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Prevención, en lugar de prisión perpetua para los delitos sexuales con menores de 14 años en Colombia

Dicho proyecto pretende que de manera excepcional, y cuando se cometan delitos de acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años, se pueda imponer la pena de hasta prisión perpetua, la cual es revisable en un plazo de 25 años.
 

Sin embargo, esta iniciativa para hacer frente a los delitos sexuales contra menores de 14 años en Colombia, más allá de su fundamentación epistemológicamente populista, es fruto de dos razones.
 

Primero, el desconocimiento de los postulados básicos del derecho penal y de la política criminal sobre los cuales se debe cimentar la prevención y sanción del accionar delictivo, toda vez que la iniciativa está liderada casi que exclusivamente por la represión penal, cuando esta debe ser excepcional ante la conflictividad social. Esta situación agravaría otros serios problemas del Estado como el hacinamiento y violencia carcelaria, que se agudizan por la situación de las prisiones que están a punto de derrumbarse por falta de proyección y recursos, y por la imposibilidad de superar el estado de cosas inconstitucional por más de 20 años.
 

Puedes ver: Pandemia ahonda la inconstitucionalidad permanente en las prisiones colombianas.
 

Los largos encierros de las personas infractoras de la ley penal resultan inoperantes frente a los fines de la pena.


Esto demuestra por qué el continuo endurecimiento de las sanciones penales para los abusadores sexuales de menores en el país se reduce a un simple discurso populista –y en muchos casos solo político y mediático– sin que logre tener fuerza, soporte, argumentos o resultados suficientes según las teorías del derecho penal garantista y la política criminal sistémica para afirmar y demostrar que, en la práctica, es un camino lo suficientemente fuerte para prevenir el delito y lograr una mejor protección de los bienes jurídicos tutelados de las víctimas.
 

Segundo, al revisar dicho proyecto resulta evidente que este se distancia en gran medida del modelo de “Estado social y democrático de derecho”, con supremacía constitucional establecido a nivel nacional, ya que las medidas político-criminales adoptadas bajo dicha propuesta no se cimentan en los valores, principios constitucionales, control de constitucionalidad, control de convencionalidad y derechos fundamentales que la Carta consagra.
 

Por el contrario, en el sentir popular que se tiene del control de la criminalidad falla de fundamentación que desconoce no solo la finalidad del mencionado modelo de Estado (artículo 1º Constitución Política), el cual debe utilizar en todo momento –de forma privilegiada– sus políticas públicas orientadas a prevenir el abuso sexual desde su misma raíz, y no limitarse a emplear después el aparato represor para condenar al delincuente cuando el daño social al menor ya está hecho y es irreversible.
 

Dicha concepción implica no solo una clara omisión del Estado frente al deber de respeto y protección prevalente de los derechos fundamentales de los niños, al preferir el sistema penal sobre el social, sino también el principio de supremacía constitucional (Artículo 4º de la Constitución Política), al ignorar los postulados superiores como soportes o fundamentos integrales de dicha construcción político-criminal.
 

Puedes leer: COVID-19 y salud: mutar para vivir.
 

Lo anterior, debido a que la eventual consolidación de propuestas como la contenida en el proyecto sustituirían infundadamente el modelo de “Estado social y constitucional de derecho” vigente por un erróneo modelo de “Estado penal de derecho”, en el cual se privilegiaría la represión penal sobre la prevención social, fomentando a su vez un uso eminentemente utilitarista y poco eficientista del derecho penal que daría lugar al abuso de la sanción penal hoy para los delitos sexuales con menores de 14 años, pero mañana, y ante la eliminación del texto superior de la prohibición de prisión perpetua, para cualquier tipología penal.

Esto legitimaría su actuación como prima ratio –que permite emplear un recurso punitivo para prevenir ciertos comportamientos sin examinar su eficiencia y necesidad– al propiciar que se prefiera la función represiva en aras de una verdadera protección de los bienes jurídicos de los niños y niñas víctimas, sumatoria de factores que desembocan en un uso meramente simbólico del derecho de penas con todos sus efectos negativos, lo cual afianza una verdadera solución de huida del poder legislativo nacional frente a su deber superior de tratar de resolver de forma eficaz y de fondo el atroz problema social del abuso sexual de niños en todo el país.
 

De esta manera, se recomienda al poder legislativo nacional como parte de la expresión operativa del principio democrático nacional, examinar siempre como ultima ratio (último argumento) y llegando en lo posible a la extrema ratio y con lupa constitucional, la solución político criminal formulada por el Proyecto de Acto Legislativo No. 21 de 2019 para prevenir y sancionar los delitos sexuales con menores de 14 años en Colombia, desprendiéndose de cualquier criterio moral, político o simplemente populista o punitivista en su decisión.
 

Además: Cadena perpetua, ¿una propuesta inconstitucional en Colombia?.
 

Si la pena es el instrumento represivo por excelencia, la política penal para prevenir y sancionar dichos delitos debe estar legitimada y sobre todo fundamentada en los principios político criminales que se proclaman expresamente en la Constitución Política de 1991, los cuales son el resultado de un profundo proceso democrático e ilustrado que exige a los representantes políticamente elegidos que sean los primeros llamados a proteger y respetar el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho con supremacía normativa designado legítimamente por todos sus representados primarios, deber jurídico que exige igualmente un meticuloso equilibrio entre la necesaria protección de los derechos fundamentales de los niños y el pleno respeto de las principios, fines, derechos y garantías proclamadas en la Carta.
 

Se recomienda a los partidos políticos promotores de este proyecto que modifiquen y abandonen las ideas populistas y de maximización punitiva claramente visibles en su iniciativa, y que se relacionan fuertemente con el endurecimiento jurídico penal con ideales de perpetuidad como primera, o incluso única, fórmula para hacer frente al mencionado abuso.


La prevención como solución primaria


La prevención y sanción de un fenómeno social que genera tanta sensibilidad nacional no puede ser edificado solo bajo premisas contrarias a los postulados históricamente construidos sobre el quehacer político criminal y la robusta teoría constitucional, aunado a que el abuso sexual de niños en sus casas, antes de ser un problema penal, judicial o carcelario, es un fenómeno social que debe ser siempre prevenido –preferentemente– por medio de las políticas públicas sociales, educativas, económicas, sanitarias y culturales, entre otras.
 

Dichas políticas deberían conducir a que el Estado actúe primero socialmente y no se limite a esperar de forma pasiva a que el abuso sexual de un menor ocurra, para proceder con toda su severidad por medio de la pena, ya que en Colombia la formulación de la política criminal en materia de delitos sexuales con menores de 14 años debe tener como primer y principal fundamento el de la “prevención social” por encima de la “represión penal”. Como afirmaba Cesare Bonesana (el marqués de Beccaría) en su obra De los delitos y de las penas (1764): “es mejor prevenir los delitos que punirlos”.
 

Así mismo, y en el marco de sus competencias legislativas, se le recomienda al Senado de la República que tramite el Proyecto de Acto Legislativo no. 21 de 2019 conociendo, aplicando y respetando tanto los valores como los principios, y sobre todo los derechos fundamentales, establecidos por la Constitución Política de 1991 para toda la población sin excepción.
 

De igual forma con los “Lineamientos generales de una política criminal de los derechos humanos”2 que configuran la base teórica de un nuevo paradigma nacional de intervención punitiva y resocializadora del Estado conocido como de “Política criminal constitucional”, el cual se debe complementar armoniosamente con la dogmática propia del derecho constitucional y penal, que aporta el saber necesario para comprender el fenómeno criminal y seleccionar adecuadamente los medios y pesos jurídicos para tipificar y sancionar los delitos y reafirmar el rechazo al proyecto aludido.

 


1 Proyecto de Acto Legislativo no. 21 de 2019. http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-acto-2019-2020/1723-proyecto-de-acto-legislativo-21-de-2019

2 Establecidos en 2012 por la Comisión Asesora de Política Criminal y los denominados “Estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos” fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 del 2015. https://www.uspec.gov.co/?page_id=7359

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