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Política exterior colombiana es excluyente con los raizales

En los albores del siglo XXI, toda una generación de colombianos vivió lo que la generación decimonónica vivió en los primeros años del siglo XX: una pérdida del territorio nacional. El fallo emitido en 2012 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que delimitó una nueva frontera en el Caribe entre Colombia y Nicaragua, fue un remezón nostálgico a las pérdidas territoriales del Estado colombiano, que no solo pasan por Panamá, sino por la costa de Mosquitos (o Mosquitia) con sus islas y cayos. Pero esta pérdida no solo fue un remezón sino una turbulencia para los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y con más precisión para la población étnica raizal.

Esta población –habitante de las islas incluso desde antes de la conformación de la República de Colombia de 1921–, de rasgos afrocaribeños, protestantes y de lengua nativa inglesa y reconocida como “raizal” por la Constitución de 1991, vio en el fallo de la CIJ una nueva afrenta a sus derechos por el territorio. Dicha situación reactivó una relación conflictiva con el Estado colombiano, que data desde los procesos de “colombianización” del Archipiélago, de la exacerbación del modelo turístico-comercial del puerto libre de mediados del siglo XX y del periodo de promoción independentista por parte de dicha población, que provocó el seguimiento y control de las autoridades de inteligencia colombianas de todas las actividades sospechosas y que tuvieran como propósito socavar la soberanía nacional. La reactivación estuvo vinculada a su invisibilización dentro de la defensa hecha por el equipo jurídico colombiano de la existencia y los derechos del pueblo raizal.

La investigación “La incidencia de los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la política exterior colombiana: cooptación, cooperación y confrontación tras el fallo de La Haya 2012-2017” parte de una preocupación inicial y es que la literatura sobre lo acontecido tras el fallo de La Haya no visibiliza este conflicto ni a la población raizal como agentes en el conflicto, sino simplemente como actores pasivos, en quienes se descargó una enorme injusticia; aquí nuevamente la incapacidad del Estado colombiano dejó a este grupo étnico como víctimas en su territorio.

Así, se propuso que los raizales no son un actor pasivo y que, por el contrario, incidieron en la política exterior colombiana en lo referente al diferendo entre Colombia y Nicaragua tras lo decidido por la Corte en 2012, dinamizando una relación con el Estado que se caracteriza por fluctuar entre la confrontación, la cooptación y la cooperación.

Lo étnico en los estudios de política exterior

La investigación tuvo en cuenta los estudios sobre lo étnico en la política exterior. La literatura sobre el tema es diversa y no tiene un enfoque unívoco. De esta variedad, se reconstruyeron las piezas para la comprensión del caso. Se tuvo en cuenta que lo étnico se entiende como “un grupo que se identifica de manera excluyente respecto a toda la colectividad dentro de un territorio nacional, que asume un rol de víctima dentro del territorio por parte del grupo mayoritario y que teje un discurso de diferenciación, de reivindicación de su diferencia a través de una agenda de autodeterminación y autonomía por su derecho ancestral a su tierra”.

Partiendo de esta definición, se explican las formas de relación entre el Estado y el grupo étnico, que devienen en resultados de política exterior: la confrontación, que explica las acciones internacionales del grupo étnico, sus discursos confrontacionales hacia el Estado y su soberanía a través de la amenaza a la identidad nacional y las banderas de la autodeterminación.

La cooptación viene desde el Estado e intenta revertir esta situación atrayendo voces críticas a la estructuración de la política que beneficie al grupo étnico, además de cooptar las acciones de los grupos étnicos por medio de apoyos indirectos o participación en ellos.

Por último, la cooperación es un ejercicio mutuo en el cual hay una convergencia estratégica entre los intereses del Estado y del grupo étnico, una agenda que se depura para que sea compartida y permita apoyar al Estado. Estos tres elementos explican resultados de política exterior en los cuales intervinieron los raizales tras el fallo de La Haya.

De la teoría a los hechos

Tras el fallo de La Haya, el Estado colombiano ha realizado hechos de política exterior; acá se desglosarán algunos ejemplos para notar la incidencia de la población étnica raizal, que influyó en la agenda a través de las tres formas de relación ya enunciadas.

La confrontación fue notoria con las visitas de raizales a Nicaragua –en las cuales se encontraron con el presidente Daniel Ortega– y a su población hermana de Bluefields, en las que firmó un acuerdo de entendimiento que contenía un punto referente a la supresión de barreras para la comunicación entre ellos. De allí brotó la demanda que finiquitó un grupo de raizales conocido como Raizal team para suprimir las visas a la población creolede Nicaragua para visitar las islas en 2017.

La cooptación se pudo notar en el nombramiento de raizales e isleños cercanos a la causa raizal en puestos diplomáticos: Fady Ortiz, crítico de las acciones del Estado colombiano, fue nombrado en la Embajada de Países Bajos para trabajar en temas de La Haya; la conformación del Raizal team para mostrar una mayor inclusión del factor étnico en la defensa tras la nueva demanda de Nicaragua en 2016. Con esto se buscó reducir la presión ejercida por los raizales, quienes reclamaron fuertemente por anuncios como la no comparecencia ante la CIJ (cuestión que se cambió a último momento y en lo que los raizales también ejercieron presión), la no participación de los dueños de territorio y su exclusión de las estrategias.

Por último, la cooperación se puede notar en las contrademandas que Colombia hizo en la CIJ a Nicaragua, basado en muchos de los insumos que recogió el Raizal team y que busca señalar al país centroamericano de desconocer los derechos ancestrales de pesca y el cuidado del medioambiente. Aquí, los esfuerzos fueron mancomunados y la estrategia se tejió con la fusión entre las demandas de la población raizal y el interés del Estado de defender el territorio.

Así, la investigación evidencia la capacidad de agencia del grupo étnico que ha tenido incidencia dentro del proceso pero que ha llegado allí por su potencial para la movilización, por sus acciones de reivindicación y no por una agenda de inclusión de la población por parte del Gobierno nacional. El proceso sigue en curso, pero ahora la carta étnica está sobre la mesa y lo raizal importa. Los resultados de este cambio de estrategia están por verse, pero lo que queda claro es que la población étnica raizal sí ha tenido un papel importante y activo en la política exterior colombiana tras el fallo de La Haya.

 

 

* Integrante del grupo de investigación en Relaciones Internacionales y Asuntos Globales (RIAG), de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y coordinador académico del Observatorio de Política y Relaciones Internacionales Colombianas (OPRIC).

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