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Prisión perpetua ¿una Torre de Babel?

Aunque dentro del trámite legislativo la academia se pronunció al unísono en contra de la iniciativa, sus planteamientos fueron desatendidos integralmente por el Congreso; por eso, una vez aprobado el AL, de la mano del entusiasmo de sus promotores, el rechazo de importantes académicos y algunos famosos penalistas fue contundente y anunciándose la formulación de acciones para que la Corte Constitucional declare su inexequibilidad.
 

Así, cuando se pondere el verdadero alcance de lo finalmente aprobado, literalmente se podría invertir la ecuación, de modo que los promotores del AL pasen a abogar por su inexequibilidad, mientras que sus detractores reivindicarán el aval constitucional. Para comprender esta afirmación, inicialmente haré una aproximación al derecho internacional, y seguidamente aterrizaré en el análisis de la reforma en el escenario colombiano.
 

Puedes leer: Fin de la cadena perpetua revisable: apuntes para su archivo definitivo.
 

Suele entenderse que la prisión perpetua es una medida extrema que aplica exclusivamente en sistemas intensamente drásticos, como el de Estados Unidos, donde es posible que se llegue al extremo de imponerle a una persona no solo una, sino varias condenas vitalicias, con o sin la posibilidad de obtener algún día la libertad condicional (parole). No obstante, en sistemas ampliamente garantistas y con bajas tasas de criminalidad también es posible hallar esta figura; en Alemania, por ejemplo, existe la prisión perpetua revisable a los 15 años, en Holanda y España se revisa a los 25, y en Italia a los 26 se puede optar por la libertad condicional.
 

Este tipo de regulaciones ha llevado a que el Tribunal de Estrasburgo (TEDH) haya desarrollado toda una línea jurisprudencial tendiente a esclarecer cuándo una condena perpetua contraviene los derechos humanos, situación que se presenta, fundamentalmente, cuando se quebrantan dos principios: el de proporcionalidad y el de no irreductibilidad.
 

El primer principio –que guarda una estrecha relación con la crítica a la “larga duración” de este tipo de condenas– se satisface con la fijación de un límite razonable para la revisión de las sentencias, término que si bien no es sugerido por el Tribunal, sí ha sido ponderado frente a normatividades como la de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estatuto de Roma que, como encargados de juzgar los delitos más graves, aquellos que la humanidad rechaza, ha fijado la revisión en 25 años (Vinter y otros vs. Reino Unido).
 

En lo que tiene que ver con el segundo principio, que ostenta íntimo vínculo con la crítica sobre la “indeterminación de las penas”, es decir la incertidumbre que una sanción a perpetuidad puede generar, se ha precisado que los Estados deben ofrecer una perspectiva o esperanza cierta de liberación, atada por supuesto a la revisión, pero enfocada a los criterios que se deberían atender para su concesión, como serían la resocialización, disuasión y retribución (Hussain vs. Reino Unido).
 

En definitiva, para el TEDH, los Estados en su libertad de configuración legislativa bien pueden instaurar la prisión perpetua, situación que no contravendrá los DD. HH. siempre que se respeten los principios de proporcionalidad e irreductibilidad.


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Aterrizando estos planteamientos al caso colombiano, lo primero que se debe decir es que nuestro sistema penal consagra penas absurdas, fruto de una desbordada y acumulada irresponsabilidad legislativa, denominada “populismo punitivo”.
 

A modo de ejemplo, y muy a pesar de que el mismo Código Penal indica que el máximo de pena de prisión por delito es de 50 años, y en caso de concurso (dos o más delitos) hasta 60, un homicidio en persona protegida, agravado y cometido “contra una mujer por el hecho de ser mujer” (art. 135) alcanza los 75 años de prisión; el tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado (art. 188) llega a los 90, y un lavado de activos con sus agravantes (arts. 323 y 324) bordea los 78 años de cárcel.

En el caso puntual de delitos contra menores, bastaría con mirar la condena a 57 años –que bien pudo ser de 60– impuesta al violador y asesino Rafael Uribe Noguera; no obstante, al margen de ello, también hay disposiciones que sancionan hasta con 25 años de prisión a quien ofrezca dinero a cambio de sexo con un menor, y si el oferente es un “turista”, la pena, por el solo ofrecimiento, puede alcanzar 37 años de cárcel (art. 217A). En otras palabras, la prisión perpetua para varios delitos, incluidos los cometidos contra menores, ya existía en Colombia antes del AL.
 

Puedes ver: Reformas a la Corte Constitucional.
 

A pesar de ello, se debe reparar en que si se acudió a modificar la Constitución, el mensaje claro es la insuficiencia de las normas vigentes, es decir que al legislador colombiano le parecieron escasos 60 años de prisión para reprobar los delitos contra menores. Sin embargo, en la reforma constitucional, y tal vez para armonizarla con los estándares internacionales de DD. HH., se introdujo la posibilidad de revisar las sentencias a los 25 años. Esto lleva a concluir que en la propia Constitución se ha fijado un límite superior al régimen de penas en Colombia, con lo que se podría deducir que la pena más grave en nuestro país, hoy día, es la prisión perpetua revisable a los 25 años.
 

Tal circunstancia llevará a que –por la vía de la favorabilidad– a las personas que han sido condenadas a 60 años, por ejemplo, se les deba conceder la revisión a los 25. En el caso de Rafael Uribe Noguera se debe tener en cuenta que con el régimen bajo el cual fue condenado solo podría acceder a rebajas por trabajo o estudio, con lo que, en el mejor de los casos, pagaría su pena con 40 años físicos de prisión; con la reforma constitucional puede optar porque se revise su condena a los 25, cifra que alcanzará, descontando trabajo y estudio, en aproximadamente 18 años.
 

Además, y por primera vez, el fin de resocialización de la pena ingresó explícitamente a la Constitución, siendo, por demás, el único criterio que deberá atenderse para conceder la revisión de la condena perpetua. Se debe advertir que el constituyente de 1991 nunca mencionó la palabra “resocialización” o “rehabilitación”, pues jamás reguló los fines de la pena; fue la Corte Constitucional la que –vía interpretación del art. 12– consideró que existen unas funciones, reguladas sí legalmente, que deben orientar la imposición de las penas como la prevención, retribución, reinserción social y protección del condenado.
 

Llama la atención que aunque los estándares internacionales demandan que después de cumplir el término para la revisión (proporcionalidad) se analicen la resocialización, la disuasión y la retribución (no irreductibilidad), el Congreso colombiano ha sido más garantista, supeditando su concesión a la verificación de uno de estos factores, la resocialización, es decir que estableció un estándar mucho más flexible que el exigido por el derecho internacional.
 

Estos planteamientos llevan a concluir que –sin querer– se ha generado la introducción de normas más favorables a la Constitución, lo que lleva a que no solo violadores o asesinos de niños accedan al beneficio, sino todo aquel a quien se le haya impuesto una pena superior a los 25 años, pues no tiene sentido que a un condenado por el homicidio a un menor, quien de acuerdo con nuestro legislador es quien merece el mayor reproche, se beneficie a los 25 años con la revisión de la sentencia, mientras otros condenados, teóricamente por delitos menos graves, no puedan acceder a la prerrogativa.
 

El AL entonces no es inconstitucional, pues no solo satisface los principios de proporcionalidad y no irreductibilidad que demandan los estándares internacionales, sino que, irónicamente, ha humanizado nuestro desquiciado sistema penal. Lo que ha sobrevenido inconstitucional es el sistema de penas del Código Penal, con lo que hoy toda condena que supere los 25 años físicos, atendiendo descuentos, deberá limitarse a la posibilidad de acceder a una revisión en tal término, y esto favorece no solo a condenados como Uribe Noguera, sino que también se deberá extender el privilegio a homicidas, secuestradores y a toda suerte de condenas que superen estos límites.
 

Por esto, de aquí en adelante, la imposición de penas que superen estos parámetros deberá condicionarse al límite constitucional y a una revisión del factor resocializador, requiriéndose, ahora sí, que el Congreso redacte un nuevo sistema de penas según el nuevo techo que se ha fijado en la Carta Política, lo que abre la puerta a considerar que, tal vez, este AL no sea tan nefasto como lo consideran sus detractores ni tan inquisitivo como lo anhelaron sus promotores.

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