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    Por qué en Urabá no ha terminado la violencia

A partir de 1955, cuando se abrió al tránsito la carretera de Medellín al mar y a la Costa Caribe antioqueña, que es Urabá, esta tierra fértil es considerada como promisoria y atractiva para inversionistas, pequeños rebuscadores de intercambios lícitos e ilícitos, y viandantes jornaleros provenientes de todas las regiones en busca de contrato.

Es promisoria y a la vez peligrosa por la violencia inclemente que también se ha ensañado con ella. La pujanza y vitalidad de sus gentes contrasta con los atropellos de los que han sido víctimas por parte de variados actores del conflicto armado.

Urabá le ha dado al país glorias del deporte en atletismo, boxeo y fútbol, y también ha puesto el más alto número de asesinados que sindicato alguno en el mundo pueda contar: 795 en 16 años (1986-2002), según el Sistema de Información de Derechos Humanos (sinderh) de la Escuela Nacional Sindical (ens).

Pero además de las víctimas sindicalistas, en el mismo periodo también hubo casi un centenar de asesinatos de administradores y capataces de fincas bananeras; maestros, funcionarios y políticos locales; pequeños y medianos comerciantes; y mayor número aún de campesinos –unos propietarios, otros ocupantes de hecho– y de habitantes de barrios populares que pagaron con su vida el hecho de residir en zonas afectas a partidos de izquierda o coaccionadas por alguna de las guerrillas.

Además de las víctimas sindicalistas, en el mismo periodo también hubo casi un centenar de asesinatos de administradores y capataces de fincas bananeras; maestros, funcionarios y políticos locales; pequeños y medianos comerciantes; y mayor número aún de campesinos –unos propietarios, otros ocupantes de hecho– y de habitantes de barrios populares.

A pesar de lo anterior, Sintrainagro, el mayor sindicato bananero desde 1989, no disminuyó su número de afiliados a lo largo de toda la violencia que sufrió, ni su capacidad organizativa ni su fuerza de reclamación. Por el contrario, hoy agrupa a 18 mil trabajadores y es el único sindicato de industria en el país que negocia pliego único con 307 empresas representadas, a su turno, por la Asociación de Bananeros (Augura).

Que uno de los sindicatos más modernos del país se haya configurado y fortalecido en medio de tanta violencia es una paradoja, pero no es la única de Urabá.

Tierra de paradojas

También es contradictorio que una región conocida en el ámbito nacional e internacional por su industria bananera –impulsada por un empresariado formal con capitales provenientes de Bogotá y Medellín– haya sido desde los años ochenta escenario del narcotráfico: no tanto en sus eslabones más débiles del cultivo de coca, sino en las actividades de procesamiento, exportación y lavado de activos que generaron mucha violencia en las décadas finales del siglo xx y, en cifras menores, la siguen produciendo hoy.

Cabe aclarar que en la actualidad solo hay cultivos de coca en la zona oriental montañosa de la serranía de Abibe, aunque sí muchos más en el municipio limítrofe de Tierralta (Córdoba) y en muy pocas hectáreas en Chigorodó y Mutatá.

Así mismo es paradójico que una región en la que se mueve tanto dinero –lícito e ilícito– tenga una historia larga de reclamantes de tierras y de movimientos de ocupantes de hecho, en especial migrantes de los departamentos vecinos costeros de Córdoba y Sucre, quienes vinieron impelidos por la concentración de tierras de las grandes haciendas ganaderas en sus regiones, y además ilusionados por los destellos de la tierra prometida urabaense.

En los últimos años no han mermado los migrantes campesinos sin tierra ni los afrodescendientes chocoanos que llegan en busca de los jornales de las fincas bananeras; por el contrario, desde finales de los años noventa aumentaron por el desplazamiento forzado provocado en los municipios del Darién por el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) –al mando de “El Alemán”– en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, o por las Farc en Bojayá y Vigía del Fuerte, a consecuencia de la masacre de 2002.

Vale la pena agregar que el otro bloque de las auc que operó en Urabá, en la zona del banano, fue el Bananero, con dos frentes, uno comandado por alias “h.h.” y otro (el Frente Alex Hurtado) comandado por alias “Pedro Bonito”. Los dos mandos, al igual que el jefe del Bloque Elmer Cárdenas, se acogieron a la ley 975 de 2005, de justicia transicional.

Más que la zona bananera

Urabá es más que la zona bananera conformada por Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa. El área sembrada de banano en esos municipios ocupa apenas algo más de 34 mil hectáreas, de las más de un millón que suma la extensión de los once municipios que comprende la región, pues además de los cuatro mencionados, de Urabá forman parte:

  • Mutatá y San Pedro de Urabá, interioranos
  • Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes, costeros
  • Y Murindó y Vigía del Fuerte, localizados geográficamente en la cuenca del Atrato Medio

Todos ellos comparten muchos más rasgos con los municipios del Chocó que con los de Antioquia. La vida cotidiana de Vigía del Fuerte ha estado muy ligada a la de Bojayá (Chocó), cuya cabecera, Bellavista, se halla a tan solo diez minutos de Vigía cruzando el río Atrato, sobre su orilla opuesta. La violencia también los ha unido: de hecho los dos municipios fueron víctimas al tiempo de las mismas acciones de las Farc y las auc entre 1998 y 2003 en su sangrienta confrontación.

Los municipios del Atrato Medio (Vigía del Fuerte y Murindó), con resguardos indígenas y la mayoría de su población afrodescendiente, tienen poco en común con los municipios bananeros –salvo por exportar migrantes para mano de obra de las empresas– y sí mucho con los municipios chocoanos, tanto con los del Atrato Medio como con los del Darién, también llamado el “Urabá chocoano”.

Sus corregimientos no tienen presencia de Policía ni puestos de salud, la mayoría de las veredas no tiene acueducto ni alcantarillado, y muchas no cuentan con electricidad.

Tienen altos índices de necesidades básicas insatisfechas (nbi): 68,35 en Vigía y 97,08 en Murindó; un bajísimo índice de titulación de predios: según el Anuario de Antioquia, basado en Catastro, solo 69 predios rurales están titulados en una extensión de 1.081 km2 que tiene el municipio de Vigía, la mayoría de ellos de entre 2 y 4 hectáreas, y en Murindó apenas 16. Sus veredas carecen de vías terrestres, se comunican solo fluvialmente. Sus corregimientos no tienen presencia de Policía ni puestos de salud, la mayoría de las veredas no tiene acueducto ni alcantarillado, y muchas no cuentan con electricidad.

Entre esas veredas se encuentra Vidrí, donde se instaló el punto transitorio de normalización para la desmovilización de guerrilleros de las Farc, en particular del Frente 34, y que desde el 15 de agosto es uno de los 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación (etcr).

No obstante, pese a la asimetría entre Vigía del Fuerte, Murindó, y los cuatro municipios bananeros, o los nueve restantes que conforman la región de Urabá, a todos los une el hecho de haber sido golpeados por los mismos actores armados en una contigüidad geográfica y temporal, desde el eje bananero como epicentro en los años ochenta hasta los apartados lugares del Atrato Medio, en un desplazamiento progresivo tanto de las Farc como de los paramilitares y sus subsiguientes herederos en las prácticas criminales, los llamados “grupos posdesmovilización” que hoy fortalecidos buscan copar todos los territorios dejados por las Farc.

De la violencia de los años ochenta a la violencia de los noventa

La primera fase del conflicto armado contemporáneo –desarrollada en la década de los ochenta– golpeó en especial a los cuatro municipios bananeros, y sus víctimas principales fueron los trabajadores de la agroindustria, afiliados mayoritariamente a dos sindicatos que cada una de las dos guerrillas predominantes interfería y buscaba instrumentalizar a su favor: las Farc en Sintrabanano, y el epl en Sintagro.

Hubo muchos muertos de lado y lado de los dos sindicatos, sacrificados –en buena parte– por la disputa entre esos dos actores armados, así ambos se reivindicaran de la izquierda marxista, pero dentro de dos distintas corrientes de la contienda geopolítica global.

Al abrigo de la creación en 1986 de la Central Unitaria de Trabajadores (cut), los afiliados a Sintrabanano y Sintagro –que perdieron la personería jurídica como consecuencia de su participación en el Paro Nacional de 1988– convergieron a partir de 1989 en un tercer sindicato, Sintrainagro, lo que inicialmente mermó la violencia perpetrada sobre los sindicalistas, aunque aumentaba aun más el homicidio en la zona contra todos los sectores de izquierda por efecto del narcotráfico y de la creación de los primeros grupos paramilitares al mando de los hermanos Castaño, y a partir de 1988 se introdujo la modalidad de las masacres.

Poco a poco la violencia volvió a incrementarse contra los sindicalistas, ya inserta dentro de la confrontación principal entre los paramilitares y las Farc: en 1993 se consolidaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), y a partir de 1997 estas fueron el modelo y la matriz para las auc.

Las accu y auc se ensañaron contra la población civil de sindicalistas, campesinos y habitantes de barrio que tuvieran algún vínculo con el Partido Comunista o la Unión Patriótica –a la que se propusieron exterminar–, y de paso los miembros del partido Esperanza, Paz y Libertad (epyl) resultaban favorecidos por el aniquilamiento o acoso de sus competidores. Hubo casos en los que desmovilizados del epl reincidieron en la violencia incorporándose en 1993 a las accu comandadas por Carlos Castaño, para perpetrar crímenes contra población civil que señalaban, con pruebas o sin ellas, de ser apoyo de las Farc.

Continúan grupos armados organizados

Desmovilizadas las auc como resultado de las negociaciones de Santafé de Ralito en el gobierno de Álvaro Uribe, las cifras de homicidio y desaparición forzada descendieron tanto en Urabá como en el conjunto del país (con excepciones como la costa Pacífica nariñense, Catatumbo o el sur del Chocó). Sin embargo el desplazamiento forzado bajo amenazas continuó en algunos municipios, y el homicidio y las desapariciones han persistido en cifras que, aunque mucho menores, todavía preocupan.

Lo anterior debido a la pugna por el control del narcotráfico que sigue activo en la zona por parte de organizaciones criminales sucesoras de las auc y también de las Farc, que hasta el inicio de las negociaciones de La Habana en 2014 buscaron recuperar el control en varias áreas de la región. Urabá también se halla incluida en la lista de regiones en las que en los últimos años han caído asesinados líderes sociales, entre ellos maestros y defensores de los derechos humanos.

En 2006 incursionaron Las Águilas Negras y luego se fue consolidando el Clan del Golfo que, en rapiña con otros grupos como Los Paisas, se posicionó en casi todos los municipios de Urabá (salvo en los dos del Atrato Medio) y en los del Darién hasta imponer en ellos incluso dos paros regionales: el de enero de 2012 y el de marzo de 2016. Desde Urabá se extendió a 182 municipios del país.

Primero fue conocido como Los Urabeños, después como Clan Úsuga (patronímico tomado del apellido de sus jefes, entre ellos el actual, Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel”), luego como Clan del Golfo, y también se ha abrogado el nombre de “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, lo que evidencia su intención de sacar beneficios de actor político, sin serlo.

¿Qué pasa hoy?

El Clan del Golfo y su control del narcotráfico y de las rutas de la cocaína por los puertos de Urabá y del Darién representa ciertamente una amenaza. Aunque en los dos años de la Operación Agamenón contra ese grupo –en Urabá, Bajo Cauca y el Área Metropolitana de Medellín– se han realizado más de mil capturas y muchas incautaciones de droga, y en la reciente Operación Agamenón II se dio de baja al segundo al mando, alias “Gavilán”, todavía no se ha logrado la captura del objetivo principal: “Otoniel”.

A pesar de las incautaciones, por Turbo y a lo largo de toda la costa del golfo siguen saliendo cuantiosos cargamentos de cocaína controlados por el Clan, que además continúa reclutando efectivos, y auspiciando y pagando bandas de sicarios, en especial niños y jóvenes. De igual manera, el grupo sigue ejecutando homicidios, entre ellos de líderes sociales y ambientales.

El Estado se ha quedado corto tanto en poner en cintura a ese grupo armado e impedir sus crímenes como en depurar sus propios agentes y en recuperar la institucionalidad de Urabá logrando una mayor presencia, integral, efectiva y reconocida. Si no alcanza un cambio profundo en el modo de relacionarse con esa sociedad regional no podrá avanzar con éxito en el Programa de Sustitución de Cultivos en los municipios limítrofes con Urabá –como Tierralta, Dabeiba, Ituango y Riosucio– ni garantizar la integridad física de los desmovilizados y sus familias en los etcr de esos municipios.

Mucho menos podrá garantizar la vida e integridad de los líderes sociales en dichos municipios y en Urabá, dadas las amenazas del Clan del Golfo hacia quienes pretendan interferir en las rutas y los negocios o en su control del territorio y de la población.

Sin embargo Urabá es mucho más que violencia y narcotráfico. Esta región pujante posee una moderna agroindustria; cuenta con la laboriosidad de pequeños cultivadores –propietarios individuales, consejos comunitarios de afrocolombianos o resguardos de indígenas–; es rica en biodiversidad y, sobre todo, su gente ha demostrado y sigue demostrando que tiene la capacidad para hacerle frente a la violencia y superarla.

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