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Puntos críticos de la política minero-energética colombiana

Durante el periodo de confinamiento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, el mundo tuvo un breve un respiro de los ritmos intensivos de producción y consumo de bienes y energía, lo que evidenció la necesidad de avanzar en una transición energética que cuestione con mayor contundencia el modelo minero-energético vigente, de corte extractivista y escasa distribución de las rentas percibidas.

 

Desde la década de 2000, los gobiernos han formulado una serie de reformas dirigidas a fortalecer la explotación de minerales e hidrocarburos por encima de criterios ambientales, sociales y hasta de beneficio económico interno. La diversidad y complejidad de los territorios colombianos se ha puesto en mapas de interés para inversionistas, dejando de lado sus trayectorias históricas, importancia ecológica o ancestral, vocación campesina y sus contextos de violencia. El principal resultado de las adjudicaciones en las rondas mineras y petroleras es un cúmulo de serios pasivos y conflictos ambientales que aún siguen sin resolverse.

 

En 2001, con la Ley 685, el modelo de concesión minera cedió a particulares todas las reservas probadas de carbón y declaró la industria minera (en todas sus ramas y fases) como “de utilidad pública e interés social”, lo que facilitó la expropiación de la propiedad para su desarrollo, con muy pocas restricciones en territorios étnicos. 

 

También estableció los “títulos” como la única figura para acceder al derecho de exploración y explotación de minerales –esta última por 30 años– y borró las escalas (pequeña, mediana y gran escala), lo que benefició de manera importante a las empresas privadas o multinacionales, relegando a la ilegalidad o informalidad a comunidades dedicadas a la minería ancestral o tradicional que no estaban presentes en el Registro Nacional Minero. 

 

Así mismo, abrió la posibilidad tanto de realizar actividades en áreas marinas, zonas de páramo y sititos Ramsar (humedal designado como de importancia internacional bajo la Convención de Ramsar, Irán) como de sustraer zonas de reserva –con excepción de los Parques Nacionales Naturales–, lo que puso en grave riesgo ecosistemas proveedores de múltiples beneficios ecológicos para áreas rurales y urbanas. Y en materia de permisos, propuso las Guías Ambientales para el sector, las cuales no aportaron mayor robustez al proceso, por lo que quedaron engavetadas.

 

Resultan agravantes las últimas decisiones de la Corte Constitucional, las cuales han dejado sin validez las consultas populares o los Acuerdos Municipales que buscaban prohibir el desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. 

 

Las cosas no mejoraron después: la puerta que abrió la reforma del Código de Minas de inicio de siglo no se había cerrado. En 2010, la Ley 1382 pretendía seguir promoviendo la inversión y agilizar los trámites para la adjudicación de títulos, aunque era más restrictiva en temas ambientales, y se declaró como “inexequible” por haber omitido la consulta previa. 

 

Este último hecho ya establecía una alerta sobre las intenciones de evadir los derechos a la participación y el acceso a la información que han caracterizado a este sector. La consolidación del modelo minero-energético llegó con las locomotoras del desarrollo en 2016, siendo esta la abanderada para traer crecimiento y bienestar a la nación, en medio de un panorama de creciente conflictividad ambiental.

 

Y ni qué hablar de la fuerte expansión que tuvo la minería “criminal”, que –según el informe de la Contraloría General de la República de 2013– empezó a adquirir notoriedad en 2003 y 2004, pues el oro fue considerado como la “nueva coca” porque no se reguló su proveniencia en el mercado, lo que les permitía a los grupos armados acceder a un medio legal de ingreso, o usarlo para el lavado de dólares y activos. Las regiones con barequeo y minería tradicional, de escaza presencia estatal, fueron los escenarios perfectos para su consolidación y expansión, condenando estas áreas a una mayor violencia.

 

La situación de los hidrocarburos no es muy distinta, pues se han visto beneficiados por los cambios normativos para el sector, en especial lo concerniente al licenciamiento ambiental y la participación en asuntos ambientales. Entre 2003 y 2009 se ampliaron los plazos tanto de exploración como de evaluación y explotación, y también se reintrodujo el permiso de “extraer hasta el agotamiento” (o a perpetuidad), lo que estimuló los contratos de concesión, como lo señaló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en 2013 en su investigación sobre el petróleo, caso de gas de La Guajira o Cravo Norte (Caño Limón). 

Todos los huevos siguen en la canasta de los combustibles fósiles

 

Afectaciones como los drenajes ácidos de minas y la consecuente afectación de cuencas abastecedoras de agua; las transformaciones en el paisaje; los enormes huecos dejados por las dragas en la Amazonia; las afectaciones en la salud y los medios de vida de comunidades locales, con incidencia regional; la amenaza a ecosistemas de bosque, páramo, humedal; y el creciente inconformismo con esta apuesta extractiva, entre otras, no han sido suficientes para motivar transformaciones de fondo. 

 

El país sigue le apostando a la exportación de petróleo y gas, aunque se estima que sus reservas son de seis y siete años, respectivamente, con una fuerte dependencia de las rentas generadas y en un momento en que la geopolítica lucha por el control y liderazgo de las tecnologías “clave” para la transición energética, lo que implica un fuerte control en el acceso a minerales para su construcción. 

 

El actual gobierno sigue empeñado en realizar grandes inversiones en infraestructura para la explotación y exportación de combustibles fósiles, como plantas de regasificación, ductos, refinerías, nuevas minas de carbón, e incluso implementación de técnicas extractivas consideradas altamente impactantes como el fracking. Se ha pasado por encima el potencial energético del biogás, estimado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en un 15 % de capacidad de cobertura del consumo actual de gas natural. 

 

Todo esto ocurre mientras las exportaciones de petróleo disminuyen según el último Boletín Estadístico del Sector Minero-Energético de la UPME, cuyos capítulos están dedicados al sector petrolero, gas, internacional, energía eléctrica y minería, sin mencionar otras formas de abastecimiento. Entre 2015 y 2020 cayeron 39 % (de 26.468 a 16.117 miles de barriles), al igual que la producción anual, que lo hizo un 49 % (de 367.035 a 188.452).

Veto de las comunidades para la participación en asuntos ambientales

 

Ante el abrumador incremento de solicitudes y explotaciones minero-energéticas, las comunidades y entes territoriales se han valido de los mecanismos de participación contemplados en la Constitución Política de Colombia para ponerle freno a la voracidad con la que llegan los megaproyectos. Aunque muchos de ellos actúan como escenarios para poner de manifiesto el descontento social, no tienen la capacidad de incidir sobre los permisos otorgados, caso de la consulta previa o las audiencias públicas ambientales.

 

Entre 2011 y 2022, según el tablero de participación ciudadana de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de las reuniones de consulta previa realizadas, el 30 % corresponden al sector de hidrocarburos, 13 % a minería y 35 % a energía, con mayor concentración en La Guajira y la etapa de identificación de impactos ambientales. 

 

No en vano en este departamento convergen intereses extractivistas diversificados (carbón, petróleo y viento), ya que cuenta con la mayor cantidad de recursos renovables y no renovables del país, según los datos más recientes publicados por la UPME. Paradójicamente se ubica en el tercer puesto con menor cobertura de energía eléctrica a nivel nacional (59 %), lo que se traduce en más de 80.000 viviendas sin acceso al servicio, especialmente en el área rural, lo que pone de relieve las asimetrías existentes entre los beneficios y los perjuicios causados por este modelo, sin mencionar las significativas afectaciones ambientales que conlleva la extracción de carbón en El Cerrejón. 

 

Colombia es el país donde más líderes ambientales se asesinan, y el Estado sigue en deuda de proporcionar mecanismos que les permitan a las comunidades garantizar sus medios de vida, permanencia en el territorio y dignidad, en constante amenaza por este modelo depredador. 

 

El comportamiento es similar para las Audiencias Públicas Ambientales, el mayor número de las cuales corresponde con procesos de licenciamiento ambiental para hidrocarburos, seguido de los sectores de energía, infraestructura y minería, número que aumenta significativamente desde 2013, especialmente en el Meta, departamento que, junto con Casanare, albergaba el 67 % de las reservas de petróleo en el país a 2019. 

 

En total se han celebrado 75 y ordenado 69, datos que cuestionan su oportunidad y efectividad para la ciudadanía al acercarse ambas cifras. La mayoría de los actores solicitantes son personas (por lo menos 100) y alcaldías, las cuales han mostrado una mayor preocupación por la violación de su autonomía y autodeterminación. 

 

Bajo este escenario, resultan agravantes las últimas decisiones de la Corte Constitucional, las cuales han dejado sin validez las consultas populares o los acuerdos municipales que buscaban prohibir el desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. 

 

De 2013 a 2018 se realizaron 9 consultas populares, siendo pioneras las de Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare), que daban campanazos reconfortantes para que otros lugares del país pudieran regular el uso del suelo en entornos regionales y locales; en este último año ya sumaban 15 solicitudes en Santander, Cundinamarca, Quindío y Meta. 

 

Por su parte, se alcanzaron a realizar más de 43 acuerdos municipales en Antioquia, Tolima, Huila y Casanare. No obstante, a esta expresión legítima se le impuso el tema de la competencia de la nación sobre el subsuelo y los recursos naturales, dejando un vacío en la relación con la soberanía de los territorios. 

Debilitamiento de la gestión ambiental en sus posibilidades de protección

 

Empezando este siglo, el Ministerio de Ambiente fue fusionado con el de Desarrollo, convertido así en un Viceministerio que disminuyó el número de profesionales dedicados a los procesos de gestión ambiental, perdiendo liderazgo en asuntos críticos de la política ambiental y promoviendo proyectos con alto impacto ambiental, entre estos la expansión de El Cerrejón, como bien lo ha señalado Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente. También se redujo de manera significativa la Unidad Ambiental del Departamento Nacional de Planeación y la dependencia responsable de minoría étnicas en el Ministerio del Interior. Después de esto, no fue sino hasta 2011 que el sector ambiental volvió a ser un Ministerio.

 

En cuanto a los permisos ambientales, han sido varios los intentos por menoscabar el proceso de licenciamiento ambiental. Se han radicado proyectos de Ley que buscan eliminar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), el cual permite comparar diferentes opciones bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto con el fin de optimizar el uso de recursos y disminuir los efectos negativos generados. 

 

Así mismo, ha llegado a hablarse de un “licenciamiento exprés” con el propósito de disminuir los tiempos de espera para que las empresas puedan acceder a los permisos de explotación, lo que también ha implicado señalar la necesidad de acelerar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas. 

 

La Guajira se ubica en el tercer puesto con menor cobertura de energía eléctrica a nivel nacional (59 %), lo que se traduce en más de 80.000 viviendas sin acceso al servicio, especialmente en el área rural, lo que pone de relieve las asimetrías existentes entre los beneficios y los perjuicios causados por este modelo, sin mencionar las significativas afectaciones ambientales traídas por la extracción de carbón en El Cerrejón. 

 

Actualmente para la obtener una licencia ambiental se requieren 90 días, y 60 días para su modificación, lo que cuestiona la capacidad de los equipos técnicos para revisar y evaluar la información sin importar la escala, el tipo de técnica y el territorio donde se pretende extraer. 

 

Incluso, sería necesario preguntar si tanto peticionarios como evaluadores conocen realmente las dinámicas ecológicas y sociales que se van a afectar, sumando a esto que los estudios se pueden hacer con cualquier metodología de valoración de impactos ambientales. En cada evaluación se pone en jaque la aplicación del “principio de precaución”.

Camino escarpado

 

Los modos en que viene operando el sector minero-energético no cambian. La Ley 1715 de 2014 declara las actividades de desarrollo, producción y utilización de fuentes no convencionales de energía (FNCE) como proyectos de utilidad pública e interés social, con primacía en el ordenamiento territorial, lo que sigue vulnerando la autonomía de las comunidades, siendo extensible a los proyectos de extracción de hidrogeno verde y azul, con los que se apuesta a la transición, según la Ley 2099 de 2021. Las contradicciones aumentan si se observa que el gas natural es la fuente de energía para la extracción de este último.

 

Igualmente, los beneficios tributarios y demás incentivos económicos otorgados al sector han sido extensibles a las FNCE durante un periodo de 30 años, lo que resulta escandaloso si se tiene en cuenta que se estiman en alrededor de 89 beneficios que ocasionan una reducción del recaudo nacional, estimada en 9,2 billones de pesos para 2014, según las investigaciones de Álvaro Pardo, experto en tema de tributación por parte de empresas minero-energéticas.

 

En términos de la gestión ambiental el panorama no resulta menos preocupante. La ANLA ha manifestado la optimización del proceso de licenciamiento ambiental, al pasar de 142 días en 2015 a 67 días en 2020, con una fila de procesos en solicitud, en un marco de reactivación económica donde este sector sigue siendo protagonista.

 

En cuanto al acceso a la justicia ambiental, Colombia es el país donde más líderes ambientales asesinan, y el Estado sigue en deuda de proporcionar mecanismos que les permitan a las comunidades garantizar sus medios de vida, permanencia en el territorio y dignidad, en constante amenaza por este modelo depredador. 

 

Cabe preguntarse si el uso creciente de estrategias para poner freno a los megaproyectos no es sino una expresión colectiva de soberanía que señala un sentir como nación y una necesidad de transformar las vías para llegar a construir una transición energética más justa, sustentable ecológicamente y transformadora socialmente.

 

* El Debate Ambiental sobre política minero-energética y crisis ambiental en Colombia fue organizado por el Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia libre de Fracking, la Federación de Medios Comunitarios de Colombia, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes (Cider) y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL. Véalo completo aquí.

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