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Propuestas para mitigar los efectos socioeconómicos por el COVID-19

Además, la situación financiera del Gobierno nacional es estructuralmente frágil, ya que se observa un déficit presupuestal de fondo, es decir una brecha entre los ingresos tributarios y los gastos presupuestales, la cual tiende a profundizarse por la errónea política tributaria de asumir que la reducción de la presión fiscal a las empresas más grandes e influyentes y a las personas naturales más ricas del país –súper-superricos y superricos–, se compensaría con creces por un sustancial aumento de la tasa de inversión, del crecimiento económico, y por ende de generación de empleo (gráfico 1).

De ahí que en el corto plazo se requiera una intervención gubernamental rápida y efectiva acorde con los propósitos centrales para enfrentar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del COVID-19.


Puedes leer: Los decretos de la emergencia para mitigar el COVID-19.


En este contexto, en el marco del estado de emergencia es necesario implantar algunas medidas mínimas indispensables, aunque no excluyentes, sino más bien complementarias de otras medidas necesarias que no se abordarán aquí. En seguida se exponen dichas medidas.
 

1. Interoperación efectiva de registros administrativos sobre población vulnerable
 

El Gobierno nacional cuenta con diferentes registros administrativos, que todavía no son coherentes ni consistentes entre sí, como el Sisbén III y IV, el Registro Único de Víctimas (RUV), PILA, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, la base de datos del régimen subsidiado de salud, los del ICBF, entre otros, sin mencionar las bases de los registros administrativos de las Entidades Territoriales.
 

En estos momentos de crisis, y dada la necesidad de identificar a la población más vulnerable, resulta prioritario poner a disposición toda la infraestructura tecnológica y el capital humano del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para identificar a las personas vulnerables que no están incluidas en los programas asistenciales, con miras a prestarles atención y otorgarles ayudas a la mayor brevedad posible.
 

Es importante resaltar que sólo hasta ahora se están realizando esfuerzos de identificación de las familias vulnerables que no están incluidas en los programas sociales más conocidos como Familias en Acción, según ratificó el 25 de marzo ante la prensa la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Susana Correa.
 

Además, en términos de pertinencia y efectividad de política pública sobresale el caso de la informalidad de subsistencia, frente a la cual en general convendría implantarse prioritariamente un sistema integral de protección y seguridad social bajo una estrategia pública de reducción de la pobreza y avance hacia la construcción de ciudadanía y la inclusión social de la población vulnerable (Garay, 2017). Esta conveniencia se hace aún más prioritaria ante la elevada importancia de la informalidad en la población ocupada en el país y en medio de una crisis causada por el COVID-19.
 

2.Suavizar el perfil de la deuda externa del Gobierno nacional
 

Dicho perfil muestra que en 2021 se presentará un elevado pico del servicio de esta deuda, lo que le resta margen de maniobrabilidad a las finanzas públicas para hacer frente a esta crisis (gráfico 2). Además el Gobierno nacional deberá amortizar 3.166 millones de dólares y pagar intereses por 2.098 millones de dólares, que a una tasa de cambio de 4.100 pesos por dólar correspondería a 13 y 8,6 billones de pesos, respectivamente.
 

Debido a que el Gobierno requiere de espacio fiscal suficiente, debería buscar cómo refinanciar estas obligaciones por concepto de amortizaciones de la deuda multilateral con las fuentes multilaterales como el BID (cerca de 405 millones de dólares en 2020 y 404 millones de dólares en 2021), con el BIRF (186 millones de dólares en 2020 y 247 millones de dólares en 2021), con AFD (122 millones de dólares en 2020 y 143 millones de dólares en 2021) y KFW (62 millones de dólares en 2020 y 87 millones de dólares en 2021), así como de bonos emitidos en el mercado internacional por 2.190 millones de dólares, a través de contratación de créditos blandos con fuentes multilaterales o de la emisión de bonos o títulos soberanos a tasas de interés más bajas y mayores plazos, al momento que sea posible. De tal manera se podrán suavizar los pagos del servicio de la deuda externa al menos en este y el próximo año.

3. Implantar un impuesto al patrimonio temporal extraordinario con tarifas progresivas
 

Ante la menor presión fiscal del impuesto a la renta a favor de las personas más ricas del país –especialmente a las superricas y súper-superricas– (Garay y Espitia, 2019 y 2020), convendría implantar extraordinaria y temporalmente un impuesto al patrimonio para financiar prioritariamente a las familias vulnerables del país –en especial aquellas con ocupación informal por cuenta propia y las desocupadas de larga duración–, con tarifas progresivas a partir de las personas naturales pertenecientes al decil 10 según patrimonio.
 

Puedes leer: “No se puede despedir a un empleado en virtud del COVID-19”.
 

Por supuesto, la actual precariedad fiscal del país para afrontar situaciones imprevistas de magnitud macro-socioeconómica, como la pandemia del coronavirus, muestra la necesidad inaplazable de implantar un proceso de reforma tributaria estructural que a la vez que incremente sustancialmente la presión fiscal –en términos del PIB–, asegure el cumplimiento de los principios constitucionales de equidad horizontal, progresividad vertical y eficiencia administrativa (algunos lineamientos básicos para esta reforma están detallados en Garay y Espitia, 2019 y 2020).
 

4. Aplicar una renta mínima básica extraordinaria de emergencia para la población vulnerable
 

Esta renta de un salario mínimo legal vigente por un periodo de tres meses debería recaer, en primer lugar, sobre la población en pobreza extrema (cerca de 3,5 millones de personas, o unos 900.000 hogares), la cual tendría un costo aproximado de 2,6 billones de pesos. En el otro extremo, si esa misma asignación se realizara para todo el 27 % de la población colombiana que se encuentra en condiciones de pobreza (cerca de 13 millones de personas o unos 2,700 millones de hogares), el costo ascendería a cerca de 8 billones de pesos (0,8 % del PIB). Es claro que con este valor se alcanzaría a cubrir las familias venezolanas que se encuentran actualmente en Colombia.
 

Debe aclararse que el costo fiscal incremental neto al costo fiscal de las políticas actualmente existentes de distribución de subsidios sería claramente inferior a dicha cifra extrema, ante la cobertura de un grupo importante de los hogares vulnerables a cargo de los programas vigentes de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor.

Así, en la práctica no sería de extrañar que el costo fiscal de la renta básica para la población vulnerable pudiera alcanzar el orden de los 4 o 5 billones de pesos para tres meses.


Simultáneamente, habría que prever una transferencia temporal a aquellos grupos poblacionales de ingresos precarios que perdieran sus empleos formales sin derecho a seguro al desempleo ni prestaciones laborales especiales, y que por esa razón se vieran abocados a un empobrecimiento depredador al menos en el corto plazo. El costo fiscal de esta clase de transferencia laboral podría aproximarse a unos $1.0 o 1.5 billones.  
 

Ahora bien, para que esta intervención por parte del Estado sea efectiva se requiere del máximo nivel de coordinación entre las Entidades Territoriales y las Unidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que actúan en el territorio, así como de los entes que tienen contacto directo con estos hogares con algún programa.
 

En fin, se trataría de una versión no universalista y temporal de la renta básica restringida a un determinado grupo poblacional en la búsqueda de propósitos específicos de política económica como sería el de combatir el empobrecimiento depredador de amplios grupos poblacionales en el país.
 

Además, se reconoce la necesidad de no duplicar transferencias a favor de familias que estén recibiendo subsidios o transferencias condicionadas previamente existentes a la instauración de esta renta mínima básica –como las de Familias en Acción–. A su vez, para evitar un excesivo costo fiscal es que ha de implementarse con una racionalización, complementación y/o desmonte de las transferencias condicionadas existentes, una adecuación de las condiciones de acceso a ciertos servicios sociales, entre otros, contrarrestándose algunas de las críticas comunes desde la perspectiva convencional/ortodoxa de política pública (Garay, 2011).
 

Claramente, la implantación de una renta mínima básica temporal para la población vulnerable sería una política pública no sólo conveniente sino necesaria en el marco de un Estado de Bienestar como lo establece la Carta de 1991, además de ser no tan onerosa en términos fiscales y beneficiosa económica y socialmente en una perspectiva duradera en clave de cohesión e inclusión social, así como de reproducción intertemporal del capital social, humano y productivo en el país.


Puedes ver: Medidas económicas por COVID-19, ¿funcionan?.
 

5. Apoyo temporal a través de financiación en condiciones blandas con garantía pública a las unidades productivas informales y a las pymes
 

Debido a que cerca de un tercio del trabajo informal se reproduce en unidades productivas que muestran unos niveles de productividad y de organización mayores que las unidades de subsistencia, para las cuales su tecnificación y eventual formalización les podría resultar beneficiosa, al menos en el mediano plazo (Garay, 2007, p. 71), constituye un conglomerado de unidades productivas que ameritan ser apoyados en periodos críticos para evitar su disolución en el corto plazo y la pérdida de potencial productivo y de capital social en el país. Este es el caso frecuente de empresas familiares y microempresas, guardando las proporciones.
 

Ante estas circunstancias, sería rentable social y económicamente en una perspectiva duradera un apoyo público a esta clase de unidades productivas mediante mecanismos como el otorgamiento de avales para su financiación fresca en condiciones “blandas” –de tasa de interés y períodos de gracia– o de avales para la refinanciación de créditos vigentes u otras modalidades financieras o tributarias para irrigarles recursos frescos.
 

6. Emisión primaria
 

El artículo 373 de la Carta Política señala que el Banco de la República podrá realizar operaciones de financiamiento a favor del Estado sobre la base de que su Junta Directiva las apruebe de manera unánime.
 

Ante la gravedad de la crisis mundial tanto sanitaria como económica que se avizora como más profunda que la financiera de 2008, con consecuencias socioeconómicas e institucionales más perversas y duraderas, se ha ido aceptando mayoritariamente en estos días que habrán de requerirse no solo medidas extraordinarias, heterodoxas más allá de las medidas convencionales postuladas por el modelo económico-financiero imperante, sino una mayor coordinación interinstitucional entre países y en los países.
 

Colombia no es una excepción a esta crisis. Así, una de las opciones legítimas de financiación para afrontar efectiva y solidariamente la crisis socio-económica consecuencia de la pandemia bajo una mayor y estrecha coordinación entre el Banco de la República y la adopción de políticas macroeconómicas –fiscales, monetarias y cambiarias– como lo establece la Constitución de 1991, en la emisión monetaria en el momento y por la cuantía necesaria para complementar las medidas fiscales a implementarse con miras a atender las prioridades de incremento temporal y extraordinario del gasto público en cumplimiento de los propósitos de un Estado Social de Derecho como el colombiano.  

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