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¿Qué es el debido proceso y cómo se aplica en casos políticos y naturales?

El derecho al debido proceso es un conjunto de garantías fundamentales que se debe aplicar en todo procedimiento –administrativo o judicial– que se adelante en contra de cualquier persona. Está estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia e incluye:

  • respeto por el juez competente,
  • respeto por las formalidades propias,
  • derecho de defensa, y
  • presunción de inocencia


Por ejemplo, en el caso del exsenador Álvaro Uribe –el cual pasó de la Corte Constitucional a la Fiscalía y viceversa– se debe definir si se le aplica la Ley 906 de 2004 o continúa en la Ley 600 de 2000, teniendo en cuenta que los delitos presuntamente cometidos fueron después de 2005.


En el caso de una persona natural –sin fuero político– que se encuentre en medio de un proceso por acoso o abuso sexual, la norma señala que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y se le debe someter al trámite normal para que sea imputado, se le acuse y se prepare el juicio.


En ambos casos, explica el investigador y subdirector de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez” (Polcrymed), “si eventualmente se le impone una medida de aseguramiento no quiere decir que la persona sea culpable; y si se da por vencimiento de términos, no quiere decir que está absuelta”.
 

En materia penal y según el régimen, el debido proceso tiene las siguientes etapas:

  • la inicial, que es la vinculación en la cual se hace una imputación,
  • intermedia, en la cual se resuelve si se acusa o no,
  • audiencia preparatoria, y
  • audiencia de juicio oral para que el juez tenga los insumos suficientes.


Al final se toma una decisión que puede ser absolutoria o condenatoria.

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