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Programas presidenciales, “flojos” en propuestas para la educación superior

Basta revisar las propuestas sucintas que en algunos casos se pueden leer en dos páginas y en otros hasta en 30: programas universitarios de alta calidad en línea; continuar o no con “Ser Pilo Paga” con ajustes o sin ajustes; fortalecer la universidad pública en asocio con el sector privado; reformar el Icetex; aplicar el mérito individual para acceder a becas universitarias; aumentar la cobertura del 55 al 63 %; fortalecer la educación técnica y tecnológica, asignar un rol relevante al Sena, entre otras.

UN Periódico Digitalconsultó a tres expertos, quienes analizaron algunas de estas promesas. Teniendo en cuenta que el subsidio a la demanda implica que el Estado financie vía créditos -algunos de los cuales subvencionamos con recursos públicos- a quienes quieran acceder a programas de educación superior en el sector privado, Felipe Mora, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, explica que “esos créditos pocas veces son condonables, por lo tanto la apuesta debería ser el subsidio a la oferta que fortalece a las universidades públicas para que todos los jóvenes puedan acceder a una educación de calidad”.

La mayoría de los candidatos incluyen en su programa el tema de los créditos y el asocio con el sector privado para la educación superior, con algunas reformas. Así por ejemplo, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle proponen una recuperación contingente de los créditos, es decir que el deudor del Icetex pague su préstamo con un porcentaje de su ingreso laboral y se elimine la capitalización de intereses, lo cual ya fue aprobado en abril pasado en un proyecto de ley del Congreso que está para sanción presidencial pero que inicialmente solo cubre 10.000 nuevos cupos.

Por su parte Germán Vargas Lleras e Iván Duque proponen fortalecer la universidad pública en asocio con el sector privado; el primero reduciendo impuestos a las empresas que se vinculen con instituciones de educación superior y creando sedes regionales, y el segundo solo lo menciona como consigna y no se compromete con recursos.

Gustavo Petro propone la gratuidad universal financiada en su totalidad por el Estado. Sin embargo, en su programa de gobierno no precisa cómo la va a conseguir ni los recursos que destinará para subsidiar la oferta de la educación superior, “como pasa en todos los programas”, afirma el profesor Mora.

Más de lo mismo 

Para Leopoldo Múnera, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UN), las reformas implementadas para educación superior en Colombia –desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y continuadas por su sucesor, Juan Manuel Santos– han apuntado a fomentar una formación técnica y tecnológica de baja financiación y al mismo tiempo dar prioridad a un subsidio a la demanda y no una financiación sostenible a las universidades públicas. El panorama de la mayoría de los actuales candidatos presidenciales no se aleja de esta tendencia.

Al revisar las propuestas de Iván Duque, él proyecta condonar parcialmente los créditos del Icetex a los universitarios que se gradúen con honores y buscar nuevas ofertas de plazo y tasas de interés para los más pobres. Esto evidencia una continuidad y profundización de las estrategias de los últimos gobiernos, que arraigan la idea de que los estudiantes que accedan a programas universitarios sean aquellos que se destaquen en pruebas de conocimientos específicos, todo de la mano de los privados.

Los candidatos Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle se enmarcan en no acabar con el programa “Ser Pilo Paga” y ajustarlo (en algunos casos con otro nombre), lo cual reproduce la lógica de endeudamiento y los subsidios a la demanda y recuperación contingente al ingreso para poder acceder a formación universitaria.

El profesor Múnera señala que aunque Gustavo Petro es el único que habla del subsidio a la oferta, es decir, de fortalecer la financiación de las instituciones de educación superior públicas, en especial las universidades, no deja claro cuál sería el aumento del presupuesto para la educación superior. El candidato considera que la educación no debería estar vinculada al mérito de las personas –como lo plantea claramente Iván Duque– sino que debería ser un derecho fundamental de cada joven del país.

Urgen reformas de fondo para financiar la universidad pública 

A pesar de ser una necesidad manifiesta desde hace varios años por el sector educativo del país, ningún candidato propone reformar la ley 30 de 1992. El profesor Carlos Garzón Gaitán, director Nacional de Planeación de la UN, señala que si no se modifica la Ley de Educación Superior, continuará la inercia de ajustar los presupuestos solo por el índice de inflación. Por lo tanto, cualquier medida que se quiera adoptar frente a la universidad pública implica que la financiación anual reconozca los costos reales de esta y permita a las instituciones públicas sostenerse y crecer.

El presupuesto que anualmente le entrega el Estado a la universidad pública (3,05 billones de pesos para 2018) debería crecer por lo menos cuatro puntos por encima de la inflación. “Para eso habría que reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, pero estos cambios necesarios no son visibles en ninguna de las propuestas presidenciales”, afirma el profesor Garzón.

Pocos detalles en las propuestas 

Llama la atención que en la propuesta de Vargas Lleras aparece la idea de fortalecer la presencia de las universidades públicas en las regiones mediante la donación de tierras y aumentar el porcentaje del PIB para la educación en general (primera infancia, media-básica y superior) del 4,5 % actual al 6 %. La cifra concreta para la educación superior no aparece, por lo que, según Mora, mantendría el modelo actual de distribución presupuestal entre niveles.

Sergio Fajardo plantea fortalecer las universidades públicas y mejorar su infraestructura. Y aunque propone aumentar el porcentaje del PIB que se invierte en un 10 % anual para la educación en general, tampoco detalla cuál será la inversión concreta para la educación superior, ni la manera cómo se destinarían los recursos para ello. Su propuesta apoya los modelos tanto de becar a los estudiantes sobresalientes como de endeudamiento contingente al ingreso aprobado en abril pasado.

Humberto de la Calle habla de garantizar la educación superior como un derecho, “pero los instrumentos para avanzar en ese propósito carecen de consistencia al señalar, por ejemplo, que continuará con programas como “Ser Pilo Paga”, cuyos recursos públicos, en la práctica, terminan en su mayoría en universidades privadas”, afirma Felipe Mora.

Por su parte Iván Duque propone “establecer un vehículo financiero” para fortalecer las universidades públicas en asocio con el sector privado. Al respecto el profesor Garzón señala que en Colombia no se permite que el ánimo de lucro se involucre en la educación superior, por lo que ve poco probable que los privados hagan donaciones sin ánimo de lucro por iniciativa propia. Por lo pronto, es el único candidato que en su programa no se compromete con un aumento del presupuesto para la educación superior.

Finalmente, el profesor Garzón agrega que los aumentos de “la cobertura dependen mucho del uso de los recursos de la reforma tributaria, porque en estos momentos no hay otra fuente concreta establecida” y que el país tiene que corregir el modelo de distribución de cobertura por niveles y modalidades, que subestima la educación técnica y tecnológica de calidad y valora poco la investigación e innovación en las universidades.

Los tres expertos coinciden en la necesidad de fortalecer la oferta pública y ampliar la cobertura con calidad para estudiantes en educación superior, lo cual depende en gran medida de los recursos asignados a este sector y la prioridad que tenga la educación superior pública en los planes de gobierno.

Una condición previa que debe ser modificada es la calidad de la educación básica y media para mejorar la graduación y reducir el abandono en el nivel profesional.

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