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¿Qué implica la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña presidencial de Iván Duque?

El pasado 11 de agosto, la Comisión Instructora del CNE abrió una indagatoria preliminar contra la campaña del actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. En el comunicado, la Corporación llama a declarar al gerente de campaña, Luis Guillermo Echeverry; a la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez; a la exasesora del senador Álvaro Uribe, María Claudia Daza; y a la excongresista Aída Merlano, por presunta violación de las normas electorales sobre financiación política.
 

Tres strikes


Esta decisión responde a tres escándalos recientes de la política nacional relacionados con la campaña presidencial de Iván Duque. El primero es la “ñeñepolítica”, que corresponde a una presunta estructura de compra de votos en la Costa Atlántica, y que favorecía dicha campaña.


El segundo está relacionado con las declaraciones de la excongresista Merlano, que presuntamente vincula la campaña presidencial con aportes ilegales de empresarios y políticos reconocidos, entre ellos el conglomerado brasileño Odebrecht. Y el tercero es la presunta financiación ilegal del extranjero Oswaldo Cisneros a la campaña presidencial, mencionada en una conversación interceptada legalmente entre Nubia Stella Martínez y María Claudia Daza.
 

El partido Centro Democrático respondió a esta decisión del CNE mediante un comunicado en el cual destacó que el manejo de los recursos de las campañas –en especial los aportes de los particulares– se hacen con estricto apego a la ley; que todas las cuentas de la campaña en cuestión fueron avaladas, registradas y certificadas ante la autoridad electoral y son de conocimiento público, y que van a poner a disposición del CNE los debidos soportes que dan cuenta de la anterior información.


Además, en declaraciones públicas, Nubia Stella Martínez aseguró que a pesar de que se anunció la financiación de Cisneros, esta nunca se hizo efectiva. No obstante, será el CNE quien defina en últimas si existen los elementos de juicio suficientes para pasar de la indagatoria preliminar a una investigación formal.
 

¿Un nuevo panorama político o un problema sistémico de la política?


Tanto en medios de comunicación como entre los ciudadanos, las opiniones frente a este tema están divididas. Mientras algunos analistas interpretan la decisión del CNE como un ataque directo al partido –en la medida en que está debilitado por la detención domiciliaria preventiva de su líder político, Álvaro Uribe Vélez–, otros hacen un llamado a esperar el resultado de la indagatoria.


No se puede negar que la decisión del CNE afecta las posiciones del ajedrez político, que ahora se juega en las instancias judiciales. Pero se debe reconocer que el problema de fondo es otro y tiene que ver con el sistema electoral y sus incentivos.


La necesidad de reformar el sistema de financiación política no debe ser nublada por los escándalos de la política nacional. Más bien, estos deberían motivar su discusión y trámite en el Congreso de la República.
 

La arquitectura electoral: una deuda política con la historia


Para una gran parte de los analistas políticos, no sucederá nada porque el CNE tiene problemas institucionales en su función de tribunal electoral. Incluso, este organismo ha sido calificado por congresistas como una institución que “no tiene dientes”. Estas son sus razones:

  • Porque el CNE no puede juzgar a ningún implicado en delitos electorales individualmente, sino que se limita a establecer sanciones a los partidos políticos como organizaciones, y por lo tanto los que violan las normas electorales finalmente no responden por sus actos.
  • A esto se le suman dos atenuantes: las sanciones suelen ser bastante laxas, normalmente son multas monetarias mínimas en comparación del daño causado, y los tiempos de respuesta son muy largos, tanto como para que las decisiones no tengan efectos reales en la política.


Por ello, algunos congresistas y analistas denunciaron a este organismo como una instancia en la cual “no pasa nada”, partiendo de ejemplos como el caso Odebrecht o el Proceso 8000, en los cuales se archivaron los expedientes, a pesar de que el CNE puede imponer multas más graves como suspender o cancelar personerías jurídicas de los partidos.


Pero dicha crítica no es un problema propiamente del CNE sino una conducta sistémica, en la cual los casos de delitos electorales no terminan en la Administración de Justicia porque entes acusadores –como la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes– los tramitan (por competencias) ante el CNE, donde las sanciones suelen ser menores. Además los casos quedan cerrados puesto que, por el principio jurídico non bis in idem,no se puede sancionar dos veces por un mismo hecho.


A esto se le suma que los magistrados del CNE no son seleccionados como los del poder judicial, sino que representan las fuerzas políticas. Esto se debe a que son elegidos en el interior de los partidos y su distribución depende de la votación al Congreso, es decir, entre más votos obtenga un partido, más magistrados puede tener el partido en el CNE.
 

Algunos explican la pasividad del CNE por el “origen político” de sus magistrados.


No obstante, se debe decir que este problema no es nuevo, pues se tiene desde la creación de la Constitución Política de 1991 y ha sido ampliamente estudiado. Aunque algunos de los magistrados del CNE han intentado superar estas limitaciones con sus esfuerzos personales, no cuentan con los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros para hacerlo.


El caso que se discute en este artículo es un ejemplo: los magistrados que ordenaron la indagatoria preliminar no pertenecen a una corriente ideológica lejana al Centro Democrático. La Comisión Instructora está conformada por los magistrados César Augusto Abreo Méndez y Virgilio Almanza Ocampo, postulados por el Partido Liberal, y Jaime Luis Lacouture Peñaloza, de origen conservador.


En este momento en el Congreso hay tres propuestas de reforma política acerca de cambiar la arquitectura institucional del organismo electoral; así mismo, varios congresistas, junto con el director de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), han anunciado un nuevo Código Electoral que también propone modificaciones a este tema.
 

Puede leer: “Tres propuestas de reforma política y electoral en el Congreso”.
 

Los incentivos del sistema de financiación político


La respuesta del partido Centro Democrático muestra lo paradójico y engorroso que puede ser el sistema de financiación político en Colombia, especialmente por tres aspectos: (i) el dinero reportado por las campañas suele ser subestimado; (ii) existen mecanismos de financiación utilizados con frecuencia para evadir y eludir las normas electorales, y (iii) no se ha avanzado mucho en la trazabilidad de los recursos que entran y salen de los partidos políticos.


Sobre las elecciones de 2018, Transparencia por Colombia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y ONU Mujeres publicaron un informe en el cual abordaban algunos elementos del sistema de financiación política. Entre los datos reveladores de dicho informe está que cerca del 70 % de los recursos utilizados por los partidos en épocas de elecciones no se reportaron, y aun así los aportes de privados a los partidos políticos aumentaron un 500 %.


Dicha cifra es alarmante y anuncia una subestimación inevitable en los estados financieros y reportes de ingresos y gastos, lo cual cuestiona si son la mejor fuente para obtener los datos sobre la financiación de partidos y campañas en Colombia.


También se mencionan algunos mecanismos de financiación usados para evadir y eludir las normas electorales, como transferir los recursos de cuotas, contribuciones y donaciones del partido en recursos de las campañas electorales por encima del monto establecido por la ley.


Esto es especialmente relevante en este partido, ya que, según datos del Observatorio de Partidos de la Universidad Nacional (OBPAR), es el único partido cuyos aportes privados tienden a igualar o superar la financiación pública, que es la principal fuente de financiación de los demás partidos.
 

Por último, el hecho más preocupante son los pocos avances que ha tenido en el seguimiento de los recursos destinados a la financiación política, en la medida en que no se puede exigir transparencia ni rendición de cuentas sobre algo que no tiene registro.
 

Cabe recordar que en las declaraciones de la excongresista Merlano se hablaba de entregas de dinero en efectivo por parte de empresarios y políticos a candidatos a elecciones políticas, y en las conversaciones de José “Ñeñe” Hernández se hablaba de compra de votos en efectivo. Lo que ambas cosas quieren decir es que no existen registros de estos movimientos de dinero más allá de las declaraciones de aquellos que estuvieron involucrados.
 

El Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones (UN-Partidos), de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), ha estudiado el tema de la financiación política desde 1998 y en sus libros ¿Democracias prepago (2010)y ¡Reforma política ya! (2018)se afirma que “la relación entre la actividad política y el dinero va más allá de los condicionantes jurídicos o políticos, también se encuentra en la cultura misma de una sociedad”.
 

Por ello, se dice que para superar estos problemas se necesita que voceros de los partidos discutan públicamente las posibles reformas del sistema de financiamiento político con la academia y la sociedad.
 

Por último, solo queda esperar los resultados de dichas investigaciones, sabiendo que es muy probable que no suceda nada. Más bien hay que empezar a discutir, no solo en el ámbito político sino también en el social, las modificaciones que necesita el sistema de financiación político colombiano.
 

La legitimidad de los procesos electorales es un asunto clave para las democracias, por lo que las reformas sobre este tema que no cuenten con una discusión social previa no tienen un futuro muy prometedor. La reforma al sistema de financiación político no debe ser un grito en el bosque sino un coro colectivo que obligue a las fuerzas políticas a asumir este reto.

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