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Prisión perpetua, ¿única oportunidad para humanizar el sistema de penas?

En la misma senda argumentativa, en algunos pronunciamientos en los que la Corte Constitucional ha aludido tangencialmente a la imposibilidad de que en Colombia se instaurara la prisión perpetua, expuso que dicha medida “anula toda forma de resocialización del condenado”. Y es a partir de esta circunstancia sobre la cual se edifica el eventual juicio de sustitución de la Constitución Política, específicamente del principio de la dignidad humana, el cual, dado su carácter de inalienable, es uno de los ejes fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho.


En un sentido similar, la Comisión Asesora para la Política Criminal del Ministerio de Justicia, instancia técnica -no oficial- del Consejo de Política Criminal, expidió un documento titulado “Consideraciones sobre la implementación de la pena de prisión perpetua en Colombia”; allí se expusieron algunos planteamientos en contra del entonces proyecto de reforma constitucional, destinando un acápite inicial al principio de dignidad y luego a la posible vulneración de otros principios como la libertad o la igualdad, para después examinar sus aspectos económicos y advertir algunas problemáticas relacionadas con su ineficiencia, revisión, aplicación y riesgos.


Puedes ver: Cadena perpetua: ¿cómo y bajo qué condiciones se aplicaría en Colombia?.
 

Las críticas al establecimiento de la prisión perpetua se enfocan preferentemente a reprobar que se impida al condenado su resocialización y que se le mutile la posibilidad de obtener algún día su libertad. No obstante, dichos reproches no parecen concordar con el acto legislativo 01 de 2020 (AL) finalmente aprobado por el Congreso de la República, pues, contrariamente, podría concluirse que la reforma constitucional es menos atentatoria a la dignidad humana que el vigente sistema penal.


Cuatro planteamientos soportan esta idea:


i) La prisión perpetua revisable, tal como se señaló en la anterior publicación sobre la prisión perpetua, debe entenderse como un máximo punitivo, que al conceder la posibilidad de revisión en 25 años, resulta respetuoso de los parámetros trazados en instancias internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tal interpretación se armonizaría con lo advertido por destacados juristas, cuando han afirmado, en postura absolutamente minoritaria, que lo realmente introducido fue una reforma favorable.


En tal sentido, para que el AL no sea declarado inexequible y armonice con el principio de la dignidad humana, debería tener un primer condicionamiento por parte de la Corte Constitucional, en el sentido de establecer que cuando se afirmó que la pena “deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años”, deba entenderse que la revisión “será” a los 25 años.


ii) Las máximas que con innegable acierto ha expuesto Ferrajoli, refieren a la prisión perpetua (ergástolo) como una condena de la que no hay certeza sobre su excarcelación. Es decir, aquella en la que, como en el sistema americano -o sin ir tan lejos como algunas penas en nuestro país-, cabe la posibilidad de que nunca se obtenga la libertad. Pero a ello debe sumarse que la perspectiva de Ferrajoli se erige sobre el ordenamiento italiano, en el que el máximo de pena de prisión es 24 años -art. 23 CP reclusione-, con lo que una prisión perpetua, con la posibilidad de ser negada al momento de su revisión a los 26 años -art. 176 Liberazione condizionale-, ha de parecerle un exabrupto.

 

Puedes leer: Fin de la cadena perpetua revisable: apuntes para su archivo definitivo.


Dicha situación no es ajena a los países de su región, por ejemplo, en Alemania la pena máxima de prisión es de 15 años -§ 38-, término que precisamente coincide con el período de revisión de la prisión perpetua - 57a. 1)-. Y en España el máximo de la pena de prisión es de 20 años -art. 36.2- con un término para revisión de la prisión perpetua de 25 años -art. 92.1 a)-. Nótese entonces que la lógica de los sistemas penales que han admitido la prisión perpetua revisable es, precisamente, y como parece apenas lógico, que tal condena sea el techo punitivo.

 

Así la Corte, además de declarar la exequibilidad del AL, debería estimar que lo que ha sobrevenido inconstitucional es nuestro sistema punitivo, razón por la cual no serían tolerables sanciones que en su máximo superen los 25 años de privación de libertad, pues carecería de sentido que subsistan penas que sobrepasaran el límite constitucional.

 

Adicionalmente, una vez reglamentada la prisión perpetua, si un asesino y violador de niños tendrá derecho a una revisión, no parece lógico que quienes hasta hoy han sido condenados a penas mayores, incluso por otros delitos, no puedan acceder a tal prerrogativa; de ahí que, por demás, el juicio de favorabilidad en torno a la concesión de un beneficio, como sería la revisión, parezca claro.

 

iii) De cara a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cabe recordar que preliminarmente ha admitido máximos de 50 años de prisión por delito y 60 por concurso de delitos sin que haya advertido vulneración al principio de dignidad humana ni a la proporcionalidad de las penas (C-073/2010); postura que fue asumida desde años atrás cuando permitió, bajo la vigencia del Decreto Ley 100 de 1980, el máximo de 60 años para el delito de secuestro (C-565/1993). De la misma manera, ha avalado la incorporación al ordenamiento jurídico del Estatuto de Roma (C-578/2002), que consagra la prisión perpetua revisable a los 25 años de prisión (art. 110 numeral 3).

Tampoco puede pasar desapercibido que hace algunos años se tramitó una iniciativa para que, vía referendo, se modificara la Carta Política y se permitiera la prisión perpetua. Tal proyecto naufragó en la Corte Constitucional por vicios de forma (C-397/2010), aunque algunos magistrados, en sus salvamentos de voto, concluyeron que debió abordarse, de fondo, ese controvertido tema de cara al eventual juicio de sustitución.


Resulta absolutamente oportuno recordar lo que dijeron sobre este tema tres magistrados; el primero indicó: “valga decir que por la adopción de una norma de esta naturaleza, tampoco se estarían desconociendo los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad -pues en ninguno se prohíben las penas prolongadas y algunos incluso contemplan la prisión perpetua, como el Estatuto de Roma de la CPI”. Otro, con un poco más de contundencia, señaló: “no existe en realidad un instrumento internacional que prohíba la pena de prisión perpetua sin posibilidades de rebajas”.


Finalmente, en un más que interesante voto disidente del Magistrado Jorge Iván Palacios, en el que luego de exponer fabulosos argumentos en contra de la prisión perpetua, concluyó que su instauración conllevaría a que “la finalidad de la pena sería entonces retributiva y preventiva, pero se abandonaría uno de sus componentes centrales: la función resocializadora como forma de retorno y reintegración del individuo a su comunidad”.


Puedes leer: Prevención, en lugar de prisión perpetua para los delitos sexuales con menores de 14 años en Colombia.
 

iv) En cuanto al concepto emitido por el Consejo de Política Criminal, llama la atención que se repita 18 veces la palabra “resocialización”, es decir, pareciera que el criterio allí adoptado se cimienta, en gran parte, sobre la circunstancia de que un condenado pierda la posibilidad de obtener algún día su libertad o que se le impida ser reintroducido al seno social. Y aunque de manera insular se alude a la revisión de las condenas, lo cierto es que se destina cerca de una página a su análisis (pp. 17 y 18), y más que un estudio concreto de la institución, se evidencia un gran halo de incertidumbre, por cuanto se desconoce cómo será su procedimiento y regulación, y porque su concesión sería facultativa y no obligatoria.


Tanto los planteamientos de la Corte Constitucional como los del Consejo de Política Criminal se orientan a censurar que una pena impida a un condenado resocializarse y lo inhabilite para que, algún día, recobre su libertad. Este será entonces el segundo condicionamiento que deberá dictar la guardiana de la Constitución, ya que si se admite que la revisión se dé a los 25 años, el paso a seguir es que, atendiendo su propia jurisprudencia en donde ha desarrollado el fin de la resocialización, trace los derroteros que deberá recorrer el legislador, dejando claro: en qué consiste la excepcionalidad de la imposición de la prisión perpetua, qué aspectos deben valorarse en sede de revisión, quién hará la evaluación y, lo más importante, cómo se debe ensamblar verídicamente ese fin al los tratamientos penitenciarios, dejando sentado que su no promoción no puede atribuirse a los condenados.
 

Con base en estos argumentos, se debería reconocer que lo que se denominó como prisión perpetua revisable no es equiparable a la pena vitalicia que el cine gringo nos ha vendido y que fue, torpe e infructuosamente, lo pretendido por los promotores del AL.


En cambio, lo aprobado por el Congreso puede ser una única oportunidad, irrepetible en las próximas décadas, para lograr la humanización del sistema de penas.


Por ello, y como en la parábola bíblica de la Torre de Babel es válido preguntar, ¿los respetables académicos que hoy critican el AL prefieren, realmente, 60 años de condena -que implican como mínimo el pago de 42 físicos- o una prisión perpetua revisable a los 25 años teniendo como único criterio evaluador la resocialización? ¿no creen que el exterminio a la esperanza del que nos habla Ferrajoli ya es una realidad en Colombia? Y si lo analizan desde el criterio económico, ¿sería más oneroso un privado de la libertad por 25 años con posibilidad de revisión que uno por más de 40 años físicos?


Y, en igual sentido, quienes se precian de promover la humanización del sistema penal, ¿consideran un exabrupto la posibilidad de concederle -vía favorabilidad- la revisión a condenados como Rafael Uribe Noguera, que hoy están condenados, de facto, a una auténtica prisión perpetua? ¿Sería un despropósito que el máximo de pena imponible en el país sea de 25 años revisables y no de 60?

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