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Prevenir el genocidio carcelario como imperativo ético y moral

Del universo de personas privadas de la libertad, 33.844 son sindicadas, es decir que aún no han sido condenadas, y que por lo tanto se presume que son inocentes, que el proceso de investigación está en curso y que están en esta situación de manera preventiva. Esto ha dejado en el pasado consecuencias económicas reales y gravosas para el patrimonio público en un sistema penal en permanente crisis; ejemplo de ello es que la Fiscalía General de la Nación ha sido objeto de costosas demandas y condenas en el Consejo de Estado por parte de personas que han sido absueltas después de vivir una privación de la libertad que no les correspondía, o por sufrir las consecuencias inhumanas de la privación injusta de su libertad.
 

En términos específicos y en relación con la situación del país y de esta población vulnerable frente al COVID-19, la situación es alarmante: al hacer una aproximación a casos concretos, el país ha estado pendiente de las circunstancias de salud pública derivadas de la infección en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, Meta. La Gobernación de este departamento actualiza a diario el número de personas infectadas allí, y al 11 de mayo la cifra era de 859 casos de coronavirus en el penal que tiene 1.773 internos y 300 guardias del Inpec.1


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Según datos del Ministerio de Salud, para la misma fecha en el Meta había 927 casos, de manera que el 92.6 % de los casos de este departamento provienen de la cárcel de la ciudad, lo que corresponde al 7,98 % del total informado en el país. La tercera parte del personal del establecimiento está infectado.

Esta aproximación es preocupante si tenemos en cuenta que la situación de la cárcel de Villavicencio es un ejemplo de lo que podría pasar en el país. Por una parte, Colombia tiene cárceles en 28 departamentos, la mayoría en condiciones de hacinamiento y mal estado físico, con deficientes servicios de salud y poca posibilidad de atención médica y ninguna garantía de salubridad para los internos. Por otra, la falta de condiciones de protección y salubridad para el personal de guardia, los auxiliares bachilleres y los terceros que laboran allí, y que son personal flotante que entra y sale del establecimiento carcelario, los convierte en potenciales transmisores de la infección tanto en el penal como para el resto de la población en general.
 

Otro de los casos que más llama la atención es el brote de contagios en la cárcel de Leticia en el Amazonas, donde entre funcionarios y reos, se confirmaron 85 casos de COVID-19. En total, al 11 de mayo se registraron 718 casos en este departamento del sur de Colombia donde el sistema de salud no cuenta con hospitales equipados con camas para atender cuidados intensivos.
 

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Por lo anterior, la preocupación no es solo por las condiciones y circunstancias de las personas privadas de la libertad y del personal que trabaja allí, sino que también implica analizar la incidencia de esta situación para el resto de la población como un problema de salud pública, salvo que la política de Estado sea dejarlos morir en las instalaciones carcelarias sin atención médica. Como se espera una actuación diligente, un foco de infección en las cárceles traería consecuencias externas para el sistema de salud por su eventual saturación, y una omisión negligente implicaría efectos económicos negativos a largo plazo por la responsabilidad que le corresponde al Estado al no tomar medidas adecuadas para evitar lo que la academia ha llamado “rumbo a un genocidio carcelario”.
 

La preocupación por las cárceles traspasa fronteras: profesores colombianos y extranjeros del más alto reconocimiento científico y académico suscribieron un manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectado por el coronavirus, por la falta de condiciones de vida digna, el riesgo real de muerte de una población vulnerable y que se encuentra bajo especial sujeción en relación con el Estado.
 

En dicho documento, los profesores plantean su indignación por lo que denominaron “la pantomima y el sórdido espectáculo que [el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación] han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad, pero demostrando con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población”.
 

Para el final de la semana pasada solo fueron beneficiados con prisión domiciliaria 351 personas privadas de la libertad (0,3 %), de los apenas 4.000 (3,42 %) que calculó el Gobierno serían destinatarios del decreto, lo que en ninguno de los dos casos aliviaría la situación carcelaria y que, a todas luces, no deja de ser una burla con el eufemismo de “preocupación humanitaria”.

Por su parte, y después de valorar la situación de la cárcel de Villavicencio en particular, la Corte Constitucional, mediante importante orden judicial de protección (auto 157, 06 de mayo de 2020), estableció los parámetros de interpretación constitucionalmente adecuados para la aplicación de las normas vigentes en favor de las personas privadas de la libertad, y en especial de aquellas que tienen condiciones que las hacen especialmente vulnerables; también ordenó una caracterización importante por condiciones específicas de salud y ordenó su trámite expedito a través de la Defensoría del Pueblo y de las autoridades judiciales competentes.
 

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Esta medida se tomó con la finalidad de reducir la propagación de la enfermedad, para lo cual se consideró que el distanciamiento social real en las condiciones de hacinamiento nunca sería posible, por lo que se consideraron necesarias medidas reales de descongestión de los establecimientos de reclusión. Para mitigar el efecto del COVID-19 y prevenir el daño antijurídico, a la administración se le impone la obligación de centrar sus esfuerzos en preservar la vida e integridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal administrativo y del cuerpo de custodia y vigilancia.
 

Aunado a la decisión, de esta se interpreta constitucionalmente que la prisión domiciliaria para personas mayores de 60 años con enfermedades debe ser tramitada como enfermedad muy grave, pretermitiendo el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y las excepciones del decreto. Así, una persona que acredite por medio del médico del penal, además de la edad, una enfermedad grave como diabetes, VIH u otra de la misma naturaleza, tiene derecho a que el juez le conceda la prisión domiciliaria sin importar el delito por el que fue condenado.
 

Por su parte, los funcionarios judiciales deben considerar que la valoración de la conducta del penado durante el cumplimiento de la pena en la institución carcelaria prima sobre la gravedad de la conducta por la que lo condenaron. Esto es importante, pues muchos jueces se aferran a la gravedad de los hechos para negar la sustitución de la pena, lo cual no debería ser así, pues la gravedad de los hechos ya habría sido estimada en la valoración del injusto al momento de la condena y en la sustitución de la pena no deberían ser tenidos en cuenta por segunda vez para su negación.
 

En el Estado constitucional se deben proteger las garantías y los derechos fundamentales de todas las personas, máxime si se trata de aquellas que por sus condiciones materiales o particulares se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad.


La sociedad colombiana debe valorar si lo que debe primar es el castigo, la disciplina y la prisión como formas de transformar a la sociedad, o si debemos buscar una transformación social que parta de la solución real de los problemas sociales, la superación de la inequidad, de la corrupción por el buen gobierno y la consideración de una ética de la ciudadanía como forma de respeto al otro en su integridad.
 

Los Estados constitucionales contemporáneos no prevén –formalmente– la pena de muerte como una de las consecuencias de la conducta punible. Sin embargo, en términos materiales existen diversas maneras de morir cuando se cae en desgracia por sospecha de delito grave o cuando se es presa de las redes selectivas del poder punitivo.
 

El filósofo francés Michel Foucault exponía en las clases de la “Sociedad punitiva”, cómo en la Grecia arcaica la pena de muerte directa, la de la ejecución, era más bien rara y reservada a faltas específicas; en cambio, existían procedimientos particulares que consistían, no en ejecutar al reo, sino en exponerlo a la muerte segura con disfraz de exilio.
 

La expulsión del territorio cuyo abandono era sin bienes, previa exhibición a la vindicta pública para que, fuera de la ley, cualquiera en el tumulto le diera muerte sin que nadie se hiciera cargo como ejecutor, o también cuando se arrojaba a la persona desde lo alto de un acantilado, privándola del “suelo materno”, en su abandono sin más ayuda que la de los dioses.
 

Tal como en el pasado, en tiempos de pandemia, la venganza y el rechazo público aparecen en los medios de comunicación y en redes sociales, la suerte del reo está mediada por el azar; que muera o no depende del contagio o no en el penal. La política pública del Estado frente a la población carcelaria pareciera ser la misma que en antaño: en Colombia no hay pena de muerte, pero en las condiciones actuales, en la cárcel el destino la define al azar.


Puedes ver:

 

 


 

1 La Corte Constitucional, en el Auto 157 de 2020, establece que “Para el 31 de abril de 2020, el establecimiento tenía una capacidad para albergar a 899 personas privadas de la libertad y estaba ocupada por 1.773, con una sobrepoblación de 874 internos y un índice de hacinamiento del 97,2 %.”

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