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Políticas ineficaces de ordenamiento territorial reproducen asentamientos informales

En Manizales las invasiones –o asentamientos informales– han sido una de las maneras en que se han creado muchos barrios de la ciudad. Varios informes de la Caja de Vivienda Popular de la capital caldense indican que de los cerca de 22 barrios de invasión que se han conformado durante el último medio siglo, los que más siguen recibiendo familias son El Nevado, Los Andes, Bajo Andes, Marmato y La Isla, todos ubicados sobre laderas al sur de la ciudad, convertidas en zonas de alto riesgo debido a los deslizamientos que suelen presentarse durante las épocas de lluvia.
 

Las humildes casas están construidas con guaduas, plásticos y techos de zinc, lo cual las hace inseguras ante algún derrumbe; tampoco cuentan con servicios de agua, alcantarillado y energía, ni con espacios de infraestructura urbana como vías y parques.
 

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La profesora Lina María Zuluaga Giraldo, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, afirma que los asentamientos informales han formado parte de la expansión y conformación de las ciudades colombianas como respuesta de una población excluida del mercado de la vivienda y del suelo urbano, que se ve obligada a recurrir a diferentes estrategias para hacerse un lugar en la ciudad mediante la autoconstrucción de sus barrios, ya sea a través de la toma de tierras o de urbanizaciones piratas.
 

Agrega que “estas estrategias, aunque les permiten resolver el asunto de un techo en condiciones precarias, no los sustrae de la exclusión y segregación que tienen frente a los servicios y recursos que presta la ciudad; además no los incorpora en la toma de decisiones con respecto a ella, al no garantizarles sus derechos políticos, teniendo en cuenta que las restricciones surgidas en la ordenación del espacio conduce a considerarlos en muchas ocasiones como ilegales”.
 

Para el desarrollo de su trabajo doctoral, la investigadora estudió los barrios de invasión de Manizales, no tanto desde su construcción arquitectónica, sino como una producción social que se va dando en el proceso de urbanización de la ciudad. Al respecto, menciona que “cada época y su sistema económico producen una formación y ordenación del espacio específica, de ahí que se analizaron tanto el momento histórico como las normas que se adoptan en la organización del espacio y las relaciones de poder que surgen en este proceso”.

El análisis histórico-espacial va desde 1840 hasta 2010, tiempo durante el cual se identificaron las acciones que influyeron en la organización espacial de Manizales y cómo afectaron los barrios populares autoconstruidos. “Este análisis permitió interpretar momentos de conflicto y reconocer las relaciones de poder que dieron paso a las formaciones de estos barrios”, explica.
 

Los ricos construyeron en zonas más seguras


Una primera conclusión es que en los años treinta, gracias a los excedentes del café y al impulso que el cabildo empezó a darle a la industria, la ciudad se configuró como el eje de representación de la clase dominante, la cual se apropió de la zona céntrica a través del proceso de reconstrucción emprendido después de los incendios ocurridos entre 1924 y 1926.
 

La profesora menciona que en dicha reconstrucción participaron por primera vez profesionales de la arquitectura y se utilizó una nueva tecnología: el concreto armado u hormigón; y desde el punto de vista urbanístico se realizó el ensanche de las vías en busca de la movilidad vehicular.
 

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Este aspecto “muestra una ideología adoptada como forma de representación del poder político y económico”, señala la investigadora. Así mismo, se institucionalizaron normas que permitieron una sectorización de la ciudad, pero además, se excluyó a la población que no puede acceder a las nuevas tecnologías en construcción; de hecho, un informe del presidente del concejo de Manizales de 1925, indica: “afortunadamente con el incendio de estas piezas, tuvieron los obreros que retirarse a sitios apartados del centro de la ciudad”.
 

La investigadora señala que en ese momento el Estado creó el Banco Central Hipotecario para apoyar la construcción de vivienda para clases obreras y le ordenó a los municipios asignar presupuesto. “Todo este tipo de vivienda se desarrolla en la periferia del centro de la ciudad, en especial hacia el oriente, manteniendo la tendencia a ubicarse en la parte más alta de la montaña, en donde las casas se construyen mediante técnicas tradicionales (bahareque) y materiales modernos (cemento y vidrio), adaptándose a la topografía pendiente de manera escalonada”. De igual manera, una parte de la nueva clase exportadora e industrial construye sus viviendas en sitios con poca pendiente.

El estudio indica que en este proceso la población carente de poder económico y político no puede acceder a la tierra ni construir con las normas establecidas o acceder a un crédito hipotecario, y por lo tanto empieza a ubicarse en la periferia sobre las laderas norte y sur, invadiendo –en el caso de las laderas del sur– terrenos pertenecientes al Ferrocarril de Caldas, y aparece así el barrio Marmato. Además, los que podían, compraban a buenos precios las peores tierras de la periferia incentivando la urbanización pirata.
 

Según la docente, “de esta manera inicia la fragmentación y la segregación social y espacial en Manizales, en donde en las tierras con mejores condiciones topográficas y con mejores servicios e infraestructura se localiza la nueva clase comercial e industrial, en las tierras de regular condición se ubica la clase obrera, y las peores tierras, en donde la pendiente de la ladera es demasiado pronunciada, con riesgos de deslizamientos, se ubican las personas pobres”.
 

Mejoramientos barriales no son integrales


Otro aspecto que se destaca en la investigación es que durante las décadas posteriores, pese a los esfuerzos por establecer planes ordenadores de la ciudad, como el “plan 70” –primer plan de desarrollo de Manizales–, el espacio urbano moderno empieza a ser sometido al poder del Estado para su control, pero también para el control del dinero, del trabajo y de la organización industrial, ya que se instaura un orden a través de una división territorial que asigna funciones.
 

Las políticas de los años sesenta y setenta que impulsa el Estado colombiano frente a este tipo de asentamientos consistieron en arrasar y erradicar a sus ocupantes con medidas de desalojo en las que participaban el Ejército y la Policía, “prácticas autoritarias que producen injusticias”, menciona la docente.


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En las décadas siguientes, cuando entran en escena las políticas neoliberales a Colombia, el papel del Estado se limitó a suprimir cualquier tipo de obstáculo que afecta el accionar del mercado. Así, para los años noventa y la primera década de 2000, una estrategia fue desarrollar el “derecho de propiedad” continuando con políticas de regularización a través de los mejoramientos barriales, ello además en consonancia con uno de los postulados del Consenso de Washington: “redefinir y hacer asequible al conjunto de la sociedad de los derechos de propiedad”.
 

Sin embargo, la profesora Zuluaga asegura que “estas políticas de regularización, sin negar lo altamente valoradas que fueron y siguen siendo para los habitantes de los llamados barrios informales, no se plantean como el derecho universal de un lugar para habitar, ya que en la mayoría de los casos no se da como un mejoramiento integral”. Tan es así, que a partir de la segunda década del presente siglo se está presentando un repoblamiento acelerado, es decir, se está dando la reproducción de los llamados asentamientos informales, tal es el caso de los barrios El Nevado y Marmato.
 

En síntesis, los barrios autoconstruidos son la respuesta de una población al rol que juega la política urbana a través de POT que responden a ciertos intereses. Según la experta, “en la actualidad el dominio espacial se da mediante una planificación con enfoque empresarial, buscando la reproducción acelerada del capital, pero además generando una fragmentación y difusión de la ciudad”. Por tanto, la generación de una política espacial explícita proporcionará una fuerza vinculante para combinar aquellas formas de resistencia y lucha en busca de una justicia territorial.

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