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Propuesta de nuevo Código Civil abre el debate a la solidaridad social

Una codificación moderna, que dé una mejor respuesta a las necesidades sociales, y que evite la coexistencia de regímenes diferenciados para las obligaciones y los contratos, motivó a la UNAL para retomar el profundo trabajo de Arturo Valencia Zea, idea que brotó de los profesores José Alejandro Bonivento Fernández y Pedro Lafont Pianetta, y que contó con el apoyo de sus directivas y docentes, además del entusiasmo de varios expertos que han puesto su grano de arena para entregar un nuevo borrador de proyecto de Código Civil.


El profesor Fredy Andrei Herrera, correvisor del proyecto de Código Civil, explica cuáles son los puntos clave para entender esta propuesta que ya está en un nivel de discusión, debate y modificación para que diversos actores construyan un proyecto que tiene como fecha de entrega enero de 2021. Que si genera inseguridad jurídica, si afecta los derechos del acreedor y si cambia las normas de la propiedad privada, son algunos de los puntos destacados.


“Atendiendo los antecedentes, consideramos retomar el proyecto de 1984 presentado al Gobierno nacional y plantear una nueva codificación que no pretende borrar el código vigente sino tomar las bondades del código y las banderas de los cambios regulatorios y plantearlas en una codificación flexible. Un código que lo regule todo es inviable, tiene 150 años y no se ha podido modificar, pero el código tiene un piso común. Pensar un código civil desde el debate para una construcción conjunta teniendo en cuenta la solidaridad social”, cuenta el profesor Herrera.


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Un nuevo Código


En Colombia el Código Civil tiene sus raíces en 1850, cuando el humanista venezolano Andrés Bello presentó la codificación chilena al país, y por gestión de Manuel Ancízar fue traída en 1887. Su tradición propia del siglo XIX tiene sus bases en el derecho romano. Para el momento histórico en que se escribió, este no pudo anticipar la realidad que se vive actualmente pues fue pensado en un contexto social con la prevalencia del elemento religioso y caracterizado por unas preeminencias del hombre sobre cualquier tipo de relaciones jurídicas. Las relaciones económicas se basaban en el uno a uno, lo cual ha cambiado en el contexto actual.


“Con los cambios en el reconocimiento de los Derechos Humanos y de los derechos de las mujeres, la sociedad se ha desligado del lineamiento religioso que la movilizó durante años; la igualdad de hombres y mujeres y el reconocimiento de otras formas sexuales de autoidentificación; los jóvenes y adolescentes tienen sus propios derechos; el circuito económico se caracteriza  no sólo por la interacción nacional e internacional sino también por la masificación de las relaciones privadas y comerciales. El volumen de las transacciones que se hacen son multimillonarias y evidentemente la regulación que se tenía no estaba pensada para estos fines”, agrega el docente.


El Código ha tenido unas 60 modificaciones expresas y otras tantas tácticas, como en 1991 cuando se estableció la preeminencia de la Constitución Política sobre cualquier otra norma de derechos, y por lo tanto muchas predisposiciones del Código son inconstitucionales y muchas otras deben ser interpretadas.


Para el profesor Herrera, “el código está desactualizado y desarticulado y no responde plenamente a lo que requiere el país: tiene un lenguaje preconstitucional y muchas de sus instituciones no tienen el valor que tenían antaño”.
 

El grupo de trabajo de la UNAL se enfrentó a:

- actualizar el código y traer lo que no estaba en él,

- plantear leyes de armonización y de actualización, y

- plantear una nueva codificación.


En este último aspecto, en 1930, 1980 y 2017 se planteó la creación de comisiones que verificaran la necesidad de cambiar el código.


La recepción de la propuesta


Después de meses de debate se ven tres posiciones marcadas:
 

  1. No hacer una modificación sino mantener tanto el Código Civil como el de comercio como está: parten del hecho que de alguna manera han permitido el funcionamiento de la sociedad, lo cual demuestra que la codificación es suficiente. Una modificación puede generar inseguridad jurídica, es decir, la entrada de una nueva codificación puede plantear dudas interpretativas sobre cuál es el alcance de las normas vigentes y los efectos de las que están en vigencia. Por ejemplo, las uniones maritales de hecho tienen los mismos derechos que un matrimonio.
  2. De acuerdo con modificar el Código Civil sin afectar el Código de Comercio: esta deja como línea de principio que se dé una unificación parcial entre ellos, solo en las materias relativas a obligaciones y contratos. La distinción entre ellas hoy es cada vez más endeble. Un ejemplo de ello se da en el campo civil y el mercantil: si una persona es deudora, lo será siempre. El Código de Comercio responde a una dinámica especializada porque los comerciantes se rigen por principios ajenos a la materia civil, como la preponderancia de la práctica, que les facilita el tráfico económico, algo extraño en el campo del derecho privado.
  3. De acuerdo con el cambio y unificarlo con el Código de Comercio: es una tendencia que viene ganando peso, debido a que el borrador del Código abrió el debate para que se discutieran las bases metodológicas para cambiarlo. Algunos expresan que la codificación propuesta es buena y que aunque tiene errores, imperfecciones y vacíos, requiere de ayuda y apoyo para obtener una segunda o tercera propuesta para llegar a un consenso nacional.


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“A partir de esta propuesta se ha logrado movilizar al país y llamar la atención: llegar a un punto para decidir si como sociedad estamos de acuerdo en mantener un código hecho en una sociedad patriarcal, de tipo confesalista y casuístico o si queremos una nueva codificación como se ha hecho en diversas partes del mundo como en China, Argentina y Suiza, países que han sacado codificaciones en épocas recientes, o como Francia, que presentó cambios regulatorios grandes y extensos”, destacó el docente.

Puntos álgidos en discusión


El borrador del nuevo Código Civil –abierto al público hasta el 23 de octubre– tiene puntos considerados álgidos en el debate que el profesor Herrera explica:
 

  • Inseguridad jurídica: la constitucionalidad del derecho privado es una realidad desde la vigencia de la Constitución de 1991 y en la cual se deja claro que cualquier norma del ordenamiento jurídico se tiene que interpretar conforme a la Constitución. Se trae esto y se les da vida, diciendo que todos somos iguales y no puede haber distinción de ningún tipo basado en esos fundamentos, no solo por contrariar la Constitución sino también mandatos internacionales.
  • Mandato de la función social de la propiedad: aunque la Constitución reconoce la propiedad y los derechos privados adquiridos con justo título, tiene que estar en ejercicio o a servicio del bienestar general. Solo se reconocen normas que ya están vigentes, que permiten que haya expropiación en caso de que haya un bien de actividad público un particular no lo explote. La función social de la propiedad y las normas especiales que regulan el manejo de la tierra ya existe, no es algo novedoso. El proyecto no lo está estableciendo como un mandato imperativo, sino como uno de optimización, está advirtiendo sobre su existencia y está refiriendo al legislador para que a través de normas especiales regule cada una de las materias.
  • Solidaridad: la Corte ha dicho que tratándose de personas secuestradas o desplazadas por la violencia el principio de solidaridad impide que el proceso ejecutivo prospere. Decir que hay inseguridad jurídica por un cambio constitucional es una discusión que se debió dar antes de 1991 y ahora es inevitable.
  • Derecho del acreedor: en el Código se propone una norma novedosa, hacer inviable que se pueda ejecutar en casos en que la situación del deudor lo vaya a poner en situación gravosa. La Constitución dice que Colombia debe ser un orden social justo basado en la solidaridad.


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“Cuando un acreedor va a exigir el pago judicial de una deuda, la pregunta es, si como sociedad se debe permitir que esto suceda aunque el deudor se encuentre en una situación precaria económicamente y la ejecución lo deje en una situación paupérrima. Así, para verificar que se pague la deuda, se pide que un juez modifique los tiempos de pago, conceda reducciones en casos en que la persona se vea empobrecida a raíz del crédito”, explicó.


El profesor Herrera destaca que esta es una propuesta académica, que cuenta con la intervención de los profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, y de académicos consultados en todo el país, quienes hicieron sus comentarios: “no tiene ningún tinte ni ideológico ni político. La ayuda del Ministerio es para permitir su socialización, no hay un compromiso político que nos permita identificarlo o adscribir a una corriente o una ideología”.


“Se pensó que una vez se tuviera esta propuesta académica y se agotara el proceso de socialización, de comentarios, construcción colectiva, una versión mejorada, que evite los errores y normas inconvenientes, y una vez tenida esa segunda versión, pase al escrutinio del Gobierno nacional para que comience el tránsito legislativo. Pero eso será en un momento posterior si se logra un acuerdo sobre lo que se quiere. Lo que se quiere es dejarle al país una mejor norma”, asegura.

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