra área que requiera de protección especial, de acuerdo con el decreto 1843 de 1992 o cualquier norma que lo modifique. En caso de derrame, recoja con material absorbente y elimine de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente. Evitar aplicar en suelos livianos o arenosos ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas”.

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