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    Primera década del Código de la Infancia y la Adolescencia: palabras más que realidades

Pese a la expedición de la ley que pretende garantizarlos, la sociedad colombiana aún está lejos de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

Al cumplirse en 2017 diez años de la entrada en vigencia del Código de la Infancia y la Adolescencia en Colombia, el balance muestra un panorama de claroscuros.

Por una parte el Código ha contribuido a difundir los derechos en el país, ha generado algunos desarrollos institucionales, ha promovido la circulación de un nuevo discurso sobre la infancia y la adolescencia, ha jalonado la apropiación de recursos dirigidos a la garantía de los derechos y ha presionado a las autoridades nacionales y locales a desarrollar acciones dirigidas a garantizar derechos.

Sin embargo, por otra parte, tanto los trabajos realizados como la opinión de los analistas evidencian que el cambio ha sido más nominal que real: “el espíritu de la ley no ha permeado a la sociedad”, afirmó un experto consultado.

Tanto la cultura popular como la institucional siguen siendo adultocéntricas y aún están lejos de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

Prueba de ello es que en la misma semana que se realizó un evento para analizar el Código, a finales de octubre pasado, 10 funcionarios de una institución de protección para niñas y niños discapacitados fueron detenidos con cargos de tortura y concierto para delinquir. Los vecinos del lugar habían escuchado reiteradamente gritos de niños y no lo habían reportado ante las autoridades.

Las cifras muestran la persistencia de graves vulneraciones de los derechos. El 11 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Niña, se dio a conocer que entre enero y agosto de 2017 ingresaron al Sistema de Atención para la Protección Integral, por vulneraciones de sus derechos, 17.713 nuevos casos de niñas y adolescentes, entre los cuales 6.127 correspondían a situaciones de abuso sexual (42 por día).

Aunque esta escalofriante cifra muestra una leve disminución respecto a los 8.800 casos registrados en el mismo periodo del 2007–cuando se expidió el Código– evidencia que Colombia mantiene una deuda pendiente con su infancia.

Persisten desigualdades en educación y salud

En cuando a la garantía de otros derechos, como el de la educación, hay avances importantes en indicadores como la cobertura educativa, producto de la cual hoy la población mayor de 5 años cuenta en promedio con 7,5 años de educación.

Sin embargo hay grandes desigualdades: en el área urbana el promedio es de 8,2 años, y en el área rural es de apenas 4,9 años. A pesar de estos avances, hoy más de 800.000 niños, niñas y adolescentes están por fuera del sistema educativo.

En la calidad de la educación los avances son bastante más lentos, según lo evidencian las pruebas nacionales e internacionales. Los resultados de las pruebas PISA 2015 muestran que aunque hay una leve mejoría respecto a las anteriores, el 43 % de los estudiantes colombianos no supera el nivel mínimo en comprensión lectora, el 48 % no supera el nivel mínimo en ciencias y el 66 % no supera el nivel mínimo en matemáticas.

En salud hay mejoría significativa en los datos de mortalidad infantil y de la primera infancia, pero persisten importantes brechas tanto urbano-rurales como entre etnias (la mortalidad infantil general es de 11,2 por mil, mientras que en comunidades indígenas es de 23,83 por mil).

En este periodo ha disminuido el embarazo adolescente, pero no el embarazo de niñas de 10 a 14 años, y han disminuido los asesinatos de menores de 18 años, pero han aumentado los suicidios.

La desnutrición ha disminuido, pero persisten diferencias entre regiones, etnias y estratos sociales. Según la Encuesta de Situación Nutricional 2015, el retraso en talla (desnutrición crónica) en menores de 5 años fue de 10,8 % en la población general y de casi el triple (29,6%) en la población que se autorreconoce como indígena.

Así mismo persiste el drama de las muertes por, o asociadas con desnutrición, las cuales hasta la semana 40 de este año iban en 151 casos, aunque la tasa disminuyó de 14,87 en 2007 a 6,82 en 2016.

Insuficiente presupuesto para políticas públicas

Respecto a las políticas públicas, se resalta el hecho de que a partir del Código los municipios y departamentos deben tener una política de infancia y adolescencia que responda a lo encontrado en el diagnóstico que deben realizar.

No obstante, estas políticas cuentan con escaso presupuesto y en la mayoría de municipios y departamentos no son prioritarias: entre un 5 % y un 8 % de los municipios ni siquiera cumple con formular la política.

Ahora bien, el Código no solucionó el tradicional problema de desarticulación entre políticas nacionales, departamentales y municipales de infancia y adolescencia; por el contrario, se siguen presentando choques de competencias y duplicidad de acciones entre instituciones nacionales, instituciones descentralizadas e instituciones locales, lo cual limita las posibilidades de tener políticas públicas integradas.

Se resalta el aumento del número de comisarías de familia y su distribución por la mayor parte del territorio nacional, aunque hay limitaciones presupuestales para el funcionamiento de estas y el clientelismo político en los nombramientos.

Igualmente ha sido importante crear la Policía de Infancia y Adolescencia, la cual cumple un papel importante en atención inicial de vulneraciones de derechos.

Tercerización de atención

A pesar de que el Código tiene el espíritu de priorizar la atención en el medio familiar de situaciones de vulneración de derechos, persiste un gran número de instituciones privadas que atienden tanto a niños como a, niñas y adolescentes con medidas transitorias de protección, como a aquellos que han sido declarados en adoptabilidad.

Existe entonces una tercerización de la atención en instituciones de muy diversas características y calidades que no son siempre garantistas de derechos.

Un avance importante ha sido la consolidación de una política de primera infancia, a la cual se han destinado recursos y se le ha dado una estructura administrativa y gerencial.

Aunque los aumentos en cobertura no han sido tan significativos, sí hay una importante mejoría en la calidad de las atenciones, en la infraestructura y en la calidad del recurso humano que las ejecuta.

En cuanto a la responsabilidad penal adolescente, el Código plantea cambios positivos hacia la garantía efectiva de derechos. Sin embargo se produjo una contrarreforma orquestada desde el mismo Estado a través de la Ley 1453 de 2011, por la cual se aumentaron las penas para adolescentes infractores y se impusieron nomas carcelarias a las instituciones de atención especializada.

Las condiciones de las instituciones en las cuales se interna a los adolescentes son hoy en su mayoría deplorables y se sigue con la tendencia a judicializar la pobreza.

A los analistas les preocupa el hecho de que no se está cumpliendo plenamente lo establecido en el Código. Varios de sus artículos son hoy letra muerta, ya sea porque no se han reglamentado, o porque a través de decisiones institucionales y de normas reglamentarias –como los lineamientos de los programas, se ha producido una contrarreforma, oporque muchos sectores del Estado y muchos actores de la sociedad no reconocen ni cumplen sus responsabilidades en la protección integral de la infancia y la adolescencia.

Las entidades de control vigilan parcialmente el cumplimiento de las normas establecidas por el Código, pero las violaciones y los incumplimientos a este generalmente no son sancionados. Las entidades públicas no cuentan con los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones respecto a la aplicación del Código; les falta liderazgo y no hay una comprensión y apropiación adecuada de la filosofía del Código por parte de quienes deben hacerlo cumplir.

El Estado sigue aplazando tanto la consolidación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que dé cuenta de manera continua de la situación de los derechos y del cumplimiento de sus obligaciones, como la necesaria transformación de la arquitectura institucional.

Aunque el éxito de una política de largo plazo es la prevención de cualquier vulneración, en eso falta una mucho por avanzar.

Es por estas consideraciones que el balance de los 10 años es agridulce, el país parece ser indiferente al destino de sus nuevas generaciones, particularmente de las más vulnerables, con lo cual se compromete no solo el futuro de ellas, sino el de todos los colombianos.

 

* Este artículo recoge los análisis de expertos de la academia, la sociedad civil y el Estado, convocados por el Observatorio de Infancia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia para hacer un balance sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia en el país.